Por Mayra González Solís y Fernando Romero
Es importante comenzar por realizar una aclaración: la suspensión de labores de la mayor parte de los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación no responde a la angustia, temor o miedo a que se vean afectados aparentes privilegios que de manera reiterada y engañosa se nos han sido adjudicados desde el discurso de diferentes perfiles de la clase política que gobierna nuestro país.
Este movimiento por la defensa y el respeto de la independencia judicial y la división de poderes tiene como objetivo que prevalezca la conformación de un Estado soberano, democrático y de derecho en donde toda persona, sin distinción alguna, tiene el ineludible deber de trabajar permanentemente por el reconocimiento y la garantía de las condiciones óptimas para el desarrollo libre y digno de la vida humana.
Se trata también de un acto lícito de resistencia que no inició, dicho sea de paso, desde la valiente chispa que encendió la base trabajadora el 19 de agosto pasado, sino una resistencia pacífica de años que se han tenido que soportar, injustificadamente, señalamientos sin pruebas de corrupción e injusticia por parte del propio Ejecutivo Federal y su movimiento político afín.
Se aprecia una obstinación del Presidente de México por consumar e incluso continuar más allá de su período sexenal, con todos y cada uno de sus proyectos de Nación, sin que estos sean tamizados por los filtros constitucionales que nos hemos otorgado como República.
Su propuesta de reforma judicial pone de manifiesto su intención de corporativizar al Poder Judicial de la Federación y eventualmente a los poderes judiciales locales, tal como lo hiciera el entonces Presidente Lázaro Cárdenas del Río con los sectores de la población a los que en función de sus actividades y su papel dentro de la sociedad mexicana, transformó a uno de los Poderes de la Unión en una especie de “súper sindicato”, en donde pudieran distinguirse como rasgos fundamentales lo que consideraba un serio peligro para la estabilidad de su proyecto de Estado.
Sin tener que profundizar mucho en la lectura de la propuesta de reforma judicial, se hace evidente la pretensión de su operatividad, a la aquiescencia y la sumisión de las personas que trabajamos en la Judicatura Federal a los designios y caprichos de quienes ejercen el poder político en nuestro país.
Las más de 100 modificaciones que se han realizado al documento que ha impulsado la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados desde el pasado 5 de febrero, por conducto de su Comisión de Puntos Constitucionales, no son otra cosa que la expresión de reticencias políticas por hacer de la justicia constitucional una suerte de legitimación forzada de todo acto de autoridad, al amparo de la fortuna y el arbitrio de las personas más poderosas.
En este sentido, no debe perderse de vista por lo que hace a todos los discursos emitidos y esfuerzos que se han invertido en el marco del proceso legislativo de reforma judicial que “lo que es vicioso desde el inicio, no puede convalidarse con el transcurso del tiempo”, siendo esto último perfectamente aplicable a la forma y al contenido del documento que, de manera por demás confusa y equivocada, se ha pretendido identificar por parte de los poderes políticos mexicanos como una iniciativa de decreto.
Desde el acto mismo de elaboración del documento por el que se pretenden modificar diferentes disposiciones de la Constitución Política se han vulnerado principios trascendentales dentro del proceso parlamentario de dictamen, como son la preclusión y la definitividad en el ámbito, la discusión y aprobación legislativa; así también es posible hablar de una “cuasi iniciativa”, que no una iniciativa de reforma propiamente dicha, por vicios manifiestos en su contenido, mismos que por ministerio de normas que regulan la actividad de los representantes populares federales no son posible subsanar.
En este punto se debe señalar que el Estado mexicano, como rector y garante del desarrollo nacional, definió como uno de los principios rectores para la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el consistente que, al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.
