Durante una de las últimas crisis humanitarias sucedidas en Venezuela, muchos países de la comunidad internacional con los que México tiene acuerdos y una excelente relación decidieron imponer sanciones a la administración de Nicolás Maduro. Sin embargo, el gobierno de México apeló al principio de no intervención y libre determinación de los pueblos para poder mantenerse al margen de la presión que recibía para intervenir en el conflicto, e incluso, se percibió que desde nuestro país se le daba un respaldo indirecto a este dictador venezolano.
En contraste, hoy no sólo se le permite a Evo utilizar nuestro territorio para comandar la agresión en contra de sus compatriotas en Bolivia, sino que se le arropa y protege en contra de las autoridades de su país.
Lo que el gobierno boliviano reclama a México no es que se le hubiese dado asilo, sino que se le permita comandar desde nuestro país los actos de sabotaje y violencia. Por tanto, la actitud gubernamental mexicana representa intervencionismo directo. ¿Dónde quedó el respeto al principio de no intervención?.
Bolivia debe resolver sus problemas internamente y con sus propias instituciones, sin interferencias externas, como la de México, que abiertamente se ha puesto del lado de Evo Morales, apelando a la consumación de un golpe de estado, evidentemente inexistente, pues las Fuerzas Armadas de Bolivia nunca asumieron ni el poder, ni el control. Quien hoy gobierna temporalmente Bolivia, cubrió las formalidades constitucionales de su país y a inicios del 2020 parece ser que entregará el poder a quien resulte triunfador de las elecciones a las cuales convocará.
El video que está circulando en redes sociales y que además tienen las autoridades federales de Bolivia, exhiben a un Evo dando instrucciones a un líder cocalero de nombre Faustino Yucra Yarwi para que se cree un cerco de manifestantes que impida el suministro de comida a las ciudades de ese país, para generar conflictos políticos.
El conflicto social que Evo está alimentando desde México lleva ya 32 víctimas mortales, por lo cual se convierte en un grave delito y protegiéndolo los mexicanos nos convertimos en sus cómplices.
El gobierno de la 4T está comprometiendo la honorabilidad de México ante la comunidad internacional al proteger a Evo Morales.
Según la ONU, en su declaración sobre el asilo territorial, adoptado por la asamblea general en su resolución del 14 de diciembre de 1967, en su artículo cuarto define que “los estados que concedan asilo no permitirán que las personas que lo reciban se dediquen a actividades contrarias a los propósitos y principios de la Organización de las Naciones Unidas”. Si la ONU trabaja a favor de la paz, lo que realiza Evo Morales en México contraviene este principio.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia ha protestado oficialmente ante el gobierno de México por no frenar la actividad política subversiva que Evo Morales practica abiertamente desde nuestro territorio, incitando a la violencia en Bolivia.
Es evidente que el costo de la estancia de Evo Morales en nuestro país, incluyendo el envío de un avión para trasladarlo a México, es a cargo del presupuesto federal, o sea recursos públicos, lo cual compromete a este asilado a respetar la regulación que determina su calidad migratoria. Por tanto, si él mantiene una actividad política en contra de un país con el cual México mantiene excelentes relaciones diplomáticas, es con la anuencia de las autoridades mexicanas.
¿Será que México pretende convertirse ahora en el centro moral de la insurrección izquierdista latinoamericana, en sustitución del liderazgo que ejerció el comandante Fidel Castro desde que éste patrocinó la creación del Foro de Sao Paulo?
Estas son definiciones que debemos exigir a nuestro gobierno.
¿Usted cómo lo ve?
Presidente de la Academia Mexicana
de la Comunicación.
@homsricardo
