Un moche es una dádiva que se otorga o solicita para recibir o por haber recibido algún beneficio valorado en dinero, asumido ya, en el colmo de nuestro cinismo, como una práctica institucionalizada.
Es, en expresión más sencilla, dinero por un favor. Una autoridad con poder es quien normalmente hace el favor y cobra por hacerlo (tráfico de influencias). Lo hemos visto desde hace años, igual con diputados que con jueces y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno.
La práctica evolucionó a los moches en especie. Caso reciente es el del cártel inmobiliario de Benito Juárez, CDMX, donde administraciones panistas principalmente (las de Mario Palacios Acosta, Jorge Romero Herrera, José Espina Von Roerich y Santiago Taboada) habrían pedido departamentos en condominio a cambio de permisos de construcción de desarrollos inmobiliarios. La presunta comisión de ese delito es investigada por la Fiscalía capitalina, que ya vinculó a proceso y mantiene en prisión preventiva a uno de los exdelegados acusados, Espina Von Roerich.
Pero los moches, como todo en la vida, siguen en evolución. Hoy podríamos hablar de los moches 2.0 o moches recargados. En ellos -y sigamos en el tema inmobiliario- la autoridad favorece a determinado desarrollador con permisos de construcción. No le exige nada a cambio, ni dinero ni beneficio en especie, pero eso sí, le sugiere (y cómo negarse ante quien le autorizará futuros negocios) que se contraten los servicios de empresas de su propiedad (tráfico de influencias y conflicto de intereses).
En ese moche 2.0 es que habría incurrido cuando fue delegada en Miguel Hidalgo (2015-2018), la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD), de acuerdo con la denuncia presentada el pasado jueves 20 de julio a la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, por Víctor Hugo Romo, sucesor de la presunta implicada en la jefatura de esa demarcación capitalina (2012-2015), quien la acusa de corrupción, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias.
De acuerdo con la denuncia, al menos dos proyectos inmobiliarios que recibieron permisos de construcción durante la administración de Gálvez en Miguel Hidalgo contrataron posteriormente a una empresa ligada a la ahora senadora y aspirante a una candidatura presidencial: “High Tech Services” (HTS).
La empresa a cargo de los proyectos “One Marina Park” (Avenida Marina Nacional 60, Tacuba) y “Distrito Polanco” (Periférico Manuel Ávila Camacho 137, Polanco) es “Simetric Grupo Inmobiliario”.
Para demostrar las referidas autorizaciones, el denunciante presenta dos videos con la transmisión en vivo de los actos de socialización del registro de manifestación de construcción de los proyectos “One Marina Park” (https://rb.gy/c3jh6) y “Distrito Polanco” (https://rb.gy/jhh44) , realizados el 24 de noviembre de 2016 por el entonces director Jurídico, Obdulio Ávila y el 7 de julio de 2017 por Xóchitl Gálvez, respectivamente.
En el caso de “One Marina Park”, el inmueble ubicado en la dirección donde se llevó a cabo la socialización de la manifestación de construcción, es propiedad de “Residencial Mariano Escobedo”, sociedad anónima que facturó el pago de 69 millones 471 mil 574 pesos por servicios contratados a “High Tech Services” de Xóchitl Gálvez, de acuerdo con la información comercial y fiscal que proporcionó AMLO en la mañanera del pasado 16 de julio sobre las empresas de la senadora.
En cuanto al proyecto “Distrito Polanco”, el inmueble ubicado en la dirección donde se llevó a cabo la socialización de la manifestación de construcción es parte del patrimonio de un fideicomiso del “Banco Ve por Más”, institución de banca múltiple del Grupo Financiero Ve por Más que facturó el pago a “High Tech Services” de 51 millones 956 mil 479 pesos, siempre de acuerdo con la información dada a conocer por López Obrador.
Según el morenista exdelegado Víctor Hugo Romo, estos son solamente dos de los catorce casos que se están documentando, tres de ellos a punto de ser integrados a una ampliación de la denuncia: el de Torre Quadro (Periférico Manuel Ávila Camacho 76, Lomas Virreyes), Corporativo Cervantes Saavedra (PM Steele) (Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 183, Granada) y Torre Polanco (calzada Mariano Escobedo 476, Chapultepec).
Hablamos en estos dos casos de beneficios por poco más de 120 millones de pesos presuntamente pagados a empresas de Gálvez Ruiz por inmobiliarias que contrataron los servicios de una empresa de su propiedad, luego de que como delegada les otorgó los permisos de construcción.
Ese monto rebasa los 86 millones de pesos en que se valuó la casa blanca de Peña Nieto, propiedad del Grupo Higa, contratista favorito del expresidente priista, que se la habría entregado como pago a los favores recibido.
Aquel escándalo dio la puntilla en noviembre de 2014 a la credibilidad del gobierno de Peña Nieto que no había llegado ni a la mitad de su gestión. Éste de los presuntos moches 2.0 de Xóchitl Gálvez sería tan grave como aquel si llegara a comprobarse.
