Estos días estamos peligrosamente enfilados hacia una ruptura del orden constitucional que podría generarle al país una inestabilidad política y socioeconómica de tamaño y profundidad impredecibles.
De un lado tenemos una reforma constitucional del Poder Judicial promulgada y en vigor desde el pasado 16 de septiembre, con sus leyes reglamentarias, y una enmienda (la de supremacía constitucional), aprobada y vigente desde el viernes pasado, que la blinda contra impugnaciones de la Corte vía amparos, controversias constitucionales y juicios de constitucionalidad.
Del otro lado tenemos -como el eslabón más reciente de una cadena de suspensiones judiciales no acatadas por el Congreso y la Presidencia de la República con el argumento de que son ilegales (artículo 61 de la Ley de Amparo)- un proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que valida parte de esa reforma, la de la elección popular de los nueve ministros de la Corte que conformarán el pleno, los siete del Tribunal Electoral y los cinco de un nuevo tribunal de Disciplina Judicial; pero invalida otra parte, la de la elección popular de jueces federales y magistrados, con los argumentos de que el máximo tribunal si está facultado para revisar reformas constitucionales presuntamente violatorias de los derechos humanos y textos de la carta magna que son a su vez normas generales (¿?) como la establecida para realizar una elección en la que, según el proyecto de sentencia, “no existe certeza en el régimen de postulación de candidaturas y el sistema de listas masivas no permite la posibilidad de ejercer el voto de manera libre e informada”
Si la Corte no acepta la solicitud que derivada de la enmienda de supremacía constitucional le hizo el Senado el viernes pasado para dejar sin efecto los juicios de amparo, controversias y demás recursos jurídicos tramitados (lo que algunos especialistas consideran intransitable por el principio de no retroactividad de las leyes, aunque el artículo transitorio segundo de dicha reforma establece que los asuntos hoy en trámite deberán resolverse conforme a lo establecido en el decreto de promulgación), el pleno de la Corte votará el próximo martes el proyecto de sentencia de González Alcántara Carrancá.
Por los posicionamientos de ocho de los once ministros de la Corte en funciones (quienes han renunciado con efecto al 31 de agosto del año próximo y declinado a participar en la votación ciudadana del 2 de junio de 2025, al igual que 820 juzgadores del total de 853 que se elegirán en las urnas en una primera etapa), el proyecto de invalidación parcial será aprobado, aunque no es del todo descartable el voto en contra de una o uno de ellos que se sume al de las tres alineadas con la 4T e impida la mayoría calificada necesaria para aprobar la sentencia.
¿Quién podría ser esa ministra o ministro? No lo serán, casi seguro, ni la ministra presidenta Norma Piña, ni Gutiérrez Alcántara Carrancá (autor del proyecto de sentencia), ni abiertos opositores a la reforma como Luis María Aguilar (quien en un mes concluye su período de quince años), Jorge Mario Pardo Rebolledo o Javier Laynez Potisek. De los tres restantes de la mayoría calificada del tribunal pleno que en este asunto han actuado como en bloque (Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayan) ¿quien podría ser la que o el que se sumaría a las tres cercanas a la 4T (Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Lenia Batres) para romper esa mayoría calificada? Difícil de preverlo.
Si la Corte no invalida o bien invalida y Ejecutivo y Legislativo acatan la sentencia, las aguas regresarían a su nivel. Pero si invalida y legisladores y presidenta no acatan, como parece que ocurrirá, se estaría configurando la ruptura del orden constitucional. Para decirlo en términos simples: tendríamos dos preceptos constitucionales diferentes en cuanto al Poder Judicial.
En el segundo escenario, la Corte bien podría alegar desacato y ordenar la destitución y hasta el encausamiento penal de la presidenta Sheinbaum y de los integrantes de las mayorías calificadas del Congreso. Éstos, a su vez, podrían emprender juicios políticos contra los ministros de la Corte en funciones que invalidaron una reforma constitucional.
¿Quién tendría la última palabra en esta escalada mientras la economía se sacude en la incertidumbre y la polarización política atiza el fuego de la inestabilidad social?
Y esto es tan solo una expresión de lo que en el fondo se dirime: el modelo de Estado que queremos los mexicanos y sus élites para las próximas décadas, agotado como está el pactado después de una revolución armada en la Constitución de 1917 a la que a lo largo de 107 años de vida se le han hecho 260 reformas para ajustarla a la realidad de los tiempos.
Ya veremos qué pasa el martes.
¿Kamala o Trump?
También el martes próximo tendrán lugar las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Son de pronóstico reservado. Ningún analista serio se atreve a anticipar el triunfo de la demócrata Kamala Harris o del republicano Donald Trump.
A dos días de la elección presidencial, las encuestas muestran una reducidísima diferencia en las preferencias del electorado.
