De excelente factura cinematográfica y profundo contenido histórico es el filme “Argentina 1985” del director y guionista Santiago Mitre, nominada a mejor película extranjera en la más reciente edición de los Oscar.
Este conmovedor drama social recrea el célebre “Juicio de las Juntas” en el que el fiscal Julio César Strassera llevó a prisión perpetua a varios de los jefes militares que instauraron entre 1976 y 1983 un régimen de terrorismo de Estado que dejó a miles de muertos, desaparecidos y torturados en Argentina.
En 1985, año del catártico juicio, recién había