Los países más desarrollados no se apoyan únicamente en el gasto público en investigación y desarrollo. Una parte conside¬rable del gasto en investigación e innovación, incluso mayo¬rita¬ria, proviene del sector privado. Eso quiere decir que al considerar la forma de articular la ciencia en un país no se puede dejar de tomar en cuenta la conexión deseable entre la investigación con financiamiento estatal y la investigación privada.
Para dar una idea de los montos de investigación de los que estamos hablando, basta decir que Alphabet (el holding que posee a Google), Meta (el holding que posee a Facebook), Microsoft y Apple invierten anualmente en investigación, entre las cuatro empresas, 91 mil millones de dólares, lo que representa 24 veces la suma que en México se invierte en el mismo rubro.
La proporción entre investigación pública y privada es muy ilustrativa en el caso de Alemania: el sector gubernamental contribuye 33% del gasto en investigación, mientras que el sector privado aporta 67% del total. Del 33% del gasto privado, 18% corresponde a las universidades públicas y 15% a los centros públicos de investigación. Así que resulta que dos tercios de la investigación es realizada por las empresas. Además, la inversión pública en investigación ha ido aumentando de manera vertiginosa: creció 50% de 2010 a 2020.
En la Unión Europea la proporción es similar: en 2020, 57.9% de la investigación ocurrió con financiamiento privado nacional y 30.3% fue financiado por los gobiernos. La diferencia, 9.6% corresponde a inversiones del exterior en investigación (compañías no europeas). Además, la participación del sector privado ha ido aumentado desde 2010.
El problema que tenemos en México es que ya somos un gran exportador de manufacturas, pero un participante menor en cuanto a investigación industrial. En 2021, México fue el quinto exportador mundial de autos y autopartes, con casi 40 mil millones de dólares de exportaciones en el sector. Pero en México armamos los autos que son diseñados en los países donde residen las casas matrices. La investigación y desarrollo de autos alemanes se hace en Alemania, la de autos japoneses en Japón, etc. Y si esas compañías deciden instalar centros de investigación externos, lo hacen en Estados Unidos, en Europa o en Japón, es decir, entre ellos. En Silicon Valley, en California, se puede encontrar a decenas de centros de investigación financiados por compañías internacionales.
La experiencia internacional demuestra entonces, que en México no se puede tener una política científica, orientada al progreso industrial y tecnológico, sin considerar como se podría lograr que la investigación privada aumente en México.
En el caso de Alemania, que conozco bien, lo que las autoridades tratan de hacer es estimular cierto tipo de desarrollos tecnológicos lanzando desafíos nacionales (grand challenges) de investigación, en los que colaboran empresas y centros públicos de investigación. Si, por ejemplo, se desea que la industria automotriz avance en el desarrollo de nuevas baterías para automóviles eléctricos, se anuncia un financiamiento gubernamental multimillonario por el cual pueden competir las empresas, en alianza con universidades, y se selecciona a los mejores proyectos. El Estado aporta 50% del costo del proyecto y las empresas el otro 50%. Al final del proyecto cada uno sigue por su lado, aprovechando los resultados y las patentes comunes que se hayan registrado.
Lo que este ejemplo demuestra es que el Estado puede multiplicar los panes y los peces, invirtiendo en investigación y desarrollo en colaboración con la industria. El Estado tiene un interés crucial en estar siempre tratando de estimular investigación de vanguardia, para que la industria nacional no se quede atrás, y la industria tiene obviamente un interés en mantener o aumentar sus ventas. Pero muchas veces, si se deja que la industria determine por si sola sus temas de investigación, se tiende a la miopía. Compañías automotrices que han vivido por décadas de producir autos de gasolina, pueden reaccionar lentamente a las nuevas tecnologías con las que se puede producir autos eléctricos. La labor del Estado, en estos casos, es tratar de ver más lejos, de proyectar tendencias científicas e industriales, y darles un empujón a las empresas para hacerlas colaborar con los centros públicos de investigación. El Estado es el catalizador de esa cooperación público-privada.
