Del politizado caso cuyo desenlace ha sido hasta ahora el trágico desplome de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro , poco se ha dicho del juicio mercantil que enfrentaron el gobierno de Miguel Ángel Mancera y los constructores ICA-Carso- ALSTOM, en el que la CDMX demandó el pago de mil millones de pesos por trabajos no concluidos y vicios ocultos en la construcción y ejecución de la obra civil, pero en el que terminó pagando casi tres mil millones de pesos, tres veces más de lo reclamado.

En una primera instancia, el juez cuadragésimo primero de lo civil de la Ciudad de México sentenció el 22 de marzo de 2017 al consorcio constructor a pagar mil 212 millones 727 mil pesos al gobierno capitalino y a éste, pagar a ICA-Carso-ALSTOM cinco mil 14 millones 581 mil 808 pesos. La administración Mancera , aunque debía desembolsar una diferencia de tres mil 801 millones 854 mil 808 pesos, había obtenido del juzgador —a quien más delante promovió como magistrado— una resolución favorable a su narrativa sobre las fallas que obligaron al cierre de once estaciones de la Línea 12 : Una sanción que incluía 748 millones 727 mil pesos (multa más IVA) “por vicios ocultos en la construcción y ejecución” de la obra civil, que debían pagar los constructores.

Estos, sin embargo, apelaron y consiguieron la absolución por ese concepto, lo que confirmó jurídicamente que “si bien incurrieron en deficiencias , éstas no afectaron la operación” de la Línea 12 pero “implicaron la erogación de diversos gastos que deberían cubrir”.

En la segunda y definitiva instancia, la sentencia emitida el 24 de mayo de 2017 por los magistrados Juan Arturo Saavedra Cortés , María Rosario Marenco Ortega y Carlos Vargas Martínez de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal condenó a ICA-Carso-ALSTOM a pagar dos mil 300 millones 640 mil pesos a la administración Mancera y ésta, pagar cinco mil 182 millones 617 mil 447 pesos a los constructores ( ). De las arcas de la ciudad salió la diferencia de dos mil 881 millones 977 mil 447 pesos, casi el triple de lo reclamado y sin que se le fincara responsabilidad al consorcio de haber entregado una obra mal construida.

Mucho se ha señalado, por otra parte, que se incumplió con un contrato originalmente firmado con la empresa china NORINCO para la adquisición de los trenes para dárselo finalmente a la española CAF a la que se los rentaron a sobreprecio cuando resultaba más barato adquirirlos.

Exfuncionarios del Proyecto Metro , que pidieron a este reportero mantener el anonimato, retaron a quienes eso señalan a mostrar algún contrato compromiso con NORINCO . Aseguran que no lo hay y que, si se optó por CAF , fue porque esa empresa era la que cumplía con los plazos de entrega, de acuerdo con las minutas de conformidad.

Respecto a la renta de trenes, explicaron que en realidad se trató de un Proyecto para la Prestación de Servicios ( PPS ), contrato de largo plazo entre el sector público y el inversionista privado mediante los cuales no es necesario tener el dinero al momento de la operación, pues se garantizan con las aportaciones federales anuales. En este caso se financió a 15 años treinta convoyes por mil 500 millones de dólares, además de que se contrató una cobertura cambiaria que fijó un tipo de cambio de 16 pesos por dólar. Este PPS, que terminará en tres años, incluye la actualización tecnológica de los trenes hasta el último día que se paga por ellos.

Instantáneas:

1. REVOCACIÓN.

Y ya que andamos en temas jurisdiccionales, el décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la CDMX revocó las suspensiones otorgadas a al menos siete solicitantes de amparo, contra el rediseño del espacio aéreo mexicano en vigor desde el pasado 25 de marzo. El Tribunal resolvió que los recursos interpuestos pueden afectar el interés social. Y es que las demandas se concentraron en los señalamientos expuestos por Javier Mijangos y González , vecino del Fraccionamiento La Herradura, en Huixquilucan, Estado de México, por donde pasan ahora los aviones en su aproximación hacia el aeropuerto. Argumentó en su demanda sobre los efectos perniciosos del ruido en su persona y en la de sus dos menores hijos. Para enfatizar en la obligación gubernamental de evitar ese tipo de contaminación , se remontó a la prohibición aplicada en una ciudad griega del Siglo VI a. de C. de la tenencia de gallos que perturbaban el descanso nocturno. También argumentó que, siglos más tarde, Julio César prohibió la circulación de carruajes a determinadas horas del día. Y para rematar, recordó que en la Divina Comedia de Dante Alighieri, grupos de condenados eran martirizados, como castigo por sus culpas, con el ruido perpetuo de las aguas infernales que se escuchaban al caer en la oscura profundidad ( ). Con tales alegatos solicitó amparo de la justicia Mijangos y González, quien fuera secretario de Estudio y Cuenta del hoy ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar y que hoy encabeza su propio bufete jurídico. Ya le contaré en próximas entregas del rediseño del espacio aéreo que fue exigida desde 2015 por la Organización Internacional de Aviación Civil ( OACI ) y que tenía que hacerse en atención al cambio tecnológico con Texcoco o Santa Lucía .

2. TRIBUNAL ELECTORAL . Hace ocho días, el pasado 12 de mayo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF ) acordó dar por terminada la costumbre de la Sala Superior de realizar sesiones privadas antes de las públicas. En esas sesiones privadas los magistrados adelantaban el sentido de su voto y los argumentos a favor o en contra. Por esa razón, el magistrado presidente José Luis Vargas propuso el martes pasado a los otros seis magistrados, a través del secretario general de Acuerdos, que indicaran, previo a las sesiones públicas, el sentido de su voto. Solo la magistrada Mónica Soto Fregos o respaldó la moción. Los otros cinco ( Janine Otálora, Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe Fuentes Barrera, Indalfer Infante y Felipe de la Mata ) la rechazaron a través de una carta en la que argumentan que la petición es ilegal porque atenta contra la deliberación de los asuntos (rasgo esencial de los órganos jurisdiccionales) y la independencia de los magistrados. No faltaron quienes interpretaron que el magistrado Vargas proponía la cancelación de las sesiones públicas, lo que el aludido salió de inmediato a desmentir. Por si las cosas no estuvieran tensas en el TEPJF –en lo que para su presidente es una expresión más de la lucha interna por su control- AMLO balconeó el miércoles en la mañanera un convenio publicitario del Tribunal con Nexos. Mostró la cotización presentada por la revista el 26 de marzo de 2018 por dos millones 475 mil 341 pesos que incluye inserciones de información, artículos y banners. El contrato en efecto existe ( https://bit.ly/2lcJqdV ) y fue firmado durante la presidencia de Janine Otálora por Gustavo Meouchi, coordinador de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública. Del único que encontramos registro de publicaciones en la revista (no sabemos si como parte del convenio o como publicación independiente) es del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, personaje cercano a los intereses de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Difícil que en política haya coincidencias.

3. DISCULPAS.

Primero se pasó al llamar basura a Lupita Jones, candidata de la alianza PRI-PAN-PRD a la gubernatura de Baja California . Le habían preguntado si invitaría a su campaña a opositores como ella, a lo que Jorge Hank Rohn respondió “No, yo no quiero basura”. Habla bien del candidato del PES que haya rectificado y ofreciera disculpas públicas ayer a la ex miss Universo . Le explicó que “se trató de un comentario desafortunado” que retomó lo que la candidata de Va por Baja California había dicho días antes al pedirle que “dejara de sumar basura” cuando anunció diversas adhesiones al PES. “No fue mi intención ofenderte”, dijo Hank Rohn tras refrendar su compromiso con las mujeres para su empoderamiento y progreso.

4. “POLLO” A LA CABEZA.

La campaña del candidato PVEM-PT al gobierno de SLP, Ricardo Gallardo “El Pollo” cacarea la encuesta de cierre de “De las Heras” que lo perfila como ganador de la elección con una tendencia irreversible de más de cien mil votos sobre su más cercano contrincante. La consulta demoscópica le da a Gallardo el 45% de las preferencias electorales que le darían 476 mil 681 votos sobre los 317 mil 787 que lograría el candidato de la alianza Si por San Luis Potosí, Octavio Pedroza . De acuerdo con “De las Heras”, la candidata de Morena, Mónica Rangel se desplomaría hasta el tercer lugar.

5. ¿CRISIS CONSTITUCIONAL?

Hacia allá parece encaminarse el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca . Tras su desafuero por la Cámara de Diputados y el rechazo a su homologación por el Congreso local (resoluciones ocurrida el 30 de abril), y el rechazo de la Corte a dar entrada a una controversia constitucional (14 de mayo) dejando en el limbo si el mandatario tamaulipeco tiene o no fuero, se han precipitado los acontecimientos. En medio de ese debate, la FGR obtuvo de un juez el miércoles pasado orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) congeló cuentas del mandatario y algunos de sus familiares. Ese mismo día, en el Senado se le recriminó al Congreso local no haber designado –como en su opinión correspondía tras el desafuero - a un gobernador sustituto. La legislatura tamaulipeca, por el contrario, ratificó su decisión de mantener el fuero del gobernador y acordó denunciar penalmente a los funcionarios públicos que hayan participado en la solicitud, omisión y probable ejecución de la orden de captura . El mandatario –se asegura- permanece en la casa de gobierno de Ciudad Victoria que anoche se veía fuertemente resguardada por grupos de élite. AMLO , por la mañana, mostró el oficio del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que se notifica al gobierno de México que se investiga a Cabeza de Vaca y a familiares de presuntas operaciones de lavado de dinero. El senador de Morena, Ricardo Monreal empezó, a su vez, a operar acuerdos en la Comisión Permanente para convocar a un período extraordinario en el que el Senado procedería a la desaparición de poderes en Tamaulipas. La Permanente tiene 37 integrantes (19 diputados y 18 senadores) y se requiere el voto calificado de dos terceras partes (25) para aprobar el período extraordinario, a lo que ayer se negó la oposición del PAN , PRI y PRD con sus 11 votos. Morena y sus aliados Verde , PT y PES suman 24 y les faltaría uno para conseguirlo. ¿Sería el de Movimiento Ciudadano ? Ese partido aún no se ha pronunciado. De convocarse a período extraordinario tocaría al Senado determinar si procede la desaparición de poder, lo que también tendría que aprobarse con votación calificada de dos tercios, es decir, 86 votos. Morena y aliados tienen 77, le faltarían nueve votos para la mayoría calificada. En este caso no saldrían con los 7 de MC, necesitarían dos más, acaso el del senador sin partido y uno más que tendría que salir del bloque opositor PRI-PAN-PRD. Todo parece entrampado.