Los focos rojos de la narcoviolencia… y del eventual fracaso de AMLO

En el transcurso de esta semana se conocieron datos oficiales, nada alentadores, sino es que francamente alarmantes, sobre la inseguridad y la violencia que desangra al país. Violencia relacionada principalmente con el crimen organizado y el narcotráfico que no solo no para, sino ha crecido en lo que va del gobierno de AMLO , como perniciosa continuación de lo sufrido en los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto .

De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sustentadas en carpetas de investigación abiertas por las fiscalías de todo el país, se cometieron 89 mil 64 homicidios dolosos durante los primeros 31 meses de este gobierno, mientras que en los mismos periodos del de Calderón y Peña Nieto se registraron 25 mil 697 y 40 mil 979, respectivamente.

Información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también sustentada en datos del SESNSP, configura una especie de atlas con las entidades federativas más violentas: Guanajuato (10 mil 132 homicidios dolosos), Baja California (7 mil 774), Estado de México (7 mil 548), Jalisco (7 mil 16), Chihuahua (6 mil 725), Michoacán (5 mil 979), Guerrero (4 mil 222), Veracruz (4 mil 161), Sonora (4 mil 79) y Ciudad de México (3 mil 704). Los estados donde se cometieron menos homicidios dolosos son, entre otros, Yucatán (123), Baja California Sur (195), Campeche (223) y Aguascalientes (239).

Este atlas también identifica los 50 municipios considerados focos rojos por la violencia del crimen organizado que en ellos se registra. El primer lugar lo ocupa Tijuana, en Baja California, donde se registraron 4 mil 963 homicidios dolosos entre enero y junio de este año, lo que representa 27 diarios en números redondos. Le siguen Ciudad Juárez, en Chihuahua, con 3 mil 402 (18 diarios); Culiacán, en Sinaloa, con mil 74 (seis diarios); Cajeme, en Sonora, con mil 14 (cinco diarios); Cancún con 899 (cinco diarios); Chihuahua con 856 (cuatro diarios); y Fresnillo, en Zacatecas, con 575 (tres diarios). En la lista de los 50 también están Acapulco, Guadalajara, Ensenada y Manzanillo, así como las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc, de la ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha reconocido que, de esos 50 municipios, 30 (ubicados en 12 estados) suman la tercera parte (34.8%) de los homicidios dolosos registrados y conforman el territorio de la cruenta disputa que protagonizan los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa (CDS).

La mayor parte de la confrontación está en el noroeste del país (con 19.5% de las muertes), así como en el occidente (15.3%) y el noreste (2.2%). Sin embargo, la “ narco guerra ” entre Nemesio Oseguera “El Mencho” e Ismael Zambada “El Mayo” , también se da en territorios del centro (8%) y el sureste (2.2%); y en lo que va del año ha recrudecido en los límites de Jalisco y Zacatecas.

AMLO mantiene su estrategia contra la inseguridad a partir de la idea de que no se puede combatir la violencia con más violencia (abrazos, no balazos) y de que para para pacificar al país deben atenderse las causas de la incidencia delictiva (con programas de bienestar y prevención de adicciones). Difícilmente podría estarse en desacuerdo con la traza adoptada por la 4T para conseguir el objetivo. Pero eso, sin duda, tomará, de funcionar, demasiado tiempo. Quizás es ahí donde se ha equivocado la táctica, es decir, todos los pasos que se necesitan dar para alcanzar la meta planteada por la estrategia.

Y es que el gobierno de la 4T prácticamente ha abandonado la irrenunciable tarea de contener el alarmante embate criminal. Falta mucho por hacer en ese aspecto y, acaso, eso sea lo que pretenda la secretaria Rosa Icela Rodríguez al anunciar el miércoles pasado que en los 50 municipios que son focos rojos de la narcoviolencia se va a proceder con una intervención y reforzamiento de la seguridad. De no darse ese golpe de timón, inseguridad y violencia criminal se convertirá en el Waterloo de AMLO.

Instantáneas:

1. ENDURECIMIENTO . Dos señales de endurecimiento con México llegaron esta semana desde Estados Unidos. La primera con la declaración de su Departamento de Estado que advierte que el clima de las inversiones en nuestro país es incierto; que el incumplimiento de contratos, la informalidad y la corrupción continúan impidiendo un crecimiento económico sostenido; que las decisiones tomadas para revertir la reforma energética de 2014, aumentan y incertidumbre; y que todos esos factores, elevan el costo de hacer negocios en México. La segunda se dejó ver a principios de la semana, cuando la Casa Blanca decidió cerrada la frontera común en cruces no esenciales un mes más, por el repunte de la pandemia de Covid19 ocasionado por la proliferación de la variante Delta.

2. FRONTERA Y COSTOS . Un dato del Laboratorio de Análisis en Comercio Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM pone en perspectiva el daño ocasionado por 68 semanas de cierre parcial de la frontera México-Estados Unidos : Se han perdido en comercio y turismo, a ambos lados, 55 mil 364 millones de dólares. El daño se resiente en 94 municipios fronterizos de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; así como en 48 condados de Texas, Nuevo México, Arizona y California.

3. TELEFONISTAS. El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) que durante 44 años ha liderado Francisco Hernández Juárez , emplazó a huelga a Telmex para el próximo 25 de agosto, por la supuesta ausencia de resultados en la negociación de diversos temas laborales pendientes. Las negociaciones obrero-patronales se rompieron el martes pasado. El sindicato de telefonistas cuenta con la asesoría legal del abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani. Que su hija Luisa María Alcalde Luján sea la secretaria del Trabajo ¿influirá en el desenlace del conflicto? Telefonistas disidentes critican lo que consideran un “nuevo amago de huelga de Hernández Juárez” con el que el “dirigente vitalicio” (así lo llaman) solo “está estirando la liga, no para defender a los trabajadores, sino para sus intereses personales”. Hernández Juárez no ha respondido.