Del enorme tamaño de lo que se juega en las elecciones de junio próximo es el de la guerra de lodo que se ha desatado entre contendientes y partidos políticos, pero más grave aún, entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y la autoridad electoral.
Más allá de la dominancia política en quince de las 32 entidades del país, 28 de sus congresos locales y mil 923 presidencias de los dos mil 457 municipios del país que irán a elecciones, está en disputa el control de la Cámara de Diputados.
AMLO y Morena lo han tenido durante los últimos tres años, con una mayoría calificada que les ha permitido reformar la Constitución de acuerdo con su proyecto de transformación del país. Mantener con las próximas elecciones esa mayoría de dos terceras partes de los asientos, les permitiría continuar con los cambios constitucionales inherentes a su proyecto; ganar tan sólo la mayoría simple (la mitad más uno de los 500 votos), les obligaría a negociar con los partidos de oposición, pero perderla, no solamente sería la reprobación de los primeros tres años de este gobierno, sino posiblemente el inicio de un proceso para revertir las reformas del andamiaje institucional impuestas por la 4T que tendrían un punto culminante en los comicios presidenciales de 2024. Para eso se han aliado los debilitados PAN, PRI y PRD, tripulados por algunos grupos empresariales que son factor real de poder.
Establecer las bases para un reparto de la riqueza equitativo en favor de los más pobres, resume el proyecto ofrecido por el presidente López Obrador. Con él ganó en 2018 y dejó en la debacle a los partidos políticos de oposición. Para lograr su objetivo se propuso separar al poder económico del poder político, limpiar al país de corrupción y liberar fondos para el apoyo directo a los más pobres. Esperaba que mejorando el poder adquisitivo estimularía la demanda e incentivaría a la empresa y con ella a la inversión. Pero al arranque de su gobierno tomó decisiones que aumentaron la aversión al riesgo de los nerviosos capitales y luego se atravesó la pandemia y su devastador impacto económico no solo en México sino en el mundo. Esto llevó a la brutal caída económica vivida durante el último año y que la necesaria separación entre poder político y poder económico, pero con necesarios acuerdos de colaboración, se convirtiera en un divorcio que se va llenando de rencores.
AMLO —víctima centralísima de un sistema que hizo todo lo legal e ilegalmente posible para impedir su arribo al poder— debería ser el principal obligado en respetar y hacer respetar las elecciones, pero acaso por lo vivido y porque ve en la autoridad electoral una estructura dominada por sus opositores, no ha dejado de confrontarse abiertamente con el INE, más directamente con su consejero presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova, desde que éste se opuso y ha hecho todo lo posible por impedir que les bajen el sueldo y no ganen más que el primer mandatario.
Entre los episodios más recientes de esa confrontación está la decisión del INE de hacer valer la fracción quinta del artículo 54 de la Constitución que impide a los partidos políticos tener por la vía de la representación proporcional, ocho puntos porcentuales más del porcentaje total de asientos ganados por mayoría. Ese límite lo sobrepasó la coalición PRI-PVEM en 2012 (40% de votos, pero 48.2% de diputados), esa misma coalición en 2015 (40.3% de votos, pero 50% de diputados) y la coalición Morena-PT-PES en 2018 (44% de votos, pero 61.6% de diputados).
En todos los casos y con el recurso de las coaliciones considerado en la ley reglamentaria del precepto constitucional se le dio la vuelta, y ahora —qué bueno— el INE aprobó criterios para hacerlo valer, pero en el contexto de la referida confrontación que AMLO ya calificó de estrategia para impedir que Morena conserve la mayoría, y que cercanos a él, como el líder de ese partido en el Senado, Ricardo Monreal, considera una posición parcial y sesgada con que la autoridad electoral se extralimita.
Súmese a ello la decisión tomada anoche por el Consejo General del INE de anular la candidatura morenista de Raúl Morón en Michoacán y probablemente la de Félix Salgado Macedonio en Guerrero (cuyo debate continuaba anoche al momento de escribir esta columna), por irregularidades en gastos de precampaña, lo que ambos se aprestaban a impugnar en el TEPJF no sin antes amagar con la movilización callejera de sus seguidores.
Cierto es, por otra parte, que Morena (al igual que los otros partidos donde son candidatos sus desprestigiados personajes de siempre), se ha equivocado en la designación de muchos de los suyos con antecedentes cuestionables. Y aquí cabe, más que nunca, aquel dicho de que, para tener el pico largo hay que tener la cola corta.
Instantáneas:
1. TRAPECISTAS. Muchos morenistas han desarrollado su larga cola en sus saltos, trapecio a trapecio, de un partido a otro. Le cuento de un caso más. Se trata del precandidato de ese partido a la presidencia municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, Héctor Santana García. Su carrera política la hizo en el PRI, llevado de la mano por el exgobernador de ese estado, Roberto Sandoval, contra quien el pasado primero de marzo la FGR emitió orden de aprehensión y ficha internacional de búsqueda acusado de lavado de dinero. Santana García ocupó diversos cargos con Sandoval en la presidencia municipal de Tepic (2008-2010) y en el gobierno nayarita (2011-2017). Con la recomendación de éste buscó en 2014 la candidatura del PRI a la alcaldía de Bahía de Banderas, pero la perdió ante José Gómez Pérez. Luego fue legislador local y obtuvo en 2017 la candidatura tricolor a ese municipio, pero perdió la elección ante Jaime Cuevas Tello de la alianza PAN-PRD-PT. Completamente mimetizado con Roberto Sandoval, antes de que el exgobernador se convirtiera en prófugo de la justicia, llegó a declarar que “ni loco” renunciaría al PRI, pero lo hizo, brincó a Morena y hoy se dice defensor de la 4T en busca de gobernar Bahía de Banderas. Ojalá ese partido tenga claro, antes de decidir, que este hombre ha sido relacionado con la delincuencia organizada. Sus sobrinos Filiberto y Cuauhtémoc Santana, relacionados por algunos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron “levantados” en 2019 y hasta la fecha continúan desaparecidos, al igual que los hermanos Federico y José Flores Velasco que fueron parte de sus campañas políticas de 2014 y 2017.
2. NXIVM. Y ya que hablamos de “colas largas”, pero también de lo ruda que se perfila la guerra sucia electoral entre candidatos, ahí tiene usted el seco golpe que recibió el miércoles la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, cuando su contrincante priista Adrián de la Garza filtró un video en el que ella aparece consultando asuntos políticos (“el populismo está mal, pero si es lo que la gente quiere hay que dárselo”) al fundador de la secta NXIVM, Keith Raniere, condenado en Estados Unidos a 120 años de prisión por tráfico sexual, delincuencia organizada, extorsión y abuso a menores. La secta de Raniere despertó gran fascinación entre las élites económicas y políticas mexicanas. En ella han estado involucrados, entre otros, los hijos del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Emiliano y Cecilia. Recientemente se supo de los vínculos del presidente de Morena, Mario Delgado y ahora de su candidata Clara Luz Carrales. Ella también fue priista y con sus colores, diputada local en Nuevo León y tres veces presidenta municipal de General Escobedo. En la búsqueda de la candidatura al gobierno de la entidad brincó a Morena, aunque mantiene sus vínculos priistas a través de su marido Abel Guerra Garza, quien ha sido dos veces alcalde de ese mismo municipio. Flores Carrales argumenta que lo único que hizo fue tomar unos cursos de superación personal. Pero más allá de la influencia que NXIVM tenga en su conducta personal y política, el punto es que ella negó haber pertenecido a la secta y conocer a Raniere, lo que el video bomba para su campaña desmiente. Este asunto podría sugerir que el poderoso sector empresarial de Nuevo León ya le dio la espalda a Clara Luz.
3. REACCIÓN. A propósito de lo publicado aquí en la entrega pasada sobre la denuncia hecha por algunos integrantes de la oposición política de Puebla en el sentido de que el gobernador Luis Miguel Barbosa “les fabrica delitos” para perseguirlos, recibí un comentario que refleja un punto de vista contrario que coincide con varios otros de amables lectores. Es del exlíder estudiantil y exdiputado federal del PRD y militante de Morena desde 2015, Agustín Guerrero. Me comparte: “nadas más falso que el uso faccioso de los poderes públicos en Puebla. El problema de Genoveva Huerta (presidenta estatal del PAN) no es el gobernador Barbosa sino los propios panistas que la acusan de vender las candidaturas y colocar a sus parientes y amigos”, razón por la cual “le tienen tomada la oficina”. “¿Quién puede defender a Eukid Castañón, el principal operador del morenovallismo? Preso desde hace un año, usó el poder para comprar conciencias y acallar a la oposición a billetazos o a la mala. Es una de las imágenes de la corrupción panista. La 4T tiene ética, no inventa delitos para perjudicar a nadie, ni hace uso faccioso de las instituciones. A diferencia del PRIAN, se combate la corrupción y la impunidad”. Tales los puntos de vista de Agustín Guerrero.
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