La entrega de la máxima presea que el Estado Mexicano otorga a extranjeros, -por servicios a México, El Águila Azteca-, hoy está en el centro de la discusión a partir del enojo de muchos sectores de la sociedad mexicana por el otorgamiento de esta medalla al presidente de Cuba, -Miguel Díaz Canel-, heredero de la dictadura más longeva de América Latina.
Es vergonzosa la forma en que se ha entregado esta máxima condecoración, cuando se revisa la lista de quienes la han recibido.
No podemos negar que el valor de una presea depende de la imagen pública de quienes la recibieron antes. De este modo se construye la reputación de un galardón.
Cuando han sido acreedores a ella personas que gozan del aprecio y reconocimiento público, la medalla consolida su valor. Sin embargo, con unos cuantos personajes que la reciban inmerecidamente, -o tengan mala fama-, el valor de esta distinción decae y pierde interés.
Como bien dijo Denise Maerker en el programa de TV “Tercer Grado”: muchos receptores no parecen haber recibido esta presea por servicios a México, -sino a nuestro gobierno- que no es lo mismo.
Díaz Canel y Fidel Castro, -cubanos-, y Rafael Leónidas Trujillo, dominicano, fueron tres dictadores condecorados con ella.
De los recientes también aparece Jared Kuchner, -yerno de Donald Trump-, así como Alberto Fujimori, presidente peruano, -hoy en prisión-, y Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de Argentina y muy cuestionada en su país, igual que lo fue su difunto marido Néstor Kirchner, también expresidente de Argentina.
Desgraciadamente siempre pesa más lo negativo que lo positivo y unos cuantos galardonados, ensucian a nuestra más preciada condecoración.
Esta presea, -instituida en 1933-, según su ordenamiento, es operada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y tiene como cabeza al presidente de la república en turno, de quien depende la última decisión.
Por tanto, -en el ámbito subjetivo de muchas decisiones políticas-, es donde recae la asignación de estas significativas preseas. Seguramente los amigos del presidente, -o aquellas personas que gozan de su estima-, sean las galardonadas.
La lista en 90 años de vida de este reconocimiento es larga, y va desde la periodista norteamericana Alma Reed, -corresponsal en esa época del New York Times-, quien dio origen a la hermosa canción titulada “Peregrina”, creada en 1922 por el compositor Ricardo Palmerín y el poeta Luis Rosado, a petición del gobernador de Yucatán Felipe Carrillo Puerto, trágicamente fusilado en 1924, hasta otros.
Alma Reed dedicó su vida a divulgar y promover la cultura mexicana hasta su muerte en 1966, en la Ciudad de México.
Otros galardonados han sido Rigoberta Menchú, Premio Nóbel de la Paz, por su labor indigenista; así como los escritores Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez; el shade Irán, Mohammad Reza Pahlevi; Bill Gates, fundador de Microsoft; José Mujica, presidente de Uruguay; los presidentes de Chile Michel Bachelet y Sebastián Piñera; los presidentes de Brasil Dilma Rousseff y Luiz Inacio “Lula” Da Silva; el presidente argentino Mauricio Macri; el rey de Etiopía Haile Selassie; el presidente norteamericano Dwight D. Eisenhower, hasta el vocalista del grupo U2, -Paul David Hewson-, conocido con el sobrenombre de Bono, por su labor como activista social, además de otras grandes figuras internacionales más.
Sin embargo, por la importancia de esta medalla, -que representa a México-, su operación debiese ser evaluada.
No deben otorgarse estas condecoraciones siguiendo el criterio subjetivo, emocional y a gusto del presidente en turno, sino a partir de un procedimiento iniciado por un comité que sopese los méritos del candidato y el impacto que su presencia tendrá en la imagen internacional de nuestro país.
Es necesario crear una estructura como la del Premio Nóbel y la del “Princesa de Asturias”, para garantizar que los próximos galardonados respondan a una visión institucional y no a los gustos y compromisos del presidente en turno.
Es necesario darle a esta presea la importancia y significado que reviste.
LOS PRIVILEGIOS DEL CARGO
¿Por qué razón la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel recurrió a un amparo otorgado por una jueza para impedir que la UNAM diese a conocer cualquier resolución respecto al posible plagio de su tesis de licenciatura?
¿Por qué no enfrenta a las autoridades universitarias como lo haría cualquier ciudadano, sin el blindaje que le da el cargo?
¿No confía en las autoridades? Muy preocupante que una ministra constitucionalista no confíe en nuestro estado de derecho. ¿Por qué tendría que creer en la justicia el ciudadano común si una ministra tiene que ampararse contra las decisiones de las autoridades universitarias?
Definitivamente, el uso de los privilegios del cargo, -con total impunidad-, sigue prevaleciendo en estos tiempos de la 4T.
LEY CONTRA LAS INJURIAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS
La semana pasada el grupo parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados intentó modificar el monto de las multas por los llamados “delitos de imprenta”, donde se castiga las injurias contra el presidente de la república y muchas categorías de funcionarios públicos.
Es cierto que esto no procedió. Sin embargo debemos preguntarnos ¿Quién castiga las injurias que los actores políticos etiquetan contra ciudadanos y organizaciones a quienes consideran adversarios?
Quizá los ciudadanos no hemos sabido exigir a nuestros políticos que se asuman como servidores públicos y respeten a los que formamos parte de la sociedad civil. El respeto debe ser recíproco.
Desde las mañaneras se emiten injurias e insultos que quedan impunes y no dejan de ser interpretadas como parte del folclor de esa conferencia de prensa presidida por el presidente.
Por el significado de la investidura presidencial, una expresión que vulnere la honorabilidad o reputación de persona, institución e incluso gobierno extranjero, no representa una opinión personal, -como la de cualquier periodista, líder de opinión o ciudadano-, sino que es la del representante del Estado Mexicano y conlleva implícito un ejercicio de poder que puede desencadenar en terceros, -sus seguidores-, acciones que pueden poner en riesgo la integridad física del injuriado.
Por tanto, es necesario llevar este tema a la agenda pública y darle la importancia que merece.
Y por cierto, esta ley no se derogó después del escándalo desatado; simplemente no se elevaron las multas, pero la censura y represión de la opinión pública, sigue vigente en nuestro marco jurídico, con los montos de las multas que hasta hoy están considerados.
Por agredir a la “libertad de expresión”, esta ley debe ser derogada.
¿A usted qué le parece?
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