En estas épocas de pandemia, frente a los riesgos económicos y de salud, es natural que las personas busquen un refugio, nuestra casa, en la cocina y de preferencia con la familia, es un lugar común. La justicia y el acceso a los tribunales son un refugio para el ciudadano, es una herramienta del Estado que genera un espacio en el que se escuchan las distintas posturas en conflicto y permite encontrar soluciones. Así, los tribunales son como la cocina en la casa, es el lugar en donde se reúnen las personas para discutir, argumentar y arreglar un problema, al calor de una buena comida o de una buena bebida.
Como toda cocina, los tribunales deben ser lugares bien equipados, con los instrumentos necesarios para hacer lo indispensable que apacigüe el conflicto y quien cocina debe tener la confianza y la calma para preparar los mejores platillos. La persona a cargo de ese lugar debe tener características específicas para saber en qué momento subir la tempertatura de los hornos y tener todos los cuidados para la seguridad de la familia.
Los tribunales son un refugio para épocas sociales polarizantes, en el que todos puedan ser escuchados y aunque perdedores en el conflicto salgan satisfechos. El cuidado y respeto a esta institución debe ser enorme, pues precisamente en épocas de transformaciones radicales, el convencimiento y la necesidad de cambio puede llevar a excesos. Frente a estos posibles desbordamientos estará la ley y desde luego los tribunales para matizar el frenesí, pero si los tribunales se incendian, pocos o ningún espacio queda para la calma y la reflexión.
La renuncia “obligada” de un ministro en 2019, la noticia reciente de una investigación en contra del ministro Luis María Aguilar, las carpetas de investigación abiertas en contra de funcionarios de la Judicatura y las recientes imágenes de abogados enfurecidos tomando los tribunales, prenden las alarmas: la cocina se empieza a incendiar y la justicia hierve.
En efecto, en octubre de 2019, el sistema judicial mexicano vivió una sacudida que no se había visto en décadas. Un ministro de la Suprema Corte renunció a su cargo. El motivo no lo precisó en su escrito de renuncia, pero en medios de comunicación se ventiló la presión de la que fue objeto. La historia: instituciones del Estado emprendieron investigaciones en contra del funcionario respecto de la aparente comisión de delitos; “aparente” porque a la fecha no conocemos la conclusión.
Poco se habló de que la salida anticipada de un ministro implicaba abrir una llave para buscar obtener resoluciones a conveniencia, es decir, presionar para que quien pacifica no lo haga de forma natural, sino con condicionamientos; que quien cocina lo haga bajo presión externa y no con la autonomía que da la sensibilidad del hogar.
Las autoridades iniciaron esa invasión, pusieron a prueba un modelo que parece infalible para la obtención de resultados jurisdiccionales. Bajo el discurso del combate a la corrupción, justifican activar mecanismos de investigación que condicionan no solo la vida personal del juez investigado, sino su ejercicio profesional y su labor jurisdiccional.
La negociación del Poder Judicial emprendida con la Cuarta Transformación evidenció que hacer política con la justicia tiene costos muy altos, la presunta ventaja de navegar con los embates terminó por abrir brechas para que las instituciones encargadas de la persecución de los delitos tengan un camino fácil para minar la tranquilidad de los jueces.
Esta forma de actuar debe ser motivo de indignación para nosotros los ciudadanos. En un verdadero estado democrático, la labor del juez debe estar exenta de toda presión. La toma de sus decisiones requiere de paz y tranquilidad, el funcionario judicial debe estudiar la causa sabiendo que no habrá represalias ni arbitrariedades en su contra por la toma de la decisión pero, sobre todo, que los interesados no cuenten con herramientas para presionar al que decide. Esa neutralidad permitirá dirimir conflictos entre dos polos muy distantes y nos llevará a convivir de mejor manera. Eso es la independencia judicial.
Es una regla que no sólo se pregona sino que debe defenderse contundentemente por los liderazgos judiciales, por las autoridades, por la ciudadanía, por toda la sociedad. A nosotros los ciudadanos nos debe importar que las y los juzgadores estén tranquilos en la toma de sus decisiones. Cualquier injerencia por parte de privados y mas aún del Estado debe ser abiertamente condenada. Las autoridades deben actuar con ese respeto a la labor jurisdiccional, más cuando existe la posibilidad de que litigios en los que están involucrados lleguen al conocimiento de ese tribunal.
Precisamente la reforma judicial de 2021 justificó la necesidad de que el Poder Judicial contara con herramientas eficaces para combatir la corrupción, para que internamente pudiera revisar las conductas y hacer a un lado a las instituciones en las que está inmersa la política. Hoy más que nunca debemos exigir la tranquilidad de nuestras juezas y jueces. Debemos condenar cualquier intento de presión o ejercicio de facultades para alterar esa estabilidad. Ni un ministro más, ni cualquier juzgador debe ser amenazado o intimidado con las instituciones del Estado. Nuestra defensa de hoy será nuestra defensa mañana.
Rector de la Escuela Libre de Derecho.
