La ministra Yasmín Esquivel Mossa y el ministro Alberto Pérez Dayán proyectan, para el 2 y el 9 de octubre próximos, desechar los amparos interpuestos por Ricardo Salinas Pliego para no pagar los adeudos fiscales que le demanda el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Al ser desechados, el empresario deberá pagarle al fisco un poco más de 34 mil millones de pesos en créditos fiscales.
Los amparos promovidos por una de las compañías más emblemáticas del Grupo Salinas serán discutidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en las referidas fechas, confirmó a esta columna la ministra Esquivel Mossa.
En su ponencia está radicado el caso de un crédito fiscal de mil 431 millones 466 mil 605 pesos y en la del ministro Pérez Dayán el de otro adeudo al fisco por 33 mil 306 millones 406 mil 349 pesos.
Grupo Salinas alega inconstitucionalidad en los procedimientos de cálculo de los impuestos que paga, lo que rechazan los proyectos de sentencia de Esquivel Mossa y Pérez Dayán.
Es sobre esa base que sustentan los proyectos que desechan los amparos y que serán votados por los referidos ministros y los otros integrantes de la Segunda Sala de la Corte: Lenia Batres, Javier Laynez y Luis María Aguilar.
Este último ha sido acusado por López Obrador en sus mañaneras de haber retenido al menos ocho meses el expediente de los créditos fiscales de la compañía de Salinas Pliego e incluso de proyectar una resolución que perdió en el pleno y en la que proponía el no pago de 25 mil millones de pesos de impuestos.
Las diferencias entre AMLO y Salinas Pliego han escalado durante los últimos meses. Este último ha declarado que nunca ha dejado de pagar impuestos, es más, que paga muchísimos, cantidades obscenas y que el gobierno ha utilizado al SAT para extorsionar empresarios.
Resultados ya
La resolución de estos casos en el sentido proyectado, es decir, que Salinas Pliego pague esos 34 mil millones de pesos, se dará a conocer con la reforma judicial y el rediseño de la Corte ya aprobados y en marcha, pero en un período transicional en el que los procedimientos jurisdiccionales seguirán vigentes como hasta ahora.
Pero también ocurriría al día siguiente de que tome posesión la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aunque se tratará de una resolución de la Corte, la percepción popular la atribuirá a la llegada de la nueva mandataria quien, tras este vertiginoso cierre de sexenio, tiene por delante la obligación inmediata de mostrar resultados concretos en el hándicap que todos esperan de sus primeros cien días de gobierno.
Falta por ver todavía si, como todo indica, la reforma constitucional a la justicia es promulgada el día de hoy, pues el viernes se conoció la resolución del juez segundo de distrito en Colima quien otorgó una suspensión provisional que bloquea la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación.
Desde la oficina de la presidenta y a través de Ernestina Godoy, quien será su consejera Jurídica se asegura que dicho recurso promovido por la asociación civil Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, es “notoriamente improcedente” ya que las reformas constitucionales, una vez aprobadas por el Congreso de la Unión y los Congresos locales (Poder Constituyente), no están sujetas a impugnaciones por parte de jueces, ya que la Constitución dice claramente que no pueden ser bloqueadas por una resolución judicial.
Sin embargo, aquí le comenté en entregas anteriores de una tesis del ministro en retiro José Ramón Cosío con la que argumentó a favor de su procedencia. Se trata del voto particular en la acción de inconstitucionalidad 168/2007 y su acumulada 169/2007 en el que, contra la opinión generalizada de sus pares, considera que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas ante la Corte dado el carácter de ésta de Tribunal Constitucional.
¿Qué sigue del Plan C?
Aprobada la reforma judicial, asunto medular del llamado Plan C de la 4T, hay señales encontradas respecto al seguimiento en lo que resta de septiembre de las otras iniciativas de reforma propuestas por AMLO el pasado 5 de febrero.
Aunque el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la JUCOPO de la Cámara de Diputados y ojos, oídos y boca de Claudia Sheinbaum en San Lázaro, ha dicho que se tiene previsto para después de septiembre el procesamiento de las otras reformas, parece que la semana que mañana inicia se tratarán las propuestas que tienen que ver con pueblos originarios y probablemente, si se impone el criterio de AMLO y de Ricardo Monreal, la de la Guardia Nacional.
Acaso Sheinbaum pueda imponerse, así como lo hizo con la iniciativa de reforma electoral, y consiga abrir más el tiempo para el tratamiento de la iniciativa de desaparición de los Organismos Constitucionales Autónomos como en el INAI.
Hay quienes sin embargo le apuestan a que este tema estará siendo abordado en San Lázaro la semana del 23 de septiembre. Ya veremos.
Instantáneas:
1. ACLARACIÓN Y RÉPLICA. Debo a todas las personas lectoras de esta columna la aclaración sobre un hecho tergiversado por quien esto escribe, que derivó en una interpretación errónea en la anterior entrega de este Gran Angular. Escribí que Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI habría “amarrado” el apoyo del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para que, llegado el momento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avalara la reforma estatutaria que impulsó para poder reelegirse hasta por tres períodos consecutivos, en la cena convocada el pasado 12 de diciembre por la presidenta de la Corte Norma Piña en casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para limar asperezas con los magistrados electorales y en la que el dirigente del partido tricolor apareció extrañamente como invitado. Reyes Rodríguez Mondragón no asistió a esa cena. Estuvieron en ella la ya magistrada presidenta Mónica Soto y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, quienes recién habían conseguido en la Sala Superior la remoción y sustitución de Rodríguez Mondragón como presidente del máximo tribunal electoral. De manera que, en todo caso, si es que hubo algún “amarre” del líder priista al que esta semana el INE le desconoció la reforma estatutaria porque la hizo todavía dentro del proceso electoral federal, éste habría sido con los magistrados electorales asistentes a aquella cena. Corroboro con esto el contenido de la réplica que en su derecho hizo llegar a esta columna el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
2. AYOTZINAPA: ROMPER EL PACTO DE SILENCIO. A diez días de que se cumplan diez años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, y en momentos en que la comunicación de sus padres con el gobierno federal no pasa por su mejor momento, iniciará mañana una campaña en anuncios espectaculares y spots de radio que tiene el objetivo de romper el “pacto de silencio” que los familiares de las víctimas han denunciado que existe sobre su paradero. En la campaña se ofrecerá una recompensa a quien aporte información sobre los normalistas desaparecidos, siempre y cuando sea confiable, explicó Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43. Este fue un resultado de la segunda reunión que con ellos sostuvo la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Otro fue otorgarles, a la brevedad, acceso a servicios de salud mediante un esquema que ya implementa el equipo de la mandataria estatal.
3. LE PIDEN DESHACERSE DE RÉMORAS. Desde su nombramiento como próxima secretaria de Energía, Luz Elena González ha generado muchas y grandes expectativas. Propios y extraños confían en que su reconocido desempeño y larga trayectoria pondrá orden en una de las dependencias más importantes del gobierno federal. En el sector le recomiendan poner ojo en cuestionados funcionarios como José Samuel Sánchez Reyes quien fue despedido de Petróleos Mexicanos en 2003, pero al que rescató y posicionó la entonces secretaria de Energía y hoy gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle en la dirección general de Normatividad en Hidrocarburos de la dependencia, pese a una serie de señalamientos en su contra por corrupción, nepotismo y abuso de poder. Sobre Sánchez Reyes pesa también el señalamiento de haber otorgado una serie de contratos que obedecían a intereses personales, incluidos algunos con la brasileña Odebrecht cuando ya había denuncias de sobornos contra sus directivos, relacionados con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Si el objetivo de esta y de la próxima administración es terminar verdaderamente con la corrupción, Luz Elena González tendrá que enfocar una parte de su energía en sanear una dependencia que arrastra un historial opaco y deshacerse de rémoras.
4. PROVOCACIÓN DESDE TEXCOCO. En Toluca, la capital mexiquense, parece haber quedado claro que el grupo político de Texcoco que encabezan Higinio Martínez y Nazario Gutiérrez es el que incita las movilizaciones sin sustento de transportistas irregulares. Autoridades del gobierno que encabeza Delfina Gómez detectaron que servidores públicos operan en complicidad con Luis Alejandro Bernal Sánchez, presidente del llamado Bloque de Trasportistas del Valle de Toluca y leal al Grupo Texcoco. De acuerdo con información de la secretaría mexiquense de Movilidad, unas de las funcionarias implicadas es Mónica Yahel Bernal Romero, hija del mencionado líder de transportistas. Dice el reporte que ella, en complicidad con Gabriel Gerardo García Reyes, director general del Registro Estatal de Transporte Público, fue descubierta realizando trámites fuera del marco normativo, en beneficio del grupo de transportistas que encabeza su padre. Este caso de corrupción y conflicto de interés y las sanciones aplicadas por la Secretaría de Movilidad, han dado lugar a que Bernal Sánchez azuce protestas, pintas y bloqueos del grupo de transportistas que encabeza.
@RaulRodriguezC