Algo fortuito que sucedió en el destino personal de Israel Vallarta, a quien Genaro García Luna y los funcionarios que con él laboraban, acusaron de dirigir la banda de secuestradores Los Zodiaco, de la que la francesa Florence Cassez formaba parte, hoy detona la noticia que lleva este 14 años preso pero sin recibir sentencia.
Esto es un gran descuido de nuestro sistema de impartición de justicia, pues si García Luna no hubiese sido detenido en Estados Unidos con graves acusaciones de proteger al cártel de Sinaloa, la situación de Vallarta no la conoceríamos hoy.
La hermana de Vallarta, Guadalupe, acusó que otros miembros de su familia fueron torturados para que se declarasen culpables del mismo delito.
Ahora la secretaria de gobernación, la ministra en retiro de la SCJN, apela a su liberación considerando que debe aplicarse a Vallarta el mismo criterio que permitió la liberación de Florence Cassez, después de un grave diferendo diplomático con el gobierno de Francia, por la violación a sus garantías individuales durante el montaje del show televisivo de su detención. Sin embargo, Florence nunca fue exonerada de los cargos de secuestro.
Tan malo es que Israel Vallarta lleve 14 años preso sin recibir sentencia, como que sea liberado como una compensación a un error y no por comprobarse su inocencia.
Ambos extremos son preocupantes, pues tienen graves implicaciones. La declaración de la secretaria de gobernación parece dar a este caso un contexto político para exhibir a gobiernos anteriores y lo que quisiéramos los ciudadanos es eficiencia jurídica generalizada.
Liberar sin justificar la inocencia, puede abrir la puerta a prácticas corruptas.
Si Vallarta, siendo protagonista de un caso tan sonado fue olvidado por los impartidores de justicia, ¿Cuántos miles de mexicanos, anónimos y quizá inocentes, viven la misma tragedia?. Un olvido irresponsable que roba tiempo de vida de unos y destroza el patrimonio de sus familias.
Como ejemplo de que esto no es excepción, podemos tomar el caso de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes pasaron 17 años de su vida encarcelados en el penal de Barrientos, sin recibir sentencia respecto al homicidio que se les imputa, el de la regidora del municipio de Atizapán de Zaragoza María de los Ángeles Tamez Pérez, ocurrido en 2001.
Esto quiere decir que en 17 años las autoridades no lograron ni comprobar su delito ni exculparlos. Por ello un juez ordenó su liberación a finales de agosto pasado.
Esto nos describe un grave problema en la impartición de justicia en nuestro país: no hay respeto por la vida ajena. Quienes los encarcelaron y se olvidaron de ellos cometieron un grave delito de omisión.
La ligereza con que nuestro sistema de impartición de justicia opera puede generar violaciones de derechos humanos que terminan en la impunidad oficiosa. La lentitud y el tortuguismo son una falta de sensibilidad social, pero también deben calificarse como irresponsabilidad.
Que alguien sea acusado penalmente y encarcelado representa para la persona una afectación grave: significa perder un tiempo valioso de su vida, que nunca más se recuperará si resulta ser inocente.
Además, afecta de modo grave a la familia, pues proteger a los familiares recluidos de los maltratos dentro de la cárcel, implica un fuerte gasto económico. Las extorsiones derivadas del sistema de autogobierno, que es un contubernio delictivo donde se mezclan los intereses económicos personales de las autoridades carcelarias y los de los reos que ejercen poder y control cotidiano de los penales, significa una aberración jurídica tolerada, o quizá fomentada, desde los niveles jerárquicos más altos de la estructura gubernamental.
Los honorarios de abogados y la imposibilidad de que quien está encerrado tenga acceso a un trabajo digno para mantener a su familia, es otro más de los agravios que reciben los reclusos y sus familias.
Es evidente que nuestro sistema carcelario, irónicamente denominado “readaptación social”, constituye una de las mayores injusticias, pues no estimula el arrepentimiento, sino el resentimiento y el deseo de venganza en contra de la sociedad.
Es urgente resolver el tema carcelario, pues de ahí nacen muchos delitos que impactan a la sociedad. Muchos de los grandes delincuentes que no están en los penales de alta seguridad, aún estando encarcelados logran mantener su liderazgo frente a su grupo delictivo.
Está comprobado que muchas de las extorsiones telefónicas se generan desde los penales e incluso, la coordinación del delito de secuestro.
Es inaceptable que los penales, donde el estado debiese tener un control total, sea un territorio controlado por la delincuencia con el beneplácito de muchas autoridades que se benefician económicamente de este contexto.
Respecto a este caso, el de Daniel García y de Reyes Alpízar, quienes fueron privados de su libertad y mantenidos recluidos largo tiempo sin tener sentencia, así como el de Israel Vallarta debiésemos considerarlos una alerta, que nos indica que posiblemente esta sea una problemática de alta incidencia.
Liberar a alguien sin comprobar su inocencia es tan aberrante como mantener en la cárcel a un presunto inocente.
Unos son reos inocentes del delito que se les imputa y por otra parte, un fenómeno jurídico aberrante, como es la liberación de delincuentes cuya trayectoria delictiva es conocida y comprobada por las autoridades, que sin embargo, son liberados por jueces que argumentan errores en la integración de expedientes. Tal es el caso de algunos implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Lo que hoy vivimos en México es producto de graves anomalías en la impartición de justicia.
Seguramente un alto porcentaje de los funcionarios vinculados a la impartición de justicia sean honorables, pero los que no lo son, o quienes por lo menos carecen de una formación profesional sólida y criterio confiable, están generando un escenario de riesgo para la sociedad.
Incluso la nueva práctica de anteponer argumentos administrativos o de deficiencias jurídicas en los procesos, para liberar delincuentes, representa una grave responsabilidad de funestas consecuencias, pues recicla y reintegra en sus actividades a peligrosos sujetos.
Muchos de los asesinatos y delitos de alto impacto en contra de ciudadanos inocentes, se podrían haber prevenido si quienes los cometen no hubieran sido liberados.
Con sorpresa nos enteramos por la prensa que peligrosos delincuentes que hoy cometen un delito de alto impacto, ya estuvieron presos con anterioridad y fueron liberados en condiciones opacas, donde se puede presumir corrupción.
Debiese crearse un protocolo jurídico para impedir que reos de alta peligrosidad comprobada sean liberados por fallas administrativas, así como agilizar la dictaminación de sentencias.
Es urgente rehacer nuestro sistema de justicia para crear un mejor país, donde la justicia sea un asunto de valores y principios jurídicos.
¿Usted cómo lo ve?
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