El pleno del Senado debatirá la semana próxima, antes de que termine su periodo ordinario de sesiones, la iniciativa que pretende “asegurar que las instituciones financieras del país sigan cambiando dólares en efectivo a migrantes y turistas extranjeros, y que mandata al Banxico a actuar como banco de última instancia para que compre los dólares excedentes y los integre a las reservas internacionales o pueda repatriarlos a Estados Unidos”.
La iniciativa —cuyo dictamen fue aprobado el viernes pasado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público— ha generado gran controversia, sobre todo por el peligro advertido por el propio Banco de México de que dicha reforma abra la puerta al ingreso de “flujos de efectivo provenientes de actividades ilícitas, lo que puede representar un riesgo importante para el sector financiero nacional en su interacción con el sistema financiero internacional”.
Aún más: exponer al banco central a “acciones cautelares y sanciones por parte de autoridades del exterior”, como la prohibición de llevar a cabo transacciones en moneda extranjera en sus jurisdicciones, el congelamiento de cuentas y recursos e incluso la confiscación de los mismos.
Esta reacción, compartida por representantes del sector financiero, dio lugar a que la Junta de Coordinación Política del Senado accediera a una reunión técnica entre el Banxico, la Secretaría de Hacienda, la Asociación de Bancos de México y la comisión correspondiente de la cámara alta, que tuvo lugar ayer. De ella resultaron propuestas que los legisladores prometieron incorporar.
Los argumentos de ambas partes merecen atención para tratar de entender este complejo dilema entre dos visiones diferentes respecto a un mismo problema: una de carácter social y la otra de técnica financiera.
El caso de las remesas que envían los migrantes mexicanos de Estados Unidos es el más relevante. Hablamos de 36 mil millones de dólares en 2019 y poco más de 40 mil millones de dólares en este año. Banxico asegura que 99% de ese flujo de divisas ingresa por transferencias electrónicas, pero el senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda, asegura que al menos 5% del total son dólares en efectivo que entran al país cuando los paisanos visitan a sus familias a mediados o a finales de cada año.
El legislador argumenta que en el sistema financiero mexicano hay una acumulación de dólares derivada de las medidas restrictivas del gobierno de Estados Unidos, intensificadas desde 2012, contra operaciones con recursos de procedencia ilícita. Bancos norteamericanos que hacían operaciones con dólares desde México, dejaron de hacerlas por temor de contravenir esas rigurosas medidas y ser severamente sancionados.
Por otra parte, la fuerte cantidad de dólares en efectivo que recibe México por remesas y turismo, es comprada por los bancos mexicanos para cambiarlos por pesos, pero después no pueden ser vendidos (repatriados) a Estados Unidos (como utilidades o pago de deudas), ante las restricciones impuestas por el vecino país.
Armenta explica: “Si estas restricciones continúan, los bancos que operan en el país dejarán de comprar dólares a migrantes y turistas por la imposibilidad de venderlos posteriormente, lo que afectaría a los paisanos y a 10 millones de familias, que se verían obligados a cambiar los dólares que traen en efectivo en el mercado negro, con una merma de hasta cinco dólares en el cambio”.
En ese sentido, la propuesta de la iniciativa es que esos dólares excedentes, más los que se decomisan aquí a la delincuencia organizada, sean comprados por el Banxico para su repatriación y/o para ingresar a las reservas internacionales. De sus remanentes —periódicamente entregados a Hacienda— los derivados de remesas, turismo y aseguramientos se destinarían a los programas sociales federales o a fondos de apoyo a víctimas del delito.
El Banco de México insiste en que es muy alto el riesgo de que recursos de procedencia ilícita se incorporen en el circuito del sistema financiero, pero los promotores de la iniciativa consideran que el país ya dispone de los mecanismos para evitarlo y que están dispuestos a reforzarlos, incorporando en artículos transitorios las herramientas propuestas en la reunión sostenida ayer en el Banco de México.
Para el sector académico, el problema radica en que esta reforma envía la señal de que ya se abrió la rendija a futuros cambios contra la autonomía del Banxico. “En política no hay casualidades”, recuerda el maestro Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM.
Instantáneas:
1. SUBGOBERNADORA. En el contexto de este debate, cobra relevancia la propuesta que AMLO dijo hará hoy al Senado de una subgobernadora para el Banco de México. Se menciona mucho a Raquel Buenrostro, aunque parece remoto que el Presidente prescinda de ella en el SAT, donde propios y extraños le reconocen un buen trabajo. Esta sería la tercera propuesta que haría AMLO para una subgubernatura del banco central. Los dos primeros fueron Jonathan Heath y Gerardo Esquivel. La tercera haría mayoría en la Junta de Gobierno del Banxico, conformada por cinco integrantes.
2. NESTORA. La siempre polémica dirigente social y hoy senadora con licencia, se registrará hoy a las diez de la mañana como precandidata de Morena al gobierno de Guerrero. Dicen los que saben que hay por lo menos veinte aspirantes entre los destacan Pablo Amílcar Sandoval, exdelegado federal en la entidad y hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval; la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, y el exalcalde del puerto, Luis Walton. Todo parece indicar que Félix Salgado Macedonio ya hizo a un lado sus aspiraciones con Morena y buscará la candidatura en Movimiento Ciudadano.
3. ¡AY CHIHUAHUA! Por cierto, la definición de la candidatura de Morena en Chihuahua se vislumbra de pronóstico reservado. El considerado favorito, Cruz Pérez Cuéllar, parece que llegó a su tope en el nivel de conocimiento entre los chihuahuenses, pese a la exposición pública que tuvo como candidato en 2016 y en los últimos años como senador. Y es que de acuerdo con una encuesta de SIMO Consulting, el también senador con licencia y consejero de Pemex, Rafael Espino, tiene mayores posibilidades de crecimiento que Pérez Cuéllar y Juan Carlos Loera. A este último parece que le está pasando factura su estrategia de posicionarse mediante el uso de recursos y programas a su alcance cuando fue súper delegado.
4. ALARMA. La industria farmacéutica nacional, representada por la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF), sostuvo ayer una reunión con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para conocer sobre la licitación de medicamentos para el próximo año. La AMELAF ve con preocupación los resultados presentados, ya que muestran su preferencia por la industria farmacéutica extranjera.
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