El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III) proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) como una respuesta a los crímenes y horrores de la Segunda Guerra Mundial.
Desde entonces, a través de este documento se ha procurado orientar el compromiso global hacia la protección de la dignidad humana, la igualdad y la justicia, lo cual, se ha traducido en una serie de convenciones y tratados internacionales que han permeado en legislaciones nacionales a través de reformas mediante las cuales los Estados adecuan sus marcos normativos a fin de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Sin embargo, es claro que la DUDH hoy se encuentra frente a un horizonte donde se vislumbran diversos desafíos para la justicia global.
Por un lado, la pandemia provocada por el COVID-19 exacerbó las desigualdades preexistentes poniendo a prueba la capacidad de los gobiernos para garantizar el acceso a la salud, la educación y condiciones de vida dignas. La migración, otro tema apremiante, ha puesto sobre relieve la necesidad de un enfoque global para abordar las violaciones de derechos humanos más allá de las fronteras.
Asimismo, la justicia ambiental también se encuentra en el corazón de la Declaración, especialmente en un momento en que el cambio climático amenaza la vida de millones. De igual modo, la DUDH nos insta a confrontar la discriminación sistémica, la pobreza y la violencia que aún aquejan a muchas sociedades, por lo cual, corresponde a los gobiernos, partidos políticos, organismos de la sociedad civil y ciudadanía en general, el observarla como una guía activa y una carta de navegación para afrontar las complejidades del presente. La inteligencia artificial, los avances médicos y la globalización son solo algunos de los escenarios contemporáneos donde esta brújula sigue siendo necesaria y relevante.
Por ello, frente a una realidad dinámica y vertiginosa como la de nuestro tiempo, la vigencia de la DUDH nos recuerda que la justicia y la dignidad son atemporales y su vigencia es esencial para el progreso humano.
Por lo tanto, al adoptar las perspectiva de DH en los procesos de aprendizaje y enseñanza desde un nivel educativo temprano, garantizar la coherencia entre la legislación nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la formulación de políticas, promover la independencia y fortalecimiento del poder judicial, establecer mecanismos efectivos de monitoreo y evaluación de la situación de los derechos humanos a nivel nacional y utilizar indicadores claros para medir el progreso y la efectividad de las políticas implementadas, son responsabilidades compartidas para seguir fortaleciendo los “cimientos Inquebrantables de la dignidad” sobre los cuales hoy descansa nuestra humanidad y su porvenir.
