“Amor con amor se paga” es un popular refrán recurrentemente usado por AMLO para referirse a la reciprocidad a la que obligan el afecto y la lealtad.

Por lo visto esta mañana, también ha tomado como principio a seguir el reiterado dicho de López Obrador, con el nombramiento del ministro en retiro y expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como parte de su equipo de trabajo, específicamente en el cargo de coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia.

Y es que la designación ocurrió no obstante el severo golpe asestado a Zaldívar en abril pasado por la hoy ministra presidenta del máximo tribunal Norma Piña Hernández, al hacer público que la propia Corte lo investiga por vulnerar la autonomía de magistrados y jueces, así como posibles actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito.

La inusual y sospechosa rapidez con que se integró el expediente en el contexto de una virulenta pugna entre Zaldívar y sus colegas en la Corte, demeritó la fuerza de la acusación y la fue desdibujando en los días subsecuentes, aunque hasta donde se sabe, la investigación sigue en curso.

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Es previsible que desde la coordinación de Política y Gobierno Zaldívar dará seguimiento al paquete de reformas constitucionales dadas a conocer el pasado 5 de febrero, incluida por supuesto la reforma al Poder Judicial con la elección popular de ministros, magistrados y jueces, parte todas ellas de un proyecto que les interesa tanto a AMLO como a Sheinbaum.

La posición que le fue asignada a Zaldívar es importante dentro del staff presidencial, aunque no es de relumbrón político. De hecho, es la oficina a la que se fue a refugiar César Yáñez, inseparable vocero de López Obrador, tras el escándalo de su fastuosa boda en Puebla recién inauguradas las políticas de austeridad republicana y de pobreza franciscana de la 4T.

Pero en esto no hay que perder de vista las limitaciones constitucionales que debe salvar Zaldívar como ministro de la Corte en retiro. Los artículos 101 y 95 fracción sexta, le fijan un plazo de por lo menos dos años tras la terminación de su cargo, para que pueda ser secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal o gobernador de alguna entidad de la república.

Ese plazo se cumplirá en noviembre de 2025, ya que Zaldívar renunció a la Corte en noviembre de 2023, once meses después de que concluyó su encargo como presidente del máximo tribunal y cuando le faltaba un año y unos cuantos días para que concluyera su período de 15 años.

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La limitación no aplica a asesorías no remuneradas que, hasta donde se sabe, fue la forma en que el expresidente de la Corte se incorporó a la campaña de Claudia Sheinbaum.

Por lo pronto no es descabellado pensar que después de noviembre de 2025, Zaldívar podría hacer realidad lo que no ha ocultado del todo: convertirse en fiscal general de la república, siempre y cuando ocurra una remoción o cambio con Alejandro Gertz Manero, quien tiene fijado el 2028 como plazo para concluir con ese encargo.

Por lo que hace al nombramiento de la todavía titular del la SEP, Leticia Ramírez Amaya como coordinadora de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social y la ratificación como secretario técnico de la Presidencia de Carlos Torres, ratifica el hecho de que AMLO y Sheinbaum consensuan algunos de los nombramientos. Hay quienes ven en ello una actitud de subordinación de la virtual residente electa, pero también quienes consideran que los líderes del llamado proceso transformador echan mano de sus mejores cuadros. Ya veremos.


@RaulRodriguezC


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