En medio de los ajustes fiscales que se propone el gobierno para mejorar la captación de recursos, la fracción de Morena en el Senado presentó el miércoles pasado una iniciativa para gravar con la tasa general del IVA (16%), los servicios digitales de contenido audiovisual (conocidos como “Over the Top” u OTT), prestados por empresas extranjeras sin residencia en el país.
Es el caso de Netflix, iTunes, Spotify, Amazon Prime, YouTube Red y HBO GO, entre otros, que dan ese servicio vía Internet o mediante tarjetas de prepago y la intención es que paguen, por lo menos, los mismos impuestos que ya enteran las empresas locales que lo prestan.
Lo que propone la iniciativa es que en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) esas empresas (cuyos servidores de Internet están en el extranjero, pero venden contenidos audiovisuales que se consumen en el país) sean explícitamente consideradas contribuyentes, que por lo tanto estén fiscalmente obligadas y que la recaudación del impuesto se haga al momento de que se realice el pago por la prestación del servicio. Si dicho pago se hiciere con tarjetas (crédito, débito, departamentales o prepago), los bancos u otros emisores de ellas, deben realizar la recaudación del gravamen que empezaría a cobrarse en enero del año entrante.
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) estima en poco más de tres mil 500 millones de pesos anuales la recaudación potencial de servicios digitales, considerando únicamente los ingresos que obtienen cuatro de las principales empresas extranjeras por la prestación de ese servicio. Ese monto es 5.7 veces mayor que el presupuesto asignado este año al programa de conectividad Internet para Todos. Se trata de un impuesto vigente (IVA) pero en el que la ley correspondiente es omisa. Países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay ya lo cobran y en la OCDE y la Unión Europea ya se negocia un mecanismo conjunto para hacerlo.
La cobertura de las llamadas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) registra un crecimiento sostenido. De acuerdo con la más reciente encuesta del Inegi sobre la materia (2018), 74.3 millones de mexicanos mayores de seis años (65.8% de la población) son usuarios de Internet y según la SCT (2019), 83.1 millones (73.5% de la población) lo son de telefonía celular.
Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, del total de usuarios de Internet, 58.1 millones utilizan plataformas para acceder a contenidos audiovisuales. La consultora Competitive Intelligence Unit informa que son 8.3 millones las suscripciones pagadas a servicios OTT de video que habilitan a 28.3 millones de personas, mientras que son 14.4 millones las suscripciones pagadas a las OTT de servicios de audio y música que habilitan a 42.5 millones de usuarios. En ambos casos las principales operadoras de esos servicios son empresas extranjeras: Netflix (video) y Spotify (música), con una participación de mercado de 82.7% y 97%, respectivamente.
El senador morenista Ricardo Monreal, promotor de esta iniciativa, que el IVA se aplicaría a las ganancias de las OTT extranjeras no a los usuarios del servicio prestado. La pregunta es si éstas no acabarán por derivarlas en precios al consumidor. Y si usted ve las estadísticas referidas en esta columna, colegirá con quien la escribe que no es una pregunta fifí.
Instantáneas:
1. CONTENIDO NACIONAL. La iniciativa de marras también propone reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que obligan a las OTT extranjeras y locales a contar dentro de sus catálogos con al menos 30% de contenidos nacionales.
2. SURESTE. Otra iniciativa morenista, esta del senador Eduardo Ramírez Aguilar, propondrá reducir el IVA de 16 a 8% en los estados del sureste del país para reactivar sus economías, captar más inversión y generar empleos. No sólo aplicaría en estados de la frontera sur, sino que se extendería a otros como Campeche y Tabasco.
3. DELATORES. En línea con las reformas aprobadas por el Senado que castigan como delincuencia organizada la creación de empresas fantasma y la facturación falsa para evadir al fisco y a la defraudación fiscal como delito contra la seguridad nacional, el gobierno de la 4T propuso a la fracción de Morena en la Cámara de Diputados crear la figura de “tercer colaborador fiscal” para obtener información relacionada con esas infracciones. El asunto es persecutorio. Acaso nos convertiremos en delatores unos de otros. Suena a regímenes autoritarios.
