El 16 de octubre de 1979 hice el primero de los muchos viajes que haría a El Salvador durante los siguientes doce años, período aquel en que se peleó la cruenta guerra civil del país centroamericano, de la que dimos cuenta con nuestra cobertura periodística.
En la víspera, el gobierno militar del general Carlos Humberto Romero -ya en franca represión a las organizaciones de masas y al sector de la iglesia católica identificado con la Teología de la Liberación y la “opción preferencial por los pobres”, había sido derrocado por un movimiento más o menos consolidado de la oficialidad joven del ejército salvadoreño.
Lo encabezaban los coroneles Jaime Abdul Gutiérrez Avendaño y Adolfo Arnoldo Majano, quienes conformaron una primera junta de gobierno con tres representantes civiles, uno de la influyente orden de los Jesuitas, Román Mayorga Quiroz, otro del empresariado, Mario Antonio Andino y uno más de los sectores progresistas de la socialdemocracia, Guillermo Manuel Ungo.
Extrañamente no había representación de la democracia cristiana, partido que en aquellos tiempos era la oposición más fuerte al oficialismo militar. La junta golpista, al parecer, no quería que les comiera el mandado la influencia y popularidad de personajes como José Napoleón Duarte o Alfredo Cristiani quienes serían a la postre, presidentes de la república.
La democracia cristiana tenía entonces un gran peso político en la región, el mayor acaso en Venezuela. Uno de sus más influyentes militantes, Luis Herrera Campins, era entonces presidente del país sudamericano (1979-1984).
Su embajador en San Salvador era Leopoldo Castillo Atencio quien tenía como principal asesor, casi su alter ego, a un joven diplomático llamado Edmundo González Urrutia, hoy el candidato presidencial opositor venezolano que alega fraude en los comicios y reivindica la victoria para sí.
En los últimos días de 1979 y primeros de 1980, atestiguamos dos procesos que corrieron más o menos de manera simultánea mientras se dirimían los conflictos políticos de la junta de gobierno: el de la unificación del movimiento guerrillero revolucionario y la consolidación de una sanguinaria estructura represora de índole paramilitar.
El proceso unitario de la izquierda radical salvadoreña se expresó en el pacto que conformaría al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) con una multitudinaria manifestación llevada a cabo en San Salvador el 22 de enero de 1980, que acabaría disuelta a balazos y con un grupo de manifestantes y periodistas -entre ellos quien esto escribe- prácticamente secuestrados por un comando paramilitar en los sótanos de catedral salvadoreña.
Y la respuesta de la ultraderecha con una especie de banderazo de salida de los escuadrones de la muerte. Muchos sacerdotes y líder sociales habrían de ser asesinados en los días subsecuentes.
Fuentes de la guerrilla, en entrevista conjunta con sus líderes Salvador Cayetano Carpio o comandante Marcial y Mélida Anaya Montes o comandante Ana María (ambos de las Fuerzas de Liberación Popular); Joaquín Villalobos (Ejército Revolucionario del Pueblo); Fermán Cienfuegos (Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional) y Schafick Hándal (Partido Comunista Salvadoreño) me dijeron que las estructuras estadounidenses de contrainsurgencia estaban echando mano del gobierno demócrata cristiano de Venezuela, a través de su embajada, para financiar y fortalecer a los llamados escuadrones de la muerte.
Fue entonces que me acerqué a la embajada venezolana en San Salvador para corroborar de primera mano si el diplomático venezolano González Urrutia y su jefe, el embajador Castillo, eran parte de esa estructura de apoyo operativo y financiero a los grupos paramilitares de derecha.
Al cabo del tiempo resultó que sí, pues en documentos de la CIA desclasificados en febrero de 2009, el venezolano Castillo aparece mencionado como corresponsable de los servicios de inteligencia que coordinaron, financiaron y ordenaron la ejecución de la llamada “Operación Centauro”, diseñada para aniquilar a voces disidentes, sobre todo de la iglesia, y que González Urrutia era la correa de transmisión con la estructura de inteligencia que burlonamente llamaban “el pentagonito”, pues el mandamás era el ejército estadounidense con sus estrategas de contrainsurgencia.