En dicho principio se considera que, “ante el sistemático quebrantamiento de las leyes, tanto en su espíritu como en su letra, el Gobierno de México asume el compromiso de desempeñar el poder con estricto acatamiento al orden legal, la separación de poderes, el respeto al pacto federal, sin dejar observar los derechos sociales, colectivos y sociales de toda persona, empezando por los derechos humanos. De esta manera, la actual administración pública federal aseveraba que se pondría fin a la represión política, con lo cual aseguraba que nada sería por la fuerza, sino al contrario todo se lograría con apego a la razón, procurando la solución de los conflictos mediante el diálogo (…)”.
Es importante que la opinión pública esté consciente del contexto social y político en el que nos encontramos las personas que formamos parte del Poder Judicial de la Federación, que de conformidad con los objetivos de la planeación democrática del desarrollo nacional delimitados en el documento en mención, la Administración Pública Federal contrajo obligaciones tales como la de abstenerse de simulaciones de constitucionalidad , así como de atenerse escrupulosamente a las delimitaciones impuestas por el pacto federal y la división de poderes, razón por la cual el Poder Ejecutivo Federal tiene prohibido intervenir de manera alguna en las determinaciones del Parlamento Federal y las que sean emitidas desde el Poder Judicial, así como respetar las atribuciones y jurisdicciones de las instancias estatales y municipales.
Considerando el alcance y el sentido de las actividades que han sido desplegadas desde la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se hace especial énfasis en procurar la defensa efectiva de la garantía jurisdiccional de los derechos humanos, la cual bien puede asumirse como la garantía de garantías en toda forma de gobierno democrática, misma que supone de manera incuestionable la independencia del Poder Judicial Federal, en observancia de las obligaciones generales y los compromisos internacionales que México ha asumido en materia de derechos humanos no solo entendidos éstos como facultades o limitaciones al ejercicio del poder público, sino como parte de la estructura que confiere coherencia evolutiva al sentido democrático del gobierno de nuestro país.
Con la eventual aprobación de la reforma judicial y el aniquilamiento de la independencia judicial, desaparecería en absoluto la concepción que actualmente se tiene de la Constitución General de la República como norma jurídica, pues carecería de garantía para su cumplimiento; pasaría a ser solo un documento que contiene proclamaciones y buenas intenciones, al completo arbitrio de la voluntad política.
Bajo el único argumento de que la mayoría tiene el poder absoluto, no sería posible concebir ni ostentar que México es un Estado democrático, pues las democracias, en sentido moderno, son sustanciales y no sólo cuantitativas, ya que exigen que se respeten y garanticen los derechos humanos de todas las personas, incluyendo las minorías.
Sin independencia judicial, todos los mecanismos de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad perderían su razón de ser y el acceso a la justicia se convertiría en un verdadero privilegio para unas cuantas personas.
En momentos de crisis, en la comunicación entre los Poderes de la Unión se debe de cultivar y fomentar un verdadero diálogo entre cada uno de ellos, en estricto respeto y observancia de diversos artículos de la Constitución Política y, no seguir alimentando un contexto de hostilidad, desconfianza y contradicción entre los Poderes de la Unión, con ejercicios de autoridad opresivos y tiránicos.
Tengamos presente que lo que se vuelve indispensable en cada ámbito y en cada entorno de la vida humana es concertar y no enfrentar, perdonar y no odiar, reconciliar y no albergar rencores ni resentimientos. Aún estamos a tiempo de conservar la República.
Al respecto, recordemos algunas reflexiones que su Santidad, el Papa Francisco, ha realizado sobre su entendimiento acerca de la importancia de la Justicia y el Estado de derecho:
"El hombre justo es recto, sencillo y directo, no lleva máscaras, se presenta tal como es. Respeta las leyes (…)”.
“Quien busca la justicia y el amor encontrará la vida y la gloria para decir que los justos no son perdedores frente a quienes se creen astutos y ladinos; al contrario, los justos atraen la bondad hacia sí mismos y hacia su entorno (…)”.
“Los justos no son moralistas que visten la toga del censor, sino personas rectas que tienen hambre y sed de justicia".
Mayra González Solís, magistrada de Circuito, y Fernando Romero, activista y defensor de derechos humanos
