La fracción parlamentaria de Morena en el Senado tiene listo un proyecto de iniciativa de reestructuración del Poder Judicial que propone, entre los cambios más relevantes, quitar al Presidente la facultad de proponer las ternas para ministros de la Corte y otorgarla al Consejo de la Judicatura (CJF) para la posterior aprobación de la cámara alta, y reducir de quince a seis años el periodo de duración de ese encargo. Además, concederle la facultad de presentar, a través de la Judicatura, iniciativas de Ley en relación a su Ley Orgánica y a la Ley de Amparo, quitar al presidente de la Corte la presidencia del CJF e incorporar una figura jurídica hasta ahora inexistente en nuestra legislación llamada amicus curiae o amigo del tribunal.
El proyecto de adiciones y reformas a doce artículos de la Constitución representa una cirugía mayor al Poder Judicial en relación con la más significativa realizada hace más de 24 años (el 31 de diciembre de 1994) en el gobierno de Ernesto Zedillo, cuyos cambios delinearon la estructura esencial que prevalece hasta hoy. El objetivo, de acuerdo con los considerandos de la propuesta, es fortalecer su independencia y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones responsables de impartir justicia.
Con la exclusión del Presidente de la República en la integración y proposición de ternas para que el Senado elija ministros de la Corte, se pretende despolitizar y eliminar la opacidad y discrecionalidad con la que los presidentes, incluido AMLO, han realizado dichos nombramientos. La integración y propuesta de las ternas tocaría a un CJF fortalecido y reestructurado. Y el Senado mantendría la facultad del nombramiento con el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes.
Para mejorar el desempeño de los ministros al sacarlos de la zona de confort que inevitablemente representa un largo periodo de quince años en el encargo, se propone reducirlo a seis con la posibilidad de ser ratificados (mediante comparecencias y exámenes de oposición similares a los que se implementaría para una designación inicial) por un periodo similar por parte del Senado.
En cuanto al CJF se plantea que sea el órgano de gobierno y administración de todo el Poder Judicial de la Federación. En ese sentido —sin intervenir por supuesto en las funciones jurisdiccionales de jueces, magistrados y ministros— también quedarían bajo esa férula la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. De ahí la necesidad de reestructurarlo y fortalecerlo y aumentar sus integrantes de siete a once para atender a una organización que agrupa a más de 800 órganos jurisdiccionales con más de 40 mil servidores públicos, y ser depositario de la facultad de proponer iniciativas de ley.
Sus integrantes serían propuestos por el propio Consejo y ratificados por el Senado. Su presidente ya no sería, como hasta ahora, el presidente de la Corte, y sus integrantes ya no provendrían todos del Poder Judicial, sino de la academia y las barras de abogados, para evitar el grave problema del nepotismo expresado en hechos como este: al menos 500 jueces y magistrados utilizaron sus facultades discrecionales para dar cargos a parientes cercanos (112 a esposas, novias, amantes o parejas, 180 a hijos, 135 a hermanos y 27 a sus padres).
En cuanto a la figura amicus curiae o amigos del tribunal, esta permitiría que terceros ajenos a un proceso ofrezcan opiniones de trascendencia para la solución de un caso sometido a conocimiento judicial, siempre y cuando acrediten una significativa competencia en la temática en examen.
Para consultar el Proyecto de Iniciativa: https://interactivo.eluniversal.com.mx/online/pdf-19/PDF-reestructura-poder-judicial.pdf
Instantáneas:
1. COMUNICADORES. La presidencia panista de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, encabezada por Laura Rojas, no ha podido concretar el nombramiento del Coordinador de Comunicación Social de la legislatura. La semana pasada los legisladores dejaron fuera a Sergio Ramírez quien, a lo largo de su desempeño, se ha distinguido por demandar a periodistas. Así que, quitado del camino, ahora se ve cerca de la diputada Rojas a Luis Rodolfo Oropeza Chávez, consultor favorito del PAN en materia de comunicación social. Pero a él también lo persigue aquel baile y grito de “¡échale Montana!” animando al entonces coordinador de los diputados blanquiazules, Luis Alberto Villarreal destituido tras filtrarse el video de un fiestón con muchachas invitadas. Hay otros prospectos con credenciales suficientes para el cargo, sobre todo uno con gran experiencia en San Lázaro y en la Presidencia de la República.
2. PREOCUPACIÓN hay en el sector de la aviación por la designación, el miércoles pasado, de Jesús Rosano García como director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su carrera se ha centrado en las áreas comerciales de aerolíneas como Transportes Aéreos Regionales (TAR), Mexicana de Aviación y Aerocaribe, lo que les parece insuficiente para lidiar con ese monstruo que es el AICM. Por lo demás, nunca ocultó su rechazo a AMLO. Subió a Facebook un post titulado “Por qué no votaré por AMLO” en el que dice que “gobernaría con recetas extraídas del bote de la basura de la historia”. Pero, en fin: le tocará la construcción el año que entra de la Terminal 3 con un presupuesto de 15 mil millones de pesos.
3. “AY GÜEY”. Por cierto: el ya de por sí saturado AICM contará con una nueva tienda llamada “Ay Güey”. Operará entre las salas 26 y 27 de la Terminal 1 que es de donde salen los vuelos a Europa coincidiendo tres en horas de la tarde. Vende camisetas y souvenirs en un espacio crítico de 25 metros cuadrados robados al tránsito de pasajeros. El arrendatario es Gerardo Nasser, muy amigo, dicen los que saben, de Miguel Peláez Lira, el apenas cesado director del AICM.
@RaulRodriguezC
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