Pero en términos aritméticos, si los mil 400 millones de pesos que sus empresas ingresaron ente 2015 y 2023 -según la información de AMLO- son producto de la corrupción y el tráfico de influencias, entonces estaremos ante un caso dieciséis veces más escandaloso.
Instantáneas:
1. LA RESPUESTA DE XÓCHITL. Por supuesto que Xóchitl Gálvez Ruiz no dejó pasar un día sin responder a la acusación que le enderezó Romo. Dijo, parafraseando a su ultra adversario político, que “son politiquerías”. Y sin mostrar evidencia, dijo que el también exjefe delegacional en Miguel Hidalgo “debe dar cuentas de Minería 88, donde en lugar de 14 departamentos se hicieron 33, donde él y su director jurídico tenían un departamento, un pent-house; de Gutenberg 126, donde permitió en lugar de cuatro departamentos 15; de Monte Camerún 50, donde en lugar de tres niveles se permitieron nueve…”
2. MITOMANÍA. En la escalada declarativa de estos dos personajes que arrastran una pugna política de antaño, Romo aseguró que Xóchitl tiene proclividad a mentir. Recordó que cuando ella asumió en 2015 la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo, prometió que terminaría su gestión hasta 2018 y que si renunciaba regalaría un departamento de su propiedad en Bosques de las Lomas, Cuajimalpa. El caso es que, antes de que concluyera su mandato, renunció en marzo de 2018 para contender por la senaduría que hasta hoy ejerce. Por supuesto que el departamento, ubicado en Bosques de los Helechos 38, no lo regaló. Acabó por venderlo. Dice Romo que en cinco millones de pesos un inmueble valuado en por lo menos 15 millones. Asegura el exjefe delegacional que fue a su correligionaria panista Mariana Gómez del Campo, actual diputada federal y cercana al grupo de panistas capitalinos relacionados con el caso del llamado cártel inmobiliario.
3. FOX, LOS HUEVONES Y SU ANTISEMITISMO. Es Vicente Fox el que está a nada de que le receten otro ¡cállate chachalaca! Este vendría de la persona a la que pretende apoyar y promover con una incontinencia verbal similar a la de ella. Porque nada o muy poco le ayuda a Xóchitl Gálvez Ruiz que el exfumigador de Los Pinos (por aquellos de las tepocatas y las víboras prietas) declare que ya le pidió que regrese las pensiones a los expresidentes, pero eso sí, que termine con los programas sociales. “Ojalá Xóchitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país; ya se acabó que estén recibiendo programas sociales, a trabajar cabrones como dice Xóchitl”. ¿No que la senadora hidalguense no pretendía quitar los programas sociales y que hacerlo saber y aclararlo era el objetivo del derecho de réplica que demandó y le otorgó un juez para que lo hiciera en la mañanera de Palacio Nacional, origen éste del conflicto con AMLO que la catapultó cuando ella misma sabía que apenas le alcanzaba para ganar la jefatura del gobierno capitalino? Y ahí está el meollo del asunto, la confrontación cada vez más intensa de dos claros posicionamientos ideológicos y políticos: el de la 4T que los extendió como mecanismo de gobernabilidad y justicia social, aunque también como instrumento electoral; y la oposición, sobre todo panista, pero con el respaldo de sus acompañantes priistas y perredistas, que sometidos a los dogmas del libre mercado a ultranza los rechazan, desdeñan los mecanismos redistributivos de la riqueza y apelan únicamente al esfuerzo individual en un entorno de profunda desigualdad. Ese perfil normalmente se complementa con actitudes clasistas, discriminatorias y racistas de las que Fox no ha dejado de ser ajeno. En su último disparate está el tweet que subió y luego borró ante las fuertes críticas y que decía: “Sheinbaum es judía búlgara, Marcelo es Fifí francés, Noroña es extraterrestre y Adán Augusto de Transilvania; la única mexicana es Xóchitl”.
4. SE ASOMA EL PES. En busca del apoyo de los militantes del Partido Encuentro Social (PES), segunda fuerza política en Baja California y con presencia en quince estados, aspirantes a la candidatura presidencial tanto de Morena como del Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD) se dieron cita en la plenaria de ese partido celebrada en Tijuana. Representantes de Claudia Sheinbaum y de Adán Augusto López, así como el propio Manuel Velasco, acudieron a solicitar el apoyo de los pesistas por parte de Morena. Y por la del Frente Amplio, lo hicieron el exgobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles y el presidente panista de la Cámara de Diputados, Santiago Creel. Los anfitriones fueron César Hank Inzunza, presidente del PES en Baja California, y Juan Carlos Hank Krauss, regidor del ayuntamiento de Tijuana, ambos hijos del que fuera candidato al gobierno del estado, Jorge Hank Rhon.
@RaulRodriguezC