En el promedio actualizado de encuestas del periódico Washington Post, la vicepresidenta Harris aventaja por dos puntos a nivel nacional al expresidente Trump, mientras que en el acoplado de Nate Silver es de poco más de un punto (48.5% contra 47.4%).
El modelo actualizado de probabilidades del resultado de la elección del periódico The Hill coloca a Trump arriba de Harris por 53% contra 47%, mientras que en la versión más reciente de simulaciones del blog FiveThirtyEight, Trump gana también hasta con seis puntos de diferencia (53% vs 47%).
Como se sabe, la votación global total no define la elección, sino la suma de los llamados votos electorales que aporta cada uno de los 50 estados de la unión americana. Son 538 los votos electorales y para ganar se requieren de al menos 270. Según las proyecciones, Harris ya cuenta con 226 (le faltarían 44 para ganar) y Trump 219 (le faltarían 51).
De los siete estados que aún no definen su preferencia electoral, Pensilvania es el que tiene mayor peso en el colegio electoral con 19 votos, lo que lo convierte en un estado clave para la elección. Quien gane los votos electorales de ese estado tendrá casi asegurada la victoria.
Le siguen Carolina del Norte con 16 votos electorales, Georgia también con 16, Michigan con 15, Arizona con 11, Wisconsin con 10 y Nevada con seis.
¿Quién le conviene más a México? Si de conveniencia se tratara en la actual coyuntura de la relación bilateral, ninguno de los dos. Más bien habría que replantear la pregunta: ¿Quién representa más riesgo para México? Por lo ya vivido, por su política antiinmigrante, por sus amenazas arancelarias, por el sombrío panorama para nuestros compatriotas radicados en el país vecino, el mayor riesgo lo representa Trump.
La moneda sigue en el aire.
Instantáneas:
1. ¿ENGORDA O ENFLACA EL GOBIERNO? La cámara de Diputados recibió el viernes pasado la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y crear las secretarías de la Mujer y la de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, modificar la de la Función Pública para que sea la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno y crear la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. El documento asegura de que a pesar de que aumentan de 19 a 22 las secretarías de Estado, el gobierno no engorda ya que desaparecerán organismos autónomos cuyas funciones retomara la propia administración pública. Es el caso, por citar un ejemplo, de la nueva secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que encabeza Raquel Buenrostro que tomará el control de la vigilancia, la trasparencia y el acceso a los datos gubernamentales, función que correspondía al INAI.
2. EL QUE A GRITOS SE LLEVA. El episodio de bravuconadas entre el priista Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas y el petista Gerardo Fernández Noroña durante la discusión en el Senado de de la reforma denominada supremacía constitucional, mostró un nivel de debate parlamentario de verdadera pena ajena. Nada más podría esperarse del líder nacional del PRI y jefe de la exigua bancada tricolor de la cámara alta, ni de quien ahora funge como su presidente de la mesa directiva. Hasta el también senador Félix Salgado Macedonio, bronco y provocador a lo largo de su historia política, recriminó al tal “Alito” que ni siquiera sabe debatir. Le recordó cuando en 1988 él llegó a arrojar desde la tribuna dos costales de boletas electorales quemadas como parte del fraude que llevó al poder a Carlos Salinas de Gortari, cuando el PRI autocalificaba la elección porque no había INE y era omnipotente. Salgado Macedonio remató al decirle que antes los senadores priistas cabían en una combi y ahora todos caben en un “vocho”. Hizo votos porque Moreno Cárdenas se siga reeligiendo en el tricolor para que “se sigan haciendo más poquitos”.
3. COMPRAS CONSOLIDADAS. Con bombo y platillo se anunció esta semana un nuevo esquema de compras consolidadas de medicamentos. El modelo, por lo sabido hasta ahora, es bueno y mucho más efectivo que el que provocó desabasto y escasez durante el gobierno de AMLO, aunque adolece de transparencia. Otro factor que podría empañar ese esfuerzo se verá cuando muchos de los servicios que tiene contratados el IMSS Bienestar sean suspendidos por falta de pago. Nos comentan que, en muchos casos, entre ellos los de los Servicios de Limpieza a nivel nacional, se adeuda a los proveedores hasta cinco meses de servicios. El problema iba en vías de solución, pero con la salida de Juan Carlos Cardona y la llegada de María de Jesús Herros Vázquez a la Unidad de Administración y Finanzas, todo se detuvo. Y así, con el argumento de que se va a revisar todo tiene contra la pared a más de diez mil trabajadores que le prestan al IMSS esos servicios y que tienen planeado iniciar paros esta semana. La falta de asepsia y limpieza podría afectar hasta cirugías ya programadas.
@RaulRodriguezC
