Ahora resulta que la elección de las cuatro consejerías del INE, incluida la de su presidente, para remplazar a quienes concluyen en abril próximo su gestión dentro del Consejo General del órgano electoral , apunta a resolverse mediante una especie de tómbola cargada por Morena.
No se trata, por cierto, de otra ocurrencia o reforma de AMLO , pues recuérdese que los cambios a la Constitución que propuso sobre la materia fueron rechazados por el Congreso y que su llamado Plan B, que solo toca leyes federales, fue regresado al Senado por la Cámara de Diputados.
Se trata, entonces, de mecanismos previstos en la legislación vigente. Pero ocurre que lo que anteriormente se dirimió mediante negociaciones y acuerdos políticos de cuotas partidistas en la designación de consejeras y consejeros electorales, ahora se sujetará a los mecanismos previstos en la norma correspondiente, donde resultará aplastante el peso de la mayoría. Trataré de explicar algo que en lo personal me resultó enredado y que permite vislumbrar encendidos jaloneos en San Lázaro a partir del 3 de febrero próximo.
La ley mandata que se designe un Comité Técnico de Evaluación (CTE) que revisará perfiles y propondrá quintetas por cada consejería a designar, conforme a la idoneidad de los aspirantes. Los tiempos y procederes de dicho Comité fueron aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados (449 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones) el pasado 13 de diciembre.
El CTE deberá contar con siete integrantes: dos propuestos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dos por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y tres por la Cámara de Diputados.
En este último caso, es previsible que el peso mayoritario de Morena imponga a través de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro (Jucopo), a por lo menos dos de los tres representantes de la legislatura que sumados a los dos propuestos por la CNDH, proclives a la 4T, den cuatro de los siete votos requeridos por el CET para la integración de las listas de aspirantes a las cuatro consejerías electorales.
La instalación del CET debió realizarse entre el 22 de diciembre y el seis de enero pasado, según el acuerdo del pleno de la Cámara de Diputados del pasado 13 de diciembre, pero no se cumplió el plazo por dos razones: la impugnación de algunos de los designados y una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que, para su acatamiento, obligó a la cámara baja a detener el pasado 2 de enero el proceso, hasta que inicie el período ordinario de sesiones el primero de febrero próximo.
Vamos por partes.
La CNDH propuso para el CET al académico veracruzano Ernesto Izunza Vera y a María del Socorro Puga Luévano. De ésta última la oposición a puesto en duda su idoneidad para el cargo, sobre todo porque en su currículo se presenta como certificada en Yoga de la Risa por Hilarante México (¿?). Ante esto, la Comisión de Derechos Humano propuso en lugar de Puga Luévano a la candidata a investigadora del Conacyt, Araceli Mondragón González.
En INAI, a su vez, designó a los académicos María Esther Azue la y Sergio López Ayón. Éste último, ex director del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), ha sido impugnado por Morena por sus posiciones críticas a la reforma electoral propuesta por AMLO y por ser promotor de la marcha en defensa del INE y el árbitro electoral, realizada en la Ciudad de México el pasado 13 de noviembre.
Entre tanto, el TEPJF revocó el pasado 23 de diciembre el acuerdo tomado por el pleno de la Cámara de Diputados diez días antes para la designación del CET, la convocatoria para la elección de consejeras y consejeros electorales y los criterios específicos de evaluación. Fundó su sentencia, sobre todo, en que el referido acuerdo debe distinguir la elección del cargo de consejero presidente y la de consejeros electorales, dado que tienen atribuciones distintas y funciones específicas.
Ordena, en ese sentido que el CET presente una lista específica con una quinteta para consejera o consejero presidente y tres quintetas para las consejerías, que deberán llegar al pleno legislativo para su votación en cédulas diferenciadas.
Una vez ajustadas y resueltas todas estas complejidades, se procederá a la designación de quienes sustituirán a Lorenzo Córdova en la presidencia del órgano electoral, a la consejera Adriana Margarita Favela Herrera y a los consejeros Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña.
El CET deberá remitir a la Jucopo, a más tardar el 22 de marzo las listas de aspirantes y ésta a la Mesa Directiva el 27 de marzo, para que el pleno de diputados realice la votación al día siguiente 28 de marzo. La votación deberá ser calificada, es decir, de las dos terceras partes de los integrantes del pleno, para lo cual Morena y aliados no completan los 334 votos requeridos.
Líneas arriba decíamos que, por la composición del Comité Técnico de Evaluación (CET), es previsible que los aspirantes a consejeras y consejeros sean afines a Morena, por lo que difícilmente la oposición permitirá que pasen.
De ser el caso se recurrirá a la insaculación por el pleno de la Cámara de Diputados, la cual tendría lugar el 30 de marzo. Insacular es poner en una urna u otro recipiente papeletas o bolas con nombres de persona o cosas, para un sorteo. La tómbola de la que hablábamos al inicio de esta columna.
Las cuatro quintetas para esa insaculación (una para presidente del INE y tres para consejeros o consejeras) deberán ser propuestas por el pleno de la Cámara de Diputados de acuerdo con la evaluación del CET, mediante una votación de mayoría simple (la mitad más uno de los votos), donde Morena y aliados podrían sin problema imponer su mayoría.
Si los resultados son impugnados, se remitirían las listas a la Suprema Corte de Justicia para que el 3 de abril (un día antes de que deban estar designados los consejeros) lleve a cabo la insaculación.
Ante este panorama, el asunto sacará chispas. ¿Serán los prolegómenos de una crisis preelectoral?
Instantáneas
1. ¿MANO QUE MECE LA CUNA? En los pasillos de San Lázaro corre la versión de que el morenista Ignacio Mier Velasco, presiente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados está operando el asunto de la designación del presidente del INE y de otros tres consejeros asesorado por Pablo Gómez, una de las figuras de la izquierda que más conocimiento tiene de los temas legislativos y electorales. A la mera el hoy jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anda buscando la presidencia del órgano electoral.
2. NO EXCLUIR A LA SOCIEDAD CIVIL. Nada bien cayó entre las seis organizaciones de la sociedad civil que conforman “Unidos” el que no hayan sido invitados por los dirigentes nacionales del blanquiazul, Marko Cortés, del tricolor, Alejandro Moreno y del PRD, Jesús Zambrano el pasado 12 de enero, al acto en que confirmaron el renacimiento de la coalición “Va por México” para contender en el Estado de México y Coahuila, y dejaron abierto el camino para que se concrete en las presidenciales de 2024. Y no solo porque personajes como Claudio X. González y Gustavo de Hoyos fueron impulsores centrales de los primeros acuerdos de coalición entre esos tres partidos, sino porque consideran un error excluir de ese esfuerzo unitario a la ciudadanía que representan. Aun así, y con un intenso activismo, De Hoyos, expresidente de la Coparmex y presidente de la organización Alternativas por México, ha sostenido reuniones con las dirigencias del PAN, PRI y PRD, para enfatizar en que el esfuerzo unitario desde la oposición no debe ni puede excluir a los perfiles ciudadanos para los cargos de elección popular. “Unidos” trabaja en estos momentos en la elaboración de un proyecto de gobierno para que sea adoptado por la coalición opositora y en el método de selección del candidato presidencial. De Hoyos no se descarta como posible candidato de “Va por México” y refiere que hay otros perfiles que podrían ser postulados desde la sociedad civil. Mencionó, entre otros, al exdirector del IFE, José Woldenberg, al exrector de la UNAM, José Narro Robles y a Manuel Clouthier, hijo del legendario Maquío.
3. CORRUPCIÓN EN VERIFICENTROS. Crece
la desesperación entre miles de automovilistas del estado de Hidalgo pues 49 de los 52 Verificentros de la entidad fueron cerrados por el gobierno del morenista Julio Menchaca. Esta historia se remonta al año 2021 en que el Instituto Mario Molina realizó un estudio en que reprobó a los centros de verificación vehicular debido a graves irregularidades en su funcionamiento, pues tenían un dinamómetro que no funcionaba. También detectaron falta de mantenimiento, daño en la unidad de absorción de potencia y otros componentes, pese a que habían pasado la calibración semestral de los laboratorios de calibración, evidente consecuencia de la corrupción. Durante el segundo semestre de 2022, el servicio fue suspendido temporalmente. Por unos días se reanudó, pero volvió a ser suspendido, no obstante que este mes de enero los automovilistas están obligados a realizar la verificación. Para atenuar el problema, se ha autorizado la realización de “verificaciones voluntarias” que, además de hacerse en verificentros que ya perdieron la concesión, no tienen validez ante la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). El conflicto podría extenderse hacia la Ciudad de México.
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@RaulRodriguezC