Por ANA MARÍA IBARRA OLGUÍN
En 2025, elegiremos por primera vez a jueces, magistrados y ministros del poder judicial federal. Para decidir mejor, necesitamos saber qué esperar de cada aspirante y tener elementos para distinguir entre las distintas alternativas.
En mi opinión, lo primero que debemos valorar es la filosofía judicial de cada postulante, porque nos permitirá anticipar incluso algunas características del nuevo poder judicial. Y es que el derecho es un sistema de normas construido por las personas que habrán de interpretarlo. Es su labor cotidiana, sus reflexiones y sus decisiones, las que le dan forma con el tiempo. Por esa razón, es indispensable conocer sus preferencias en temas socialmente relevantes.
Cada contendiente debe manifestar con claridad los valores sociales que defiende y sus preferencias interpretativas. Además de su experiencia y calidad técnica, debe poner a escrutinio público su visión como juzgador, sus cualidades éticas y de carácter, así como la manera en la que abordaría los casos que se le presenten.
La filosofía judicial es precisamente la suma de esos factores. Para conocerla, las y los aspirantes deben someterse a un cuestionamiento amplio. En Estados Unidos, por ejemplo, los comités encargados de seleccionar a los ministros de la Corte Suprema se esfuerzan por averiguar la visión de cada aspirante en temas sensibles, como el aborto y la portación de las armas. En México, seremos las y los ciudadanos quienes realizaremos esa labor.
Si hacemos bien esa evaluación ciudadana, sabremos qué tipo de juzgador sería cada aspirante. También podríamos anticipar su visión del derecho y la justicia, así como su forma de interpretar las normas jurídicas y la Constitución.
Para lograr una selección exitosa de personas juzgadoras, debemos observarlas a profundidad a partir de 3 enfoques. Primero, su posición interpretativa. Debemos saber si se conciben como rigurosos aplicadores de la ley o si ven al derecho como un sistema abierto y más complejo. Así podremos decidir si queremos jueces que se centren en las reglas del proceso o juzgadores que valoren también las cuestiones sustantivas y de derechos que plantea cada caso.
Segundo, su postura ante el Estado. Específicamente sobre las cuestiones políticas no justiciables. Esto es, sobre aspectos meramente técnicos o de naturaleza política y no jurídica, así como su actitud frente a la política fiscal. Quienes vamos a votar debemos saber si las y los contendientes consideran que debe darse deferencia al creador de la política, o bien, si los tribunales pueden reformularla.
Tercero, los valores sociales que defiende. Es absolutamente legítimo decidir entre las posiciones morales e ideológicas de los contendientes. Resulta muy importante conocer qué principios van a guiar sus decisiones, sobre todo en los llamados casos difíciles, dónde las normas no establecen una solución clara. Si preferimos jueces de corte conservador o liberal.
El derecho es siempre una discusión inacabada sobre la ruta normativa que nos guía como sociedad. En su construcción, debemos participar todos y todas. Por ello, el próximo 1 de junio tendremos como ciudadanía la responsabilidad histórica de elegir qué Poder Judicial queremos, por cuál visión de la justicia optamos y qué jueces necesitamos.
Maestra y doctora en derecho por la Universidad de Virginia
