Fue en abril de 2009 cuando el país enfrentó una de las más graves pandemias de influenza en su historia reciente. Más de 70 mil casos confirmados y aproximadamente dos mil muertos. Era subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández Ávila bajo el mando del secretario José Ángel Córdova Villalobos. Fueron días muy complicados para las autoridades sanitarias, para el entonces presidente Felipe Calderón y para la ciudadanía toda.
Los cuestionamientos sobre el número real de decesos y las medidas tomadas como el cierre de escuelas y restaurantes visibilizaron la ineficiencia de Hernández Ávila y llevaron a su cese y sustitución por Pablo Kuri Morales, uno de los epidemiólogos mexicanos más reconocidos internacionalmente.
Diez años después de aquella crisis sanitaria, la rivalidad entre Hernández Ávila y Kuri persiste, aún cobra facturas y devela una estrategia para tomar el control de la Secretaría de Salud.
Al dejar la subsecretaría, Hernández Ávila se refugió en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), donde asumió el cargo de director de 2012 a 2017. Desde ahí tejió una red de influencias y colocó a su gente en posiciones estratégicas con el objetivo de llegar a la titularidad de la Secretaría de Salud. Incluso se acercó a AMLO y le ofreció diseñar su proyecto de políticas sanitarias.
Su ambición no fue colmada, pues solo logró colocarse como director de Prestaciones del IMSS. Desde ahí ha continuado su estrategia. Obstaculizó la llegada de Kuri Morales al INSP y colocó a su amigo Juan Rivera Dommarco para garantizar la continuidad de los jugosos contratos que obtuvo en su último periodo como director del instituto de marras. También operó para que, aún sin los méritos requeridos, llegara a la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud su pupilo Hugo López-Gatell en cuya oficina se ve con frecuencia a Hernández Ávila.
Dese ahí impulsan también una agenda controversial y muy mediática contra las industrias farmacéutica, de alimentos y bebidas, alcohol y tabaco, convenciendo a AMLO que son un foco de corrupción y buscando que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera investiguen la gestión de los exsecretarios Mercedes Juan y José Narro, de quienes fue subsecretario su archienemigo Pablo Kuri.
Pretenden, asimismo, modificar leyes como la del IEPS a refrescos, con campañas de denostación contra el morenista Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Salud del Senado, a quien ven como el principal opositor a su estrategia para suceder a Jorge Alcocer como secretario de Salud, y contra Zoé Robledo de quien dicen que es muy joven e inexperto como para ocupar la dirección general del IMSS.
Instantánea: 1. CRIMINAL. En medio de las referidas ambiciones y pugnas de poder, el problema del desabasto de medicamentos sigue mostrando su horrenda cara. Criminal, por decir lo menos, es que niños con cáncer no puedan surtir sus tratamientos, como lo denunciaron sus padres el lunes pasado al bloquear el acceso a la Terminal 1 del AICM. El Hospital Infantil “Federico Gómez” atribuyó a la Cofepris que no tuvieran en inventario el metrotexato, indicado para el tratamiento. La Comisión explicó, a su vez, que no había desabasto sino una restricción administrativa por “mala calidad” contra PiSA, laboratorio que lo produce y distribuye. Luego se filtró un documento interno de dicho laboratorio en el que se notifica que la Cofepris solicitó el aseguramiento, pero no por mala calidad sino como una “medida precautoria tomada por la autoridad”. Cofepris explicó que PiSA es el único laboratorio que produce y distribuye en México el metrotexato, lo que no es cierto pues hay trece titulares del registro. En el caso de los niños con cáncer no hay otros datos más que su realidad. Acaso la autoridad no entiende que la salud es un tema de estabilidad social y, por lo tanto, de seguridad nacional.
2. ARREBATAR. Morena está haciendo exactamente lo mismo que sus militantes exigían desde la oposición que no se hiciera. Todo apunta a que el próximo sábado, junto con sus aliados, desconociendo lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso (artículo 17, numeral 7) y un acuerdo verbal con Mario Delgado, actual presidente de la Junta de Coordinación Política reelegirá a Porfirio Muñoz Ledo como presidente de la Mesa Directiva. Arrebataría así una posición que, por reglamento, corresponde al PAN como segunda fuerza política. La plenaria del blanquiazul determinó ayer que sus dos candidatos a ocupar el cargo medio año y medio año, son la mexiquense Laura Rojas y el michoacano Xavier Azuara. Su coordinador parlamentario Juan Carlos Romero Hicks advirtió ayer que si Morena se queda otra vez con la presidencia de la Mesa Directiva será “un fraude democrático, un fraude a la ley, un fraude al Congreso y un fraude a la población”. Pero ayer mismo el PT, aliado de Morena, expresó su respaldo a Muñoz Ledo. Tras el acuerdo, mientras los petistas gritaban “¡reelección, reelección!”, Muñoz Ledo respondió: “sufragio efectivo, sí reelección”. Y es que Morena trae por delante una mayoría avasalladora. Para elegir a quien presida la Mesa Directiva se requiere una mayoría calificada, dos terceras partes de los votos, es decir, 334 sufragios. Morena tiene 259. Entre sus aliados, el PES tiene 29, el PT 28 y el Verde 11. Juntos suman 327. Requieren de siete más que bien podrían salir de los ocho diputados sin partido. El PAN tiene 78 asientos y con el apoyo del PRI (47), el MC (28) y el PRD (11) suma tan solo 164 votos.
3. REGULAR MEDIOS. ¿Será que esa avasalladora mayoría hará efectiva la propuesta que hizo ayer el PT de regular los medios de comunicación para evitar que sean el “poder fáctico” que respalde a la derecha en las elecciones de 2021 y 2024? La señal es ominosa, inaceptable.
