Por EDITH MARTÍNEZ
En medio del debate por la Reforma Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene casos que resolver antes de que las y los ministros dejen su cargo o se enfoquen en sus campañas rumbo a la elección de cargos judiciales programadas para junio de 2025.
Uno de los asuntos más urgentes en la agenda de la SCJN es el futuro de la pesca en México. Desde hace meses, la Corte ha asumido un amparo indirecto presentado por Oceana, organización dedicada a la protección de los océanos. Este juicio destaca posibles violaciones a los derechos humanos relacionados con un medio ambiente sano y el acceso a alimentos, debido a la falta de una legislación pesquera que promueva y garantice la recuperación de las pesquerías en crisis.
De acuerdo con datos de la Carta Nacional Pesquera (CNP), el 34% de las pesquerías en México se encuentran en deterioro. Esta cifra revela un desequilibrio ambiental que compromete el derecho constitucional a un medio ambiente sano y la alimentación de las y los mexicanos, al disminuir una fuente vital de proteína animal. Esta crisis se agrava por la omisión legislativa del Congreso de la Unión, que no ha legislado para recuperar las especies pesqueras.
La actual Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) carece de medidas e instrumentos idóneos y eficaces para la recuperación de pesquerías en declive, a diferencia de otras normativas que sí contemplan la restauración de recursos naturales, como los forestales que considera la recuperación de bosques y selvas deforestados. Esta omisión es crítica: el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos humanos, incluyendo el acceso a un entorno saludable.
El deterioro de las pesquerías, sin un marco legal que obligue a su recuperación, también infringe el derecho a la alimentación. Los recursos pesqueros son esenciales para la seguridad alimentaria del país. La falta de acciones concretas afecta directamente la disponibilidad, calidad y accesibilidad de estos productos para la población.
Con la reciente aprobación de la Reforma Judicial, que prevé una reducción en el número de Ministros de la Corte y posibles cambios en su composición, lo óptimo es que el caso de la restauración pesquera quede resuelto antes de junio de 2025. Esta decisión podría marcar un antes y un después en la gestión de los recursos marinos del país.
La comunidad pesquera y organizaciones de la sociedad civil como Oceana, están atentas a esta resolución. El veredicto de la SCJN no solo determinará el futuro de la pesca en el país, sino que también sentará un precedente crucial sobre cómo México maneja sus recursos naturales.
La Corte tiene la oportunidad de llenar el vacío legal actual, estableciendo obligaciones claras para la recuperación de las pesquerías. Esto no solo aseguraría la protección del medio ambiente, sino que también garantizaría derechos fundamentales a la alimentación y a un entorno saludable para todas y todos los mexicanos.
Directora de Comunicación de Oceana en México
