¿Hacia dónde va AMLO al decir que promoverá una “renovación tajante” del INE y del Tribunal Electoral? ¿Por qué lo hace? ¿Acaso porque ve insuficiencias y/o parcialidad en sus estructuras y actuación, disfuncionales ya para el avance democrático del país? ¿O quizás, por el contrario, porque pretende tomar su control, en demérito de la autonomía de esas instituciones, impulsado —como dijo ayer mismo Lorenzo Córdova— por “rencores, filias y fobias personales”?
Algunas respuestas pueden encontrarse en la iniciativa que Morena presentará a la próxima Legislatura, vía su coordinador parlamentario en el Senado, Ricardo Monreal, no solo para el rediseño del INE y el TEPJF, sino para llevar a cabo una amplia reforma político-electoral que modificaría seis artículos de la Constitución; aunque el Presidente dijo ayer, enterado de que vendría esa propuesta, que será él quien la envíe al Congreso, lo que evidencia, por cierto, las crecientes tensiones entre AMLO y Monreal.
Mientras se conoce cómo vendrá la propuesta de López Obrador, sería ilustrativo reparar en los puntos principales de la iniciativa del coordinador de los senadores de Morena.
En cuanto a los órganos electorales, propone su renovación completa y el rediseño de su conformación:
1. El Consejo General del INE se reduciría de once a siete consejeros y su presidencia se rotaría entre ellos cada tres años, no los nueve improrrogables de ahora. Además, desaparecerían los Organismo Públicos Locales Electorales (OPLES), cuyas funciones pasarían a formar parte del propio INE.
Y 2. La Sala Superior del TEPJF se reduciría de siete a cinco magistrados. Además, desaparecerían los Tribunales Electorales Locales para crear Salas Locales.
El argumento central de esta renovación es la austeridad republicana, reducir costos de lo que la iniciativa considera uno de los sistemas electorales más costosos del mundo y alinear las percepciones de sus funcionarios al principio constitucional de que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República.
Los consejeros del INE y los magistrados del TEPJF que hayan sido nombrados en 2020 podrían participar nuevamente en el proceso de designación y a los anteriores se les garantizaría, mediante un transitorio, cubrir sus remuneraciones por el tiempo que les queda en el encargo, a fin de no afectar sus derechos laborales.
Otros aspectos relevantes de la iniciativa de reforma política electoral que propondrá la fracción senatorial de Morena son:
1. La ampliación de los derechos ciudadanos en materia de democracia directa, de manera que, a instrumentos ya aprobados como la iniciativa ciudadana, la consulta popular y la revocación de mandato, se sumen otros como el del referéndum y el plebiscito.
2. La derogación de la norma que impide a personas con doble nacionalidad participar como funcionarias electorales y de la que suspende derechos ciudadanos a quien esté sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión. De manera que, en este último caso y en atención al principio de presunción de inocencia, solo perdería esos derechos hasta haber sido sentenciada.
3. La creación de un catálogo de sanciones específicas en materia electoral, la incorporación de nuevas conductas sancionables como el incumplimiento por parte de permisionarios y concesionarios de medios de comunicación de los promocionales pautados por autoridades y partidos políticos; y la incorporación de la violencia política de género como causal de nulidad en la elección.
4. La creación de un sistema de medios de solución alternativa de conflictos internos de los partidos políticos y la conformación de una Unidad Especializada de Fiscalización del INE, con autonomía e independencia de sus decisiones.
Y 5. La eliminación de las 32 senadurías electas por representación proporcional para que la cámara alta quede conformada por 96 escaños (64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría); así como la reducción a la mitad (de 200 a 100) de los diputados plurinominales, de manera que la cámara baja quede conformada por 400 miembros (300 de mayoría relativa y 100 de representación proporcional).
Falta conocer la iniciativa que entregará AMLO y que, según dijo, elaborará con expertos en la materia (nada más faltaba que no). La propuesta de Monreal, por lo pronto, da una idea de hacia dónde se encamina la reforma político-electoral que pretende la 4T en el segundo tramo de este gobierno.
Claro está que, en cualquier caso, deberá ser avalada por una mayoría calificada del Congreso, ya que se trata de reformas constitucionales, y la conformación de la nueva Legislatura, la LXV, dificultará ese tránsito, pues Morena y aliados ya no completan por sí solos las dos terceras partes de los votos necesarios.
Una escena de lo que se viene la pudimos ver en días pasados en la ya agonizante LXIV Legislatura, en la que el proyecto de la 4T dispuso de las mayorías necesarias para las reformas constitucionales impulsadas por su gobierno. El llamado bloque de contención conformado por la oposición PAN-PRI-PRD y el MC, impidió en repetidas ocasiones que la Comisión Permanente convocara a otro periodo extraordinario que votara la ley reglamentaria de la revocación de mandato. Simple y sencillamente le dieron palo. Acaso por eso AMLO se veía ayer francamente contrariado.
Instantáneas:
1. OTRO REVÉS a Morena salió ayer desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó un recuento total de los votos emitidos en la elección de la gubernatura de Campeche. Esto implicará abrir las urnas en todas las casillas de los 21 distritos electorales, antes del 16 de septiembre, fecha prevista para la toma de posesión del Ejecutivo local. La sentencia fue propuesta por la magistrada ponente Janine Otálora y contó con el voto a favor de los magistrados Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata, con el argumento de que el recuento total dará certeza a los resultados de la elección. En contra votaron José Luis Vargas, Mónica Soto e Indalfer Infante, quienes se manifestaron en desacuerdo porque el partido que impugnó, Movimiento Ciudadano, solo había pedido el recuento en 13 de los 21 distritos electorales. El líder de Morena, Mario Delgado reaccionó con un tuit en el que dijo: “Sigue el TEPJF con su robadera” al poner en duda el triunfo de su candidata Layda Sansores, quien apenas el miércoles pasado recibió su constancia de mayoría.
2. Y TAMBIÉN AL VERDE. El Tribunal Electoral ratificó por unanimidad que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) —hasta ahora aliado de Morena— debe pagar una multa de casi 41 millones de pesos por la campaña de influencers en plena veda electoral y perderá el derecho a espacios en radio y televisión durante un año, luego de confirmar que cometió actos ilícitos que se agravan por la reincidencia.
3. TRAICIÓN Y CHAPULINEO. Alfonso Martínez Córdoba, quien hasta hace un año fue coordinador general de Comunicación Social del gobierno de Oaxaca, no esperó para clavar un puñal en la espalda a su exjefe y “amigo”. Hoy tiene un intenso trabajo de cabildeo a favor de la senadora Susana Harp, una de las precandidatas de Morena al gobierno del estado.
4. CLASES. En el debate sobre el regreso a clases presenciales planteado por la SEP para el próximo 30 de agosto, en medio de los contagios pico de Covid19, nadie parecer poner en duda la urgencia de que los niños vuelvan a la escuela. Han sido muchos los efectos psicosociales negativos que ha generado un año y medio de encierro y aislamiento en casa por la pandemia. El regreso planteado, sin embargo, no parece contar con las medidas sanitarias necesarias para reducir al mínimo los riesgos de contagio de maestros y educandos. Y un punto crucial es el del estado de las escuelas que, según se sabe, se encuentran en una situación deplorable durante este largo cierre. Hay en el país 233 mil 163 escuelas: 34 mil 432 privadas y 198 mil 731 públicas. Muchas de estas últimas han sufrido vandalismo y no tienen regularizados servicios básicos como luz y agua. No están aún en condiciones de abrir sus puertas a niños y jóvenes.
5. BIENESTAR. Una reciente encuesta de Arias Consultores mide la percepción de bienestar entre la población de los diferentes estados de la República. En promedio, 39.6% lo percibe bueno, 52% regular y 8.4% malo. El estado con el mayor porcentaje de percepción de bienestar es Oaxaca con 58.7%, muy buen puntaje para el gobernador priista Alejandro Murat. Lo siguen Tamaulipas y Durango, donde los gobernadores panistas Francisco Javier García Cabeza de Vaca y José Rosas Aispuro, respectivamente, también han llevado a cabo políticas públicas que hacen que la percepción de bienestar de sus gobernados sea buena: 57.3% y 52.3%. Los estados con la menor percepción de bienestar son Tlaxcala con 34.4%, Chiapas con 32.7% y la Ciudad de México con 18.8%. El primero de ellos es gobernado por un priista y los otros dos por morenistas.
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