Los mexicanos hemos generado el mito de que septiembre es el mes de los terremotos, con base en los dos eventos catastróficos que han cimbrado a la Ciudad de México. Sin embargo, estas dos funestas casualidades de la naturaleza no son previsibles. Sin embargo, el terremoto político que impactará a México el próximo mes de septiembre ha sido planeado con exactitud y será catastrófico y de dimensiones insospechadas.
Será el acto de despedida del presidente López Obrador. Si creíamos haberlo visto todo, la reforma judicial que él está impulsando para septiembre, -y su propuesta de desaparición de organismos autónomos-, tendrían un impacto destructivo descomunal: México dejaría de ser el país democrático que es hasta hoy.
Los medios para lograrlo son variados.
La forma en que MORENA está manejando el tema de la posible reforma al Poder Judicial es a través de la intimidación y chantaje.
Por ello, para meter presión ha lanzado una oferta: los ministros de la SCJN que renuncien voluntariamente antes del 31 de agosto próximo, se les respetará su jubilación y en contraste, -a quienes sean destituidos en las fechas que se deriven por la instrumentación de esta reforma-, se irán sin ninguna retribución, no obstante que se les está retirando del cargo anticipadamente y en contra de su voluntad.
¿Quién va a confiar en una negociación y promesas de legisladores que no respetan a sus adversarios? La actitud soberbia con que hasta hoy denigran al Poder Judicial les presenta ante la ciudadanía como poco confiables.
Un grave peligro que trae consigo que el Poder Ejecutivo controle al Poder Judicial, -como pretende la reforma constitucional que impulsarán Morena y sus aliados en la legislatura que está por iniciar-, significa consolidar aún más la politización de la impartición de justicia.
En un país donde la clase política se ha beneficiado del ejercicio de los cargos públicos; unos funcionarios tomando más, -de forma rapaz y desvergonzada- y otros menos, -actuando de forma discreta. Sin embargo, todos se vuelven vulnerables jurídicamente, pues la ley anticorrupción se aplica cuando hay grandes cantidades de dinero de por medio, pero también por montos pequeños cuando se quiere doblegar judicialmente a alguien.
Cooptando al Poder Judicial como pretende esta reforma constitucional morenista, el Poder Ejecutivo incrementa su poder de forma absoluta. No habrá contrapesos.
Recordemos que el fin del absolutismo, -como modelo de gobierno-, que es el que hoy vemos nacer en nuestro país, fue el origen de la Revolución Francesa, aunque tardó mucho tiempo en ser erradicado de Europa.
El eje de la reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador, no es el mejoramiento de la justicia, sino una lucha por lograr el poder absoluto
Como muestra de la utilización del recurso judicial para controlar políticamente recordemos cuando el Conhacyt , -dirigido por María Elena Álvarez Buylla-, acusó en 2021 a 31 científicos de delincuencia organizada, sin ningún sustento, reinterpretando prerrogativas a las que tenían derecho, como un abuso equiparable a corrupción.
En un país donde no se respeta la presunción de inocencia, -que es un principio universal del derecho-, y cualquier acusado se convierte en culpable mientras no demuestre su propia inocencia, veremos que el manejo político de la justicia destrozará las libertades individuales. Más aún cuando desde el Poder Ejecutivo y las fiscalías se pretende mantener la “prisión preventiva oficiosa” sin que se requiera justificación para aplicarla, lo cual hoy está sucediendo.
El impacto del control de la justicia desde el poder político en un país donde la sociedad, la política y hasta la justicia se mueven a partir de argumentos pragmáticos regidos por los procedimientos, -y no por los valores morales y la ética, que debiesen ser el corazón de la impartición de justicia-, los riesgos de totalitarismo y abuso son inminentes.
El chantaje y la extorsión desde el poder político sobre los adversarios, -e incluso sobre los ciudadanos-, estará legitimada por esta reforma judicial, donde jueces, magistrados y ministros no serán funcionarios con carrera judicial sustentada en una vocación justiciera, sino “ciudadanos en búsqueda de una chamba altamente productiva”.
La entrevista que le hizo Adela Micha a Diego Valadez aclara con mucha precisión la inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación legislativa que pretenden MORENA y sus aliados a partir de la repartición de plurinominales.
Primeramente, el artículo 54 obliga a los partidos, -para acceder a esta prerrogativa-, haber postulado un mínimo de 200 candidatos de mayoría relativa en el mismo número de distritos uninominales a lo largo de nuestro territorio. Sin embargo, ni MORENA, PT, ni PV alcanzaron esa cifra individualmente.
Cabe decir que tampoco la alcanzaron ni PAN, PRI ni PRD. Esta meta sólo la alcanzó MC que realizó su campaña sin formar parte de ninguna coalición.
MORENA, PT y PV sólo cumplieron con este requisito como coalición. Por ello es inconstitucional que pretendan recibir como partido, -cada uno de ellos-, lo que sólo pudieron cumplir como coalición.
Además, ellos se registraron al inicio de campaña en el INE como coalición.
Esto deja muy claro que la cantidad de plurinominales que pretenden recibir como partido es totalmente ilegal. Si el requisito lo cubrieron como coalición, entonces deben recibir las pluris que les corresponden calculadas como coalición y no como partido.
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