Creer que las empresas siempre se comportan como vampiros porque quieren recibir fondos de los proyectos gubernamentales es erróneo. En la mayor parte de los casos, las empresas no quieren saber nada de los centros públicos de investigación, ni quieren que el Estado se entrometa en sus temas de desarrollo de tecnología. Piensan que saben lo que quieren y eso es lo que hacen. Pero el Estado tiene que ver más lejos que la ganancia inmediata. Debe tener en cuenta, por ejemplo, el cambio climático y tiene que fijar metas de sustitución del parque vehicular, lo que a veces choca con la inercia de las empresas. El financiamiento gubernamental de proyectos público-privados se da precisamente para romper esa inercia y abrir nuevos horizontes de desarrollo.
¿Cómo se da esa orientación por parte del Estado para conducir lo mejor posible la investigación en colaboración con la industria? El gobierno alemán, para seguir con ese país, determina las metas a alcanzar, por ejemplo, en cuanto a cambio climático o conservación de energía. Se le pide a las Academias de Ciencias y al Consejo Científico de Alemania que formulen un plan maestro y una estimación de los desarrollos necesarios, sobre todo aquellos que hay que estimular porque no van a ocurrir de manera automática. Ese plan maestro se convierte en llamados concretos, por ejemplo, para desarrollar nuevos chips automotrices o para inventar nuevos sistemas de seguridad para redes. Normalmente se plantean desafíos tecnológicos para los próximos diez años y se emiten las convocatorias respectivas. Éstas “sacuden” a la industria, porque cada compañía debe decidir si participa y dedica recursos para el tipo de investigación que se quiere fomentar. Si deciden participar, lo hacen con convencimiento y además con fondos propios, que documentan su interés y compromiso con las metas del proyecto.
Hay algunos casos de éxito respecto a la investigación privada en México. La compañía Continental tiene un centro de desarrollo en Querétaro, la compañía Intel tiene un centro importante de investigación en Guadalajara, etc. El Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (SIICYT) ha recabado un listado de 551 centros privados de investigación en México, pero en la lista encontramos sólo dos centros con más de 251 empleados (entre ellos el de Intel). Hay otros diez con entre 101 y 250 personas, pero algunos de ellos parecen ser más bien consultorías. Se enlistan otros 14 centros que tienen entre 50 y 100 empleados, aunque algunos parecen ser fundaciones. En resumen, el resultado es raquítico para una economía como la de México, número quince en el mundo.
¿Qué se podría hacer? México tiene una industria automotriz porque en los 60, a través de leyes para acotar a los importadores de autos, se les obligó a producir el 60% de un auto en México y a compensar sus importaciones de partes con exportaciones, inicialmente a Estados Unidos y hoy a todo el mundo. Ya para los 90, la industria nacional era tan potente que se autorizó la importación de autos nuevos, siempre y cuando se compensaran los montos con exportaciones. Con el Tratado de Libre Comercio, la industria automotriz en México despegó.
Me parece que habría que hacer algo similar ahora con respecto a la investigación. No hay razón alguna para no demandar de los fabricantes de autos que los autos producidos en México tengan un contenido mínimo de "investigación nacional", es decir, de partes y componentes diseñados en México. Ya sucede parcialmente, por ejemplo, con el diseño de las cabinas de algunos vehículos, pero de lo que se trata es de generalizar la experiencia, además, más allá de la industria automotriz, para incluir otros sectores, como la electrónica, la industria aeroespacial, la farmacéutica, etc.
Hay un contexto favorable para una iniciativa de este tipo. Las grandes compañías se han “virtualizado”, sus trabajadores trabajan desde sus casas o desde otras ciudades. Los equipos de trabajo reúnen en videoconferencia a trabajadores en California, la India y hasta Australia. Obligar a las grandes compañías que operan en México a tener parte de sus desarrollos en el país, no las va a desangrar ni hará que abandonen nuestro mercado. La experiencia de China es notable en este respecto, porque siempre han demandado de empresas que quieren operar en su gran mercado, que realicen un mínimo de transferencia de tecnología, lo que les ha permitido levantar a sus propias empresas y centros de investigación.
En México “no se puede, pero se debería poder”, requiriendo de las grandes compañías que operan en el país que realicen investigación industrial, poniéndoles plazos para cumplir con ciertas metas mínimas. Asimismo, no hay que tenerle miedo a estimular la investigación pública-privada a través del financiamiento de proyectos, si la industria colabora con el 50% de los montos necesarios.
