La simple sospecha de que el gobierno de la 4T haya tolerado, o incluso aceptado la ayuda del crimen organizado para que MORENA ganase alcaldías y gubernaturas en las pasadas elecciones del 06 de junio, debilita autoridad moral del Poder Ejecutivo como garante del estado de derecho.
La tibieza y desdén de las declaraciones del presidente al hablar de la posible participación del crimen organizado en las elecciones, ya es en sí misma un indicador de su actitud frente al tema. En mayo, unos días antes de las elecciones el presidente declaró que algunos medios de comunicación magnifican los atentados y homicidios de candidatos, con el fin de enrarecer el ambiente rumbo a las elecciones.
La negación es preocupante, pues el próximo año, 2022, el INE convocará a elecciones para gobernador en seis estados que son: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. ¿Cómo se blindarán estas elecciones para que no se repitan las agresiones a candidatos? ¿Cómo se protegerá nuestra democracia?
Su mensaje de agradecimiento al crimen organizado por haberse “portado bien” durante los comicios, tan solo a unas cuantas horas de que hubiese concluido la más importante elección secundaria de los últimos tiempos, nos lleva a preguntar ¿No sabía de todo lo que sucedió el mismo domingo seis de junio en varios estados durante el denominado “día D”? ¿No es el presidente el hombre mejor informado del país? A él reportan todos los sistemas de inteligencia, tanto de las fuerzas armadas, como las que tiene el Estado Mexicano en el ámbito civil.
El candidato de la coalición Va Por México a la gubernatura de Sinaloa, Mario Zamora, así como el actual gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, han denunciado públicamente la intromisión del crimen organizado en las pasadas elecciones.
Es fácil para el gobierno de la república exigir que quien denuncie presente pruebas sobre hechos concretos sucedidos el día de la elección. Sin embargo, el temor y el miedo a denunciar, lo que equivale a enfrentar cara a cara a la delincuencia organizada, representa un freno. Incluso, ha trascendido que no hay suficientes abogados para interponer los recursos legales para formalizar las demandas, pues ellos mismos deben estar temiendo por su seguridad.
Por tanto, estos delitos debiesen perseguirse “de oficio”, sin que medien denuncias de particulares, pues la afectación es a la sociedad en general y en lo particular a la colectividad de electores que vieron robado su voto por el crimen organizado.
Para Morena y el gobierno federal, beneficiarios de esta intervención en muchos casos, es más cómodo voltear para otro lado y mostrarse sorprendidos por las denuncias.
Sin embargo, la cifra de 91 candidatos asesinados desde el 07 de septiembre del 2020 y hasta el 05 de junio, un día antes de la elección, según cifras de la consultora Etellekt, nos refiere a la injerencia del crimen organizado en estas elecciones. Poco se habla de un estimado de 910 agresiones de todo tipo, entre lo que están incluidos “levantones”, secuestros, amenazas y extorsiones para intimidar a candidatos y a su equipo de campaña, para que se retiren de la contienda o se dejen ganar con holgura.
De comprobarse judicialmente la intervención del crimen organizado se prenderían las alertas, no sólo en México, sino también en la comunidad internacional, principalmente en Estados Unidos, país con el que nos unen 3,200 kilómetros de frontera, a lo largo de la cual están ubicados 94 municipios fronterizos del lado mexicano y 48 condados del lado norteamericano. Para ese país que el crimen organizado tenga controlados municipios y dependencias de los gobiernos estatales del norte de nuestro país representa un riesgo para su seguridad nacional.
Es muy probable que los servicios de inteligencia de Estados Unidos tengan información precisa y suficiente, principalmente en las elecciones de los estados del Pacífico, donde curiosamente las encuestas dieron un vuelco, pues las cifras que describían las tendencias en Sinaloa y Sonora, por citar ejemplos, no correspondieron con los resultados finales en las urnas.
¿Qué sucederá cuando estos grupos de la delincuencia organizada empiecen a cobrar la factura por los favores otorgados a los nuevos gobernantes?, con su consentimiento o sin él.
El grave problema que hoy vive México es una crisis de liderazgos políticos y esto se debe a la pérdida de autoridad moral gubernamental, lo cual envalentona a la delincuencia y estimula a quienes están fuera de estos grupos a iniciarse en la actividad delictiva.
POSDATA
Lamentables declaraciones de Mario Delgado, presidente de MORENA ante las acusaciones de Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, que denuncia injerencia del crimen organizado en las elecciones. Delgado responde con amenazas y bravuconadas y no con argumentos. Da “pena ajena” su nula capacidad intelectual para conducirse con civismo democrático. Su actitud representa lo peor de la política.
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