A más tardar pasado mañana, Emilio Lozoya debería comparecer ante los jueces federales que lo reclaman, si nos atenemos a la versión de fuentes de la FGR que aseguran se pidió un plazo de siete días para presentarlo, cuando lo hospitalizaron el viernes pasado un par de horas después de su llegada a México. Ese permiso judicial podría ampliarse según vaya la convalecencia por la cirugía de hernia que se le practicó. De cualquier forma, lo más probable es que será una presentación vía remota, ya que las audiencias judiciales, en virtud de la pandemia, solo se están llevando a cabo en esa modalidad.
¿Estamos ante un procedimiento ilegal o algún tipo de maniobra que apunte hacia la impunidad? No, según la opinión de varios abogados consultados por esta columna. Estamos más bien ante un procedimiento legal, pero inusual en delitos de cuello blanco, que desatinadamente se empañó desde su inicio por falta de información clara y oportuna de la FGR.
Informar inmediatamente después de su llegada que Lozoya sería trasladado en helicóptero a un hospital por problemas médicos, y aclarar que el convoy que partió del aeropuerto al Reclusorio Norte no llevaba al detenido, hubiera evitado interpretaciones de que se engañó a la prensa, tufos de ilegalidad y los desatinos de AMLO y Alfonso Durazo al asegurar en la mañanera del viernes pasado que ya estaba en prisión.
Como se sabía que el exdirector de Pemex negoció aceptar su extradición a cambio de aportar información sensible que redujera su condena, aquel desorden en el aeropuerto alimentó la idea de que atestiguábamos un primer capítulo de un pacto de impunidad, al estilo de gobiernos anteriores.
Pero no es así. Lo hasta ahora ocurrido no es ilegal. Está previsto en disposiciones del nuevo sistema de justicia penal. Lozoya llegó a México en calidad de detenido y esa es hasta ahora su situación jurídica. Contra él se ejecutó una orden de aprehensión y deberá ser presentado ante los jueces federales que lo reclaman por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa.
Con el permiso concedido por ellos, se libró la obligación constitucional de consignar al detenido en un término no mayor de 48 horas. Claro que la FGR deberá presentarlo una vez que, pasado mañana, se venza el plazo acordado, aunque ahora se atravesó la operación a la que se le sometió.
En los días transcurridos desde su llegada a México, Lozoya ya amplió ante el ministerio público, no ante los jueces, la declaración que hizo en España y que, de acuerdo con filtraciones, involucra en la trama a Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y otros más. Esa ampliación fue confirmada por el propio AMLO el lunes pasado.
¿Qué seguiría? Por supuesto su presentación ante jueces mexicanos para dar paso a un juicio abreviado en el que el acusado acepte su culpabilidad y repare el daño cometido, a cambio de una pena reducida si es que el MP no opta, como puede hacerlo, por no ejercitar la acción penal. AMLO dijo ayer que a su gobierno le interesa recuperar dinero, por ejemplo, los 200 millones de dólares del sobreprecio pagado por Pemex al comprar Agronitrogenados. Así, la reparación del daño evitaría que el latrocinio quede impune.
Todo eso es posible mediante los llamados criterios de oportunidad, previstos en el artículo 21 de la Constitución y explicitados en el 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la causa de Lozoya aplica principalmente el de su fracción quinta: “Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”.
De manera que, tras la reparación del daño de los delitos por los que se le extraditó, la aplicación de una condena más benigna y la eventual no ejecución de la acción penal contra él y familiares relacionados con el caso, se integraría una nueva carpeta de investigación por un delito más grave, sustentado en la información que aporte el acusado, ya convertido entonces en testigo colaborador.
Todo indica, en este escenario, que Lozoya no pisará la cárcel pero que la información que aporte destaparía una red de corrupción en la que estarían involucrados al menos dos expresidentes. Ese fue el trato.
Instantáneas:
1. ABREN DEBATE. El impacto económico del Covid-19 hará inevitable un ajuste presupuestal para el año entrante. Su tamaño y efectos obligan a que en su diseño participen todos los sectores productivos del país y que el resultado se sustente en el mayor consenso político posible. Por eso es importante el anuncio hecho ayer por el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Alejandro Armenta, de que la Ley de Ingresos 2021 será debatida con el sector empresarial, el obrero y el social bajo la modalidad de parlamento abierto. La intención es que tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos sean motores para la reactivación económica y la recuperación del empleo. Los consensos son posibles y le urgen al país. Hay experiencias pasadas que dieron buenos resultados en la consecución de objetivos específicos. Recuérdese el Pacto de Solidaridad Económica impulsado por Miguel de la Madrid y ratificado por Carlos Salinas como Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico o, más recientemente, el Pacto por México de Enrique Peña Nieto. Se armaron, claro está, para alcanzar metas de un proyecto de país. ¿Por qué no armar uno con el proyecto de este gobierno en el centro?
2. MINERÍA. Si el titular de la Semarnat, Víctor Toledo Manzur, cumple su promesa de no estar ya en contra de la minería en general, deberá permanecer al margen de los foros de protesta que esta semana realizarán diversos organismos contrarios a esa actividad industrial. Después de muchos altercados con empresas del sector, Manzur declaró que sus operaciones se revisarán caso por caso. A ver si le alcanza el tiempo porque, dicen los que saben, que él será uno de los funcionarios cuya salida se anunciará próximamente.
3. EL AVIÓN. Si no hay cambios de última hora, el avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón” regresará a México este miércoles y estrenará la Base Militar Aérea 19 (antes Sexto Grupo Aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde quedará resguardado. Esto fue confirmado por fuentes de la Presidencia y de la Defensa Nacional. El Boeing 787-87 salió de México hacia el Aeropuerto de Logística de San Bernardino, California, el 3 de diciembre de 2018, a dos días de iniciado el gobierno de AMLO quien anunció su venta aún no concretada.
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