AMLO finalmente reconoció el pasado jueves primero de junio que en su gobierno ha ocurrido el mayor número de homicidios dolosos en la historia reciente del país, pero lo atribuyó a una “mala herencia” de los dos gobiernos que lo precedieron.
Innegable es la escalada violenta que inició con la guerra al narcotráfico de Felipe Calderón que -a juicio de López Obrador- instauró con Genaro García Luna un narcoestado; y continuada -pese al cambio de la narrativa mediática- por el de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, el presidente de la República no puede, ni debe deslindarse, de lo ocurrido en inseguridad y violencia durante los poco más de cinco años que lleva su mandato, porque el hecho es que no ha atajado la crisis de seguridad que prometió lograría en seis años.
El caso es que de acuerdo con el primer informe semestral de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública presentado el pasado martes 30 de mayo a una comisión bicameral del Congreso conforme a la obligación de hacerlo derivada de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional (18/11/2022), que determinó que el presidente de la República puede disponer de la fuerza armada permanente durante un período de nueve años en tanto la GN desarrolla su estructura y capacidades, el gobierno de la 4T ha rebasado en lo que va de su quinto año de gestión el total de homicidios dolosos de los de Peña Nieto y Calderón.
Las cifras dadas a conocer -resultado de una elaboración hecha con base en carpetas de investigación- revelan que, en el período de diciembre de 2018 a abril de 2023, se cometieron 146 mil 407 homicidios dolosos.
De acuerdo con medias de incidencia mensual y anual -no obstante, la pequeña tendencia a la baja mostrada en las cifras del informe de marras- se proyecta que el gobierno de AMLO cerrará con 162 mil 970 homicidios dolosos, esto es, 4.1% más que los 156 mil 437 del gobierno de Peña y 25.4% más que los 121 mil 613 del de Calderón.
Si bien esta lectura es resultado de comparativos con los dos gobiernos anteriores, se puede hacer otra que compara lo ocurrido a lo largo de este sexenio, que fue en la que enfatizó el informe al Congreso, que por lo mismo es más optimista y que, por supuesto, no es desdeñable.
Esa nos habla de una disminución de 12.73% de los homicidios dolosos entre diciembre de 2018 y abril de 2023, así como de 60% en el secuestro y de 38.8% en el transporte público, aunque acusa aumentos de 45.4% en trata de personas, 41.9% en narcomenudeo y 25.3% en extorsión.
Hay cifras en el informe que muestran un esfuerzo mayúsculo frente a una crisis que no cede: el despliegue de casi 80 mil efectivos de la fuerza armada permanente (el mayor número en Sinaloa, Guanajuato y Chiapas), la detención de casi seis mil personas, el aseguramiento de 26 toneladas de cocaína, 44 de mariguana, una y media de metanfetaminas y 1.2 de fentanilo; y la incautación de más de 58.2 millones de pesos y 63.3 millones de dólares.
Por otra parte, de acuerdo con encuestas del INEGI, una percepción de inseguridad que bajó a 62.1% desde el 76.8%, el índice más alto registrado en marzo de 2018.
¿Qué se puede concluir del repaso de estas cifras? Que AMLO, al igual que sus dos predecesores, fracasó en reducir el número de asesinatos que desangran al país por la violencia criminal. Es triste, alarmante y decepcionante.
Instantáneas:
1. AL FILO DE UNA GUERRA CIVIL. Los estados que más despliegue tienen de la fuerza armada permanente, estimado en un total de ocho mil efectivos, son Sinaloa con cuatro mil 879, Guanajuato con cuatro mil 368 y Chiapas con tres mil 966. En los dos primeros estados se ha reforzado la presencia militar en apoyo a los efectivos que permanentemente están en las zonas militares de ambos. No así en Chiapas, desde donde llega el angustiante llamado de comunidades zapatistas de Ocosingo que aseguran estar al borde de una guerra civil en el estado. Ya son varios los días en que se registran enfrentamientos armados entre grupos paramilitares, autodefensas y sicarios de dos cárteles de la droga. Ayer resultaron muertos siete indígenas en un tiroteo registrado en San Pedro Chenalhó por una disputa de tierras. En la comunidad Moisés Gandhi resultó gravemente herido y está en riesgo de muerte el activista Jorge López¸ baleado por el grupo paramilitar Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao). Mientras que, en Frontera Comalapa, localidad colindante con Guatemala, se intensifican los enfrentamientos entre sicarios de los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. El riesgo de una guerra civil es alto, suscriben en un manifiesto diversas organizaciones chiapanecas y personalidades como el intelectual estadounidense Noam Chomsky, el escritor Jorge Volpi, el director de cine Alfonso Cuarón y los actores Diego Luna y Gael García Bernal.
2. CANANEA: ARREGLO A LA VISTA. Parece que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde logaron atajar un conflicto minero que amenazaba con ser nacional y que ya tenía desquiciado el transporte de mercancías en Sonora. Los trabajadores de la mina Buenavista del Cobre ubicada en Cananea, perteneciente a Grupo México de Germán Larrea están en huelga desde hace quince años En días recientes intensificaron su lucha en busca de una solución, bloquearon la principal carretera federal de Sonora y recibieron el apoyo de mineros de Taxco, Guerrero y Sombrerete, Zacatecas que también estallaron sendas huelgas desde 2007. Todos estos trabajadores están afiliados al sindicato que lidera el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, acérrimo enemigo de Larrea desde la tragedia en la mina Pasta de Conchos en Coahuila. Tras 34 horas de bloqueo carretero y la creciente amenaza de ser desalojados por el gobierno morenista de Alfonso Durazo, las negociaciones con mediadores federales permitieron desbloquear la vía y se acordó una reunión mañana en Gobernación para poner fin a la larga huelga en la emblemática mina de Cananea donde la lucha de sus trabajadores fue precursora de la revolución mexicana.
3. ¿MAL ARREGLO O BUEN PLEITO? Parece que la tan mencionada frase entre abogados de que más vale un mal arreglo que un buen pleito prevaleció en el caso de la ocupación del gobierno de un tramo de Ferrosur del Grupo México de Germán Larrea para incorporarlo a la línea del corredor interoceánico del istmo. Se equivocaron, pues, quienes vaticinaban que el asunto se dirimiría en tribunales. De manera que Larrea decidió la terminación anticipada de esa concesión de 120 kilómetros de vía, sin indemnización, pero a cambio de ocho años más, hasta 2056, de la concesión con que Ferrosur cruza el istmo de Tehuantepec.
4. ¡ARRANCAN! La gran expectativa noticiosa de hoy está en los resultados de las jornadas electorales de Coahuila y el Estado de México. Todo apunta a que irán hacia los caminos marcados por las encuestas, pero la última, la efectiva, es la de hoy en las urnas. Mientras, festejemos el poder atestiguar la incertidumbre democrática y preparémonos para el arranque oficial, mañana mismo, de la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2024. Han alzado la mano y colocado en ese arrancadero unas treinta personas, entre las que llevan mano las corcholatas morenistas (Claudia Sheinbaum, Marcel Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal) así como los posibles candidatos de la coalición opositora: los panistas Santiago Creel y Lilly Téllez, los priistas Enrique de la Madrid, Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes, y el perredista Miguel Ángel Mancera. Y en eventuales candidaturas en solitario, los emecitas Samuel García, Enrique Alfaro y Luis Donaldo Colosio. Quienes plantean desde la oposición un gobierno de coalición para suceder a AMLO aún no se ponen de acuerdo en el método de selección de su candidato, mientras que mañana lunes se esperan los primeros encuentros de Mario Delgado con las “corcholatas” para definir método y piso parejo en las encuestas de las que resultará el ganador. A mediados de este mes podría conocerse la fecha de realización de la primera encuesta.
5. PLAZOS Y EL PLAN B. El pasado viernes 2 de junio venció el plazo legal para que se puedan realizar cambios constitucionales y legales que apliquen para el próximo proceso electoral. El artículo 105 de la Constitución establece que solo se pueden hacer cambios legales a la organización del proceso electoral 90 días antes de que inicie el primero de septiembre próximo. Como puede usted ver el plazo fatal ya se cumplió y aun no se sabe cuándo resolverá la Corte sobre la segunda parte del Plan B electoral que adelgaza la estructura y presupuesto del INE, recorre el calendario electoral establece nuevas reglas para los partidos políticos, así como para los medios de impugnación que conozca el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fuentes consultadas en la Corte me aseguran que mientras el Congreso está obligado a cumplir con la referida veda legislativa que empezó el sábado 3 de junio pasado, el máximo tribunal no tiene ningún límite de ese tipo, además de que no está obligado a resolver antes del inicio, en septiembre próximo, del proceso electoral. Se sabe, sin embargo, que el ministro ponente de las impugnaciones al Plan B electoral, Javier Laynez Potisek puso a disposición de los legisladores impugnadores y del INE los expedientes para que formulen alegatos y les concedió un plazo para contestar de dos días hábiles que se venció el jueves pasado. Si el ministro Laynez considera que ya no faltan elementos para cerrar la etapa de instrucción, empezaría a redactar su propuesta de resolución y una vez que la tenga dispondrá de cinco días hábiles para incluirlo en listas y resolverlo en sesión pública del pleno.
@RaulRodriguezC