Del tamaño del cambio que el gobierno de AMLO pretende en materia de justicia es la confrontación que desde ya provoca entre el gabinete de seguridad, la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial y los legisladores de Morena, el paquete de iniciativas correspondientes cuya entrega al Senado, que será cámara de origen, debió ser pospuesta para el próximo primero de febrero.
Su entrega había sido programada para el miércoles pasado. La Jucopo —convocada por su presidente Ricardo Monreal— sería la anfitriona de los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; así como del Fiscal General, Alejandro Gertz, y del consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
Un primer foco de alerta se encendió entre los líderes de los grupos parlamentarios del Senado al ver que no había presencia de representantes del Poder Judicial, uno de los destinatarios y centralísimo actor de la pretendida reforma. Y otro más cuando nadie daba una explicación —que por cierto nunca se dio— de por qué el secretario Durazo no había llegado a la reunión a pesar de haber sido convocado.
El fiscal Gertz, quien lleva voz cantante en la materia, esbozó junto con el consejero Scherer el contenido de una reforma que involucra catorce artículos de la Constitución y ocho leyes, y cuyas iniciativas finalmente no se presentaron como se tenía previsto.
Todo quedó en el esbozo y en lo que llegó a conocerse por las filtraciones que sobre su contenido hubo previamente, sobre todo en redes sociales. Por eso la Jucopo, a través de Monreal, decidió no pronunciarse hasta conocer su contenido exacto.
México enfrenta una crisis de violencia e inseguridad que no ha podido arreglar. Con un índice de impunidad que alcanza 99 por ciento, es claro el fracaso del modelo institucional del que disponemos en materia de seguridad y justicia.
Hay en el paquete de iniciativas propuestas polémicas respecto al modo en que se pretende sustituirlo. Una sugiere, por ejemplo, intromisiones graves, si no es que francas violaciones, a la separación e independencia de los poderes de la unión. Es el caso de la pretendida creación de un Tribunal Especializado para juzgar a jueces y magistrados que incurran en responsabilidades. Sus integrantes serían nombrados por el Senado, en vez de la Corte o el Consejo de la Judicatura. Respondería, por lo tanto, al Poder Legislativo, no al Judicial.
Otra propone recuperar la ya anulada figura del arraigo (en este paquete hasta por 40 días), insistentemente empujada por el fiscal Gertz y a la que abiertamente se opone la ministra de la Corte en retiro Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación.
Y, por si algo faltara en la ya de por sí complicada relación con los gobernadores sobre todo con la sustitución del Seguro Popular por el Insabi, las posiciones encontradas existentes respecto a la propuesta de crear un código penal único que homologue delitos.
Son más las propuestas polémicas de este paquete de iniciativas que poco a poco iremos conociendo. El asunto es de la mayor importancia y amerita tiempo de análisis y consensos entre todas las partes involucradas. El riesgo está en pretender sustituir un modelo fracasado con otro que desde su concepción apunte hacia el fracaso.
Instantáneas
1. SUELDOS. La ministra de la Corte Yasmín Esquivel Mossa negó al Banxico, al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) las suspensiones solicitadas para que sus funcionarios mantengan un sueldo superior al del Presidente de la República. Argumentó que sus salarios deben apegarse a lo establecido en el Presupuesto 2020 pues, de otra manera, los recursos que se administrarán este año no podrán satisfacer los objetivos para los que fueron destinados.
2. CRUZ AZUL. La confrontación entre la actual directiva de Cruz Azul y un grupo disidente involucró ayer al presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Rafael Anzures Uribe. La dirección de la Cooperativa, encabezada por Guillermo Álvarez, denunció que el hijo del magistrado, Rafael Anzures Ortiz, recibió cerca de 35 millones de pesos el 23 de agosto de 2019, de los disidentes José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez. La operación se realizó en media hora mientras eran tomadas las instalaciones de la Cooperativa mediante un fallo que resultó ser un fraude procesal.
3. DEADLINE. AMLO ya convirtió el próximo primero de diciembre —cuando cumpla dos años de gobierno— en un plazo fatal para evaluar los resultados de su gobierno. Dijo que para esa fecha estarán contenidas inseguridad y violencia, y se ofrecerá atención médica gratuita para todos mediante el Insabi.
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