Avanza el procedimiento legislativo hacia la inminente aprobación de la reforma judicial. Antes de ayer, viernes 16 de agosto, circuló el proyecto de dictamen y decreto que será discutido por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dentro de un par de semanas. Tiene unos cien cambios hechos a la iniciativa originalmente enviada por AMLO el 5 de febrero pasado. No la endurecen ni la suavizan, más bien la clarifican y fechan la elección popular de ministros, jueces y magistrados.
Los actuales once ministros de la Corte tendrán que empezar a hacer maletas pues serán sustituidos por los que la ciudadanía elija en comicios extraordinarios a realizarse el primer domingo de junio de 2025, esto es, en aproximadamente diez meses.
Para completar el período de quince años vigente para el que se les designó vía ternas propuestas por el Poder Ejecutivo y de las que el Senado eligió a una o uno por mayoría calificada, a la actual ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y al ministro Javier Laynez les faltarán cinco años a cada uno; al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ocho; a las ministras Margarita Ríos Farjart y Yasmín Esquivel, nueve años, respectivamente; a la ministra Loreta Ortiz, diez; a la ministra Lenia Batres, catorce; a los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, tres años a cada uno; y al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, dos.
Al ministro Luis María Aguilar ya no le tocaría la sustitución por la vía de las urnas pues su período constitucional se cumple en diciembre próximo.
El pleno de la Corte se reducirá de once a nueve ministros y los asuntos deberán aprobarse con el voto de seis. El período de los ministros se reducirá de quince a once años. Quienes vayan a las urnas serán propuestos de manera paritaria por el Ejecutivo (10), el Senado (5), la Cámara de Diputados (5) y el Poder Judicial (10) tras ser valorados por un Comité de Evaluación creado exprofeso. No ganarán más que el Presidente y ya no tendrán pensión vitalicia extraordinaria. Los ministros ya no elegirán a quien los presida puesto que será, por dos años, aquel o aquella que haya tenido más votos entre los electos. Le seguirá el próximo bienio el segundo en tener más sufragios y así, sucesivamente, en orden descendente. Se eliminarán las dos salas que actualmente operan y todos los asuntos se resolverán en el pleno.
Con la nueva Corte integrada, se extinguiría el Consejo de la Judicatura Federal creado con la reforma de Ernesto Zedillo en 1994 y en su lugar se crearían dos nuevas instancias: un órgano de administración judicial integrado por tres personas que durarán seis años en sus puestos y que serían designados uno por el presidente, otro mediante mayoría calificada del Senado y uno más por la Corte con seis de los nueve votos del pleno; y un Tribunal de disciplina Judicial integrado por cinco miembros electos mediante voto ciudadano en los comicios de junio el año próximo.
En esa elección extraordinaria de junio también se elegirá a la mitad de los mil 700 jueces y magistrados y las dos vacantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y todas sus salas regionales. Los actuales magistrados electorales permanecerán en el cargo hasta 2027.
Y es que, para ese año, en la fecha de la elección federal intermedia, se realizará una segunda votación para elegir a los magistrados electorales y la otra mitad de los mil 700 jueces y magistrados. En estos casos, si son muchos los aspirantes al mismo cargo, se seleccionará vía insaculación o tómbola.
¿Crisis constitucional a la vista?
Una reflexión ecuánime, ajena en la medida de lo posible a nuestra ya larga discordia política, obliga a preguntarnos ¿qué es más dañino en lo inmediato para la estabilidad del país, el ya casi inevitable rediseño del Poder Judicial de la Federación o el que, para evitarlo o por lo menos suavizarlo, magistrados y jueces vayan a un paro indefinido a partir del primer minuto del miércoles 21 de agosto próximo.
Ir al paro -lo que se decidirá en la votación convocada para mañana por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito-, no solamente entorpecerá las tareas jurisdiccionales (pese a las guardias regulares que determinaría el Consejo de la Judicatura para atender los “asuntos urgentes”), sino que significará una grave violación a la Constitución por quienes, para colmo, tiene el mandato de defenderla.
Me explico: jueces y magistrados estarían optando por incumplir en la calle, con una huelga en la que sería imposible desmontar su contenido político, el mandato popular mayoritario de reformar la justicia, expresado en las urnas el pasado 2 de junio; y estarían desconociendo el funcionamiento legislativo de mayorías absolutas y calificadas del actual régimen.
Las mayorías absolutas las ganaron Morena y aliados en las urnas y las calificadas están por definirse por interpretación legal. En ese contexto, la Legislatura saliente ha dejado listos los proyectos dictámenes correspondientes de iniciativas de ley que cumplen con la técnica legislativa, para que la naciente los apruebe, los lleve al pleno y eventualmente los apruebe por mayoría calificada.
Que el Poder Judicial desconozca el funcionamiento legislativo de mayorías absolutas y calificadas es una grave violación al orden constitucional de quienes están para cerciorarse de que prevalezca. Eso, dicho de otra forma, es una crisis constitucional. Y más grave aún, que los ministros, magistrados y jueces respaldan las razones que la propiciarían.
Después de meses de discusiones y debates, parece haber un consenso inapelable: nuestro sistema de justicia debe ser reformado. En el fondo, la pregunta sigue siendo si el cambio propuesto por la 4T, sobre todo la elección popular de ministros, magistrados y jueces restará independencia a las decisiones jurisdiccionales. ¿Será que sí porque los togados deberán sus cargos a quienes los propongan y apoyen en la elección? ¿Realmente funcionarán los mecanismos disciplinarios que lo eviten? ¿Cómo se garantizará que serán electos los más capaces? ¿Los actuales mecanismos no comprometen también a los designados con las personas que los propusieron y apoyaron? Por lo pronto hay una verdad de a libra: así como se ha separado al poder político del poder económico hay que separar a éste del poder judicial.
Fue el Estado (1965-1990)
Entre 1965 y 1990, en el contexto de la llamada “guerra sucia”, cuya principal responsabilidad es atribuida al Estado y sobre todo al Ejercito en el contexto de una estrategia militar contra insurgente, quedaron historiográficamente documentadas once mil 743 violaciones graves a los derechos humanos con ocho mil 594 víctimas y 123 mil 44 desplazados forzosamente en 113 diferentes eventos, así como 46 masacres con saldo de 385 muertos.
Estas desgarradoras cifras vienen contenidas en el volumen uno del Informe Final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico “Fue el Estado (1965-1990)” presentado el viernes pasado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, por los comisionados Abel Barrera, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart.
El informe documenta que las violaciones a los derechos humanos no solamente victimizaron a integrantes de los movimientos clandestinos guerrilleros, sino contra comunidades en las ue tenían base social y contra movimientos campesinos y populares.
Al concluir que “fue el Estado”, no solo se atribuye responsabilidad al Ejército, sino a otros grupos represores paramilitares e incluso a agencias estadounidenses como el FBI y la CIA en el contexto de la estrategia contrainsurgente.
Las investigaciones realizadas llevaron a descubrir que importantes fondos documentales de los llamados archivos de la represión de la Secretaría de la Defensa y del disuelto Estado Mayor Presidencial nunca fueron transferidos -según se ordenó en 2018 en la nueva Ley General de Archivos- al Archivo General de la Nación. Según se sabe, los documentos fueron extraídos por personal del Centro Nacional de Inteligencia (el antiguo CISEN), con información vital para el esclarecimiento de esos crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado. ¿Será que como entonces, también ahora se encubre al Ejército?
“El Mayo” hace rodar la primera cabeza
Dos de la FGR de Alejandro Gertz Manero:
1. ¿Por qué investiga por el delito de traición a la Patria la entrega a EE. UU. de Ismael El Mayo Zambada presuntamente hecha por Joaquín Guzmán López alias “el güero moreno”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán? Suena a defensa de capo cofundador de el cártel de Sinaloa, pero el artículo 123 del Código Penal Federal señala que “se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria… al privar ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito”. Esa sería una manera de reclamar la extradición de Guzmán López, pero ya se sembró una mala percepción del hecho, en otra falla de comunicación política.
Y 2. Fue ella la que al echar por tierra la inverosímil versión respaldada en un video de seguridad que deja más dudas que certezas sobre el asesinato del diputado federal electo y exrector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, avaló de alguna manera la versión de Ismael El Mayo Zambada de que fue ejecutado en el mismo lugar donde él fue secuestrado y no en una gasolinería donde pretendían despojarlo de su auto, según las imágenes difundidas. Pero resulta que las periciales confirmaron cutra disparos en las piernas de Cuén y no uno como exhibe el video de marras. Esto llevó a que el viernes renunciara (¿o cesaran?) a la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada y se convirtiera en la primera cabeza que rueda tras las declaraciones de El Mayo desde una prisión de Estados Unidos. ¿Quién seguirá? ¿acaso el gobernador Rubén Rocha Moya pese al respaldo que ha recibido de AMLO y Claudia Sheinbaum?
Instantáneas:
1. El SINALOENSE TORRIBA. Poco se sabe de Jesús Torriba Unger, el esposo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Se conocieron cuando ambos estudiaban física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y fueron novios. Después, cada uno tomó su camino. Él se especializó en análisis de riesgos financieros, actividad que desempeña desde 2017 en el Banco de México. Se reencontraron 32 años después y se casaron en 2023. Es sinaloense. Su apellido, poco común, sugiere posible parentesco con los integrantes del Grupo Torriba, emporio hortícola en la entidad y socio del Grupo Clouthier en el periódico El Noroeste.
2. EL PAPELÓN DE ULISES. Tocará a la justicia determinar si el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado desvió 98 millones de pesos como lo acusa la gobernadora panista en funciones Maru Campos o, si como lo defiende AMLO, se trata de una maniobra política por la cercanía, del también panista, pero muy cercano a la 4T, con Claudia Sheinbaum. Pero el que en medio de ese diferendo hizo tremendo papelón fue Ulises Lara, el encargado del despacho de la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México. Resulta que agentes anticorrupción de Chihuahua llegaron al restaurante capitalino en el que estaba Corral para cumplimentar una orden de aprehensión. El exgobernador hizo un par de llamadas telefónica y de inmediato llegó Lara con agentes de la fiscalía capitalina. Impidieron la captura y se lo llevaron resguardado. Argumentó que había recibido la petición de apoyo de las autoridades chihuahuenses, pero que aun no se autorizaba el operativo. Falso. La Fiscalía de Chihuahua presentó el documento de la fiscalía de Lara en que se daba visto bueno al operativo. Lamentable mensaje de influyentismo e impunidad de la 4T. Y papelón de Lara.
3. “¡NOMÁS PÓNGANME DONDE HAY!”. Ya ni siquiera disimulan en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Estado de México, donde el diputado local Abraham Saoroné Campos, al frente de ella, premió a su cuñada y allegados con dinero de la Legislatura. Según denuncian algunos de sus integrantes inconformes, la actuación de Saoroné Campos es de pena ajena, pues en su carácter de juez (no del Poder Judicial sino de un certamen magisterial), determinó que su cuñada Natali Torres Fonseca era la merecedora de la presea al mérito científico y no por ser la hermana de Yeimi Torres Fonseca, esposa del legislador de Ocoyoacac, sino porque la ganadora no tiene igual en la enseñanza de esos temas. Y ahí les va otra: una más de las premiadas fue Guadalupe Hernández Sánchez, con quien el diputado Saroné Campos ya venía haciendo trabajo político desde hace meses. Nada más recuérdense las manifestaciones de maestros que bloquearon avenidas y se plantaron frente a la oficina de la gobernadora Delfina Sánchez en Toluca. Seguro que, en esas manifestaciones, Guadalupe Hernández Sánchez se ganó su premio “a la inclusión educativa”.
@RaulRodriguezC