Entonces ya operaba la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), encabezada por el ultraderechista general retirado Alberto “El Chele” Medrano, mentor del mayor Roberto D´Aubuisson, fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), también financiado por la diplomacia venezolana de entonces y acusado incluso por Estados Unidos de ser el principal instigador del asesinato del arzobispo de San Salvador, el hoy santo Oscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa.
A ese crimen siguieron muchos otros, entre ellos la violación y asesinato de tres monjas, las Hermanas de Maryknoll, en diciembre de ese 1980 y, casi una década después, el 16 de noviembre de 1989, la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos monjas, en la Universidad Centroamericana de San Salvador. Miles, en el interín, ya había sido masacrados.
Todo esto forma parte de la cara oculta del candidato opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, al que hoy muestran algunos medios como el paladín de la democracia. Y no defiendo a la dictadura de Maduro.
Instantáneas:
1. OTRA DEL SERVICIO EXTERIOR. Ayer se viralizó en redes el video en que el cónsul Leopoldo Michel Díaz, adscrito al consulado general de México en Shanghái, República Popular China, insulta iracundo a personal de la sede diplomática y fuera de sí la emprende con todo tipo de groserías contra su jefe, el cónsul general Miguel Ángel Isidro Rodríguez. La Secretaría de Relaciones Exteriores asegura que ya inició el proceso disciplinario correspondiente, cosa que no ocurre con otro grave incidente, pero este en la India. Y es que es de lamentar la postura de la embajada del país asiático en México, con el silencio que ha preferido mantener ante la injusticia que se comete allá con el mexicano Jorge Renán Solís Fernández, preso desde hace seis años en Indore, cumpliendo una condena de 20 años sin que haya, según nos aseguran, ningún cargo comprobable en su contra. Pareciera que es víctima de una extorsión de la Agencia de Investigaciones de Indore. Aunque ya ha habido ciertos pronunciamientos del caso por parte de la Embajada de México en la India, hasta el momento el embajador de ese país, Pankaj Sharma, se ha mantenido ajeno al tema.
2. CÁRCELES: CONTRATAN A INEXPERTOS. Resulta que en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hay un cúmulo de expedientes contra un funcionario, Manuel Luján, que ocupa un cargo estratégico: la Unidad de Administración y Finanzas (TUAF). En plena transición a la nueva administración que Omar García Harfuch encabezará, Luján está presionando a las empresas que están a cargo de las cárceles concesionadas (Ceferesos) para que sólo contraten a las firmas que él decida. Esas empresas favoritas, para acabarla, tienen cero experiencias en prisiones. También se le señala de que, para lograr el objetivo de contratación, está reteniendo desde marzo los pagos a los cumplidores. Es decir, está condicionando dinero del erario que la Secretaría de Hacienda ya autorizó. Los quejosos quieren buscar ayuda en Palacio Nacional, porque Luján opera, además, con la dirección de Administración y Finanzas de Prevención y Readaptación Social Federal, a cargo de Adalberto López, y con el coordinador de Operación y Mantenimiento, Fernando Ojeda.
3. AGUA EN RIESGO PARA 32 MILLONES. El secretario del Agua del Edomex, Moctezuma Barragán, advirtió que el bosque de agua que atraviesa a esa entidad, a Morelos y a la CDMX y que surte a 32 millones de personas está en riesgo por la sequía, los incendios, la tala y por el desarrollo inmobiliario que están acabando con los pulmones y zonas verdes de la región. Durante las “Jornadas del Agua: Casos Exitosos de Gestión Hídrica Comunitaria” que se llevó a cabo en la Legislatura mexiquense, el funcionario advirtió que es necesario recuperar la cultura de cuidado del agua para evitar este suicidio colectivo, para lo cual es necesario romper con el modelo occidental, de despojo y grandes negocios que traen agua desde muy lejos para después tirarla contaminada.
4. PROMESA DE SHEINBAUM. La reconstrucción de Acapulco continuará en el próximo sexenio, aseguró la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum al reunirse con las gobernadoras de Guerrero, Colima y Guanajuato, y el gobernador de Michoacán. En el caso de Guerrero, se continuará no solamente con el rescate turístico del puerto sino también con obras importantes en materia de agua y saneamiento. El compromiso de Sheinbaum con la gobernadora Evelyn Salgado fue también concluir con el saneamiento de la bahía y recuperar el esplendor del emblemático destino turístico.
@RaulRodriguezC