Nadie en su sano juicio podría ver con malos ojos que un trabajador jubilado reciba como pensión un monto equivalente al cien por ciento de su último salario y no de entre 35 y si bien le va casi 50%, como ha ocurrido ahora con quienes empezaron a laborar en 1997, fecha en la que entraron en vigor las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), un total de diez instituciones financieras privadas que operan hasta la fecha.
Pero sobre aquel planteamiento original hecho por AMLO en el paquete de reformas de ley que anunció el pasado 5 de febrero -no sin muy buenos rendimientos electorales-, la terca realidad ha puesto en su lugar varios aspectos que, para bien o para mal, aprobarán o desecharán los diputados en su sesión plenaria de mañana.
Es precisa la siguiente referencia: los trabajadores que laboran desde antes de 1997 conservan la opción de jubilarse todavía mediante un régimen de reparto de pensiones del IMSS y el ISSSTE (Ley del 73) o por el régimen de cuentas individuales que instaurado durante el gobierno de Ernesto Zedillo dio lugar a las Afores (Ley del 97).
La iniciativa por debatirse mañana propone que quienes cotizan en el IMSS-ISSSTE (Ley 73) accedan como mínimo a una pensión mensual de 16 mil 777 que equivale al salario mensual promedio de 2023. Luego entonces, no todos los trabajadores se retirarán con cien por ciento de su último sueldo, sólo los que ganen esa cantidad o más.
Otro golpe de realidad lo asesta la viabilidad del mecanismo para fondear lo anterior y mejores pensiones que las que entregan actualmente las Afores, lo que implica la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Se habla de varias fuentes de financiamiento: aumento de la cuota a cargo de los empleadores de 5.5 a 13.87%, recursos de la SEDENA y la Marina provenientes de las empresas que administra, y las cuentas individuales de las Afores no reclamadas por sus beneficiarios diez años después de la edad requerida para la jubilación, esto es, entre los 70 y los 75 años. Esa prescripción a favor del IMSS ya está considerada en la actual legislación (artículo 32 de la Ley del Seguro Social), pero el plazo para ello corría a partir de la jubilación.
Si bien se estima con alguna certeza que muchas de esas cuentas no reclamadas podrían corresponder a personas fallecidas, también es cierto que hay quienes a los 70 años no se han jubilado porque aún no quieren hacerlo. Entonces perderían su derecho constitucional a una pensión. Pero otros, con mente más maliciosa, ven en esa prerrogativa legal el inicio de una política en la que el gobierno estaría metiéndose con el ahorro de los trabajadores.
Datos de la Comisión Nacional de Ahorros para el Retiro ayudan a poner en perspectiva este tema:
Las Afores administran un total de 74 millones 506 mil 314 cuentas por un total de 6.11 billones de pesos, esto es el 19.2% del PIB. De ese número total de cuentas, 5.5% (cuatro millones 97 mil 325) corresponden a ahorros no reclamados por trabajadores de 70 años o más que ya no tienen una relación laboral activa. De manera que algo así como 44 mil millones de pesos (0.4% de todos los recursos administrados por las Afore son los que en este momento pasarían al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Muchos se preguntan si esos mecanismos de fondeo serán suficientes para financiar a los jubilados del país problema de fondo que se viene planteando desde hacer varios gobiernos.
Por lo pronto súmese a este coctel la enorme suspicacia que levantó el hecho de que el dictamen correspondiente aprobado en la Comisión de Seguridad Social haya llegado con cambios no avalados por la oposición a la discusión del pleno, lo que obligó a reelaborarlo para su discusión mañana en el pleno.
“En caso de que el trabajador cumpla setenta y cinco años sin que este y, en su caso, sus beneficiarios hubieren ejercido su derecho a recibir los recursos descritos en este artículo, el Fondo de la Vivienda deberá transferirlos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Lo anterior no será aplicable a los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el Instituto”, decía la iniciativa aprobada por mayoría el pasado lunes 15 de abril en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
No obstante, el documento presentado el pasado 17 de abril ante el Pleno señalaba lo siguiente: “En caso de que el trabajador cumpla setenta y cinco años sin que este y, en su caso, sus beneficiarios hubieren ejercido su derecho a recibir los recursos descritos en este artículo, el Fondo de la Vivienda deberá transferirlos al Fondo de Pensiones para el Bienestar”.
Corregido el dictamen el viernes pasado, mañana a la una de la tarde en San Lázaro iniciará su debate en el pleno.
Instantáneas:
1. TUFO A CORRUPCIÓN. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha abierto una investigación sobre operaciones cuestionables en varios estados del país, algunos de ellos gobernados por políticos de la 4T (Zacatecas y Baja California) y otros por la oposición (Chihuahua). En esa investigación aparece repetidamente el conglomerado empresarial “Grupo Cimarrón”, de Teodoro Martínez Ramos y Teodoro Martínez Ruiz, que ofrece un amplio rango de servicios: desde útiles escolares, y equipamiento a policías y bomberos, hasta el desarrollo de software y la venta de alimentos y medicinas. Auditores a cargo de la investigación explican que “Grupo Cimarrón” llamó la atención en las altas esferas de la ASF por su estrategia de ventas basada en facilitar a los servidores públicos darle vuelta a la política de austeridad republicana del gobierno. ¿Será?
2. DEBATE CHILANGO. El de esta noche, segundo de los tres programados, será determinante no solo para saber si el aliancista Santiago Taboada mantiene una tendencia al alza en las preferencias electorales capitalinas o si la morenista Clara Brugada ha logrado revertir un estancamiento que, sin embargo, aún la mantiene en ventaja. También lo será para la campaña presidencial, pues corroborar cualquiera de esas dos posibilidades sería oxígeno puro para las aspiraciones de Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. A las dos y al candidato del MC Jorge Álvarez Máynez les fue bastante bien en la convención bancaria de Acapulco.
3. NEGLIGENCIA Y CINISMO. Por cierto, la negligencia y el abuso que han caracterizado la gestión de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez para atender los efectos destructivos de “Otis” hizo eco en la convención de banqueros con la denuncia pública de que la edil morenista y sus funcionarios piden hasta 500 mil pesos para otorgar los permisos de reconstrucción de condominios destruidos por el huracán. Este señalamiento de extorsión -que en nada ayuda y empaña los esfuerzos de los gobiernos estatal y federal, así como del empresariado y los propios acapulqueños, para levantar a Acapulco y recuperar eventos de primer nivel- fue llevado a los banqueros por Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial. Una verdadera vergüenza. Si no ayuda que no estorbe.
4. FUROR EN LA CUAUHTÉMOC. Parece que la exhibida que le dio Alejandra Rojo de la Vega a la menor de los Monreal en el pasado debate por la alcaldía Cuauhtémoc al que convocó el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) caló hondo en ella y su equipo cercano. Les preocupa el furor que causó en las redes sociales el que la aspirante opositora aliancista haya afirmado que la hija del senador Ricardo Monreal y ahora candidata morenista, es dueña desde los 16 años de siete gasolineras. Algunos dicen que no hay otro ejemplo así entre los habitantes de la Cuauhtémoc y otros se preguntan que si llegara a ser alcaldesa ¿de que más se hará dueña?
5. PLAYA LLENA, CORAZÓN CONTENTO. Dada la importancia que tiene el municipio de Solidaridad, mejor conocido como Playa del Carmen, en el potente ecosistema turístico de Quintana Roo y la Riviera Maya, vale la pena estar atentos a la competencia electoral en busca de la presidencia municipal. La candidata opositora Estefanía Mercado ya puso en la mesa varias propuestas concretas: el plan “playa llena, corazón contento”, en apoyo a comerciantes y locatarios; mayor promoción de eventos y festivales; nuevo plan de desarrollo urbano para mejorar la infraestructura; seguridad próxima y mejor coordinación con los niveles de gobierno estatal y federal.
6. En medio de la discusión por la reforma a las pensiones, tuvo una muy activa participación en el Senado la directora general de Incorporación y Recaudación del IMSS, Norma Gabriela López Castañeda, hecho que contrasta con la pasividad con la supuestamente está atendiendo la denuncia que hace meses recibió respecto a los miles de trabajadores que prestan sus servicios para las empresas del cártel de la limpieza que encabeza José Juan Reyes Domínguez y que no están inscritos al IMSS. La directora López Castañeda hoy tiene el asunto a su alcance y sin depender de terceros, pues en diciembre pasado el nuevo sistema IMSS BIENESTAR les otorgó los contratos a nivel nacional de la licitación IA-47-AYO-047AY0954-N-28-2023 repartiendo poco más de dos mil 600 millones de pesos de la siguiente manera: a DROG-BA CIA mil 546 millones, TASEFI 660 millones, a LAMAP 301 millones y a Servicios de Limpieza Inmobiliaria y Urbana 190 millones, por lo que nuevamente surge la pregunta ¿por qué esos miles de trabajadores no están registrados en el IMSS?
@RaulRodriguezC
