Se hacen llamar anarquistas, sin que en realidad tengan que ver con esa doctrina política-ideológica pues, en los hechos, son grupos de choque cuyo objetivo es generar caos, reventar manifestaciones, provocar a quienes protestan, inducir a respuestas violentas de la Policía y desestabilizar a gobiernos en turno, sean del partido que sea.
Sus irrupciones en la Ciudad de México –desde la violenta jornada del primero de diciembre de 2012 durante la toma de posesión de Peña Nieto y, más recientemente, en las manifestaciones contra la violencia de género, en apoyo a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y en memoria de los estudiantes masacrados en Tlatelolco– dejan ver un patrón de conducta estratégica y tácticamente planeado.
Los servicios de inteligencia de los gobiernos federal y capitalino tienen identificados a ocho grupos: Biblioteca Social Reconstruir, Colectivo Anarquistas ENAH (Escuela Nacional de Antropología e Historia), Centro Cultural Okupado “El Engrane”, Okupa Che, Cooperativa Café Victoria, Comparsa “Chanti Ollin”, Colectivo REDTA y Coordinador Estudiantil Anarquista (CEA).
Entre sus filas hay agitadores profesionales, pero muchos de sus integrantes son estudiantes de escuelas de nivel medio superior tanto de la UNAM como del Politécnico Nacional. Los más violentos son de los Colegios de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco y Sur, y de las Preparatorias 5 y 8.
Los informes de inteligencia consultados por esta columna señalan que los referidos grupos se asumen como “células clandestinas insurreccionales y eco-extremistas (¿?) proclives a manifestarse con acciones disruptivas de alto impacto mediático y que repudian las políticas del gobierno sin importarles su filiación política e ideológica”.
Sus vínculos con el histórico “porrismo” estudiantil sugieren a posibles titiriteros de este tinglado, por lo menos desde la perspectiva de su control. Una pista apunta inevitablemente a la UNAM y no sólo hacia quienes desde hace 19 años mantienen tomado el auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, asociados ahora a quienes desde ahí controlan las narcotiendas instaladas en el campus. También hacia personajes como el coordinador de Gestión y Análisis de Riesgos, Mario Alberto Izzazola quien, aseguran las fuentes consultadas, ejerce un control férreo entre los grupos de porros universitarios; o hacia Héctor Serrano, quien fuera secretario de gobierno capitalino durante la administración de Miguel Ángel Mancera.
Instantáneas:
1. SACUDIDA, y muy fuerte, es la que se vive en el Poder Judicial Federal tras las acusaciones de lavado de dinero y posterior renuncia del hoy exministro Eduardo Medina Mora. Ayer, en inusual conferencia de prensa donde anunció una campaña contra el nepotismo y la corrupción de jueces y magistrados, el presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, informó de la suspensión de un magistrado del Primer Circuito por inconsistencias graves en sus finanzas y ser parte de una red de conductas indebidas. Zaldívar no reveló su nombre para no incurrir en faltas al debido proceso, pero fuentes consultadas por esta columna aseguran que se trata de Jorge Arturo Camero Ocampo, del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Tiene pendientes diversas revisiones sobre las suspensiones y amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
2. SALUD PRESIDENCIAL. La solicitud de información hecha a la Presidencia sobre el estado de salud física y sicológica de AMLO fue planteada así: “… se solicita un análisis general de orina y de química sanguínea a la fecha actual del mes de octubre, así como el dictamen cardiovascular de la persona, especialmente consultando enfermedad coronaria, hipertensión arterial, enfermedades cardiorrespiratorias, cardiopatías, insuficiencia cardiaca, arritmia, enfermedad arterial periférica, cardiopatía congénita y si dentro de su vida ha sufrido de parálisis de Bell o parálisis facial… así como análisis toxicológicos y de enfermedades crónico degenerativas o terminales”. La petición fue hecha por “Sin mordaza nacional” ya que la ley de información pública y transparencia no obliga al solicitante a revelar su identidad. La Presidencia tiene 20 días hábiles para responder. AMLO dijo ayer que se hará los exámenes. Si la respuesta no satisface al solicitante, podría interponer ante el INAI un recurso de revisión.
3. PRESIONES. El ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, declaró en entrevista que Felipe Calderón (quien por cierto lo propuso para ocupar esa magistratura) lo presionó desde Los Pinos. El expresidente le contestó que eso era falso y le cuestionó el porqué no lo dijo en su momento. Zaldívar le reviró que se lo dijo a quién debía decírselo, a Juan Silva Meza, entonces presidente del máximo tribunal. Y después le tapó la boca (por lo menos hasta ahora) al señalar que tales presiones se hicieron públicas en su momento en relación con dos casos: el del incendio de la guardería ABC de Hermosillo (entre cuyos directivos había familiares de Margarita Zavala, esposa de Calderón) y el de Florence Cassez (a la que se dejó en libertad por violaciones al debido proceso), que incluso generó un conflicto diplomático con Francia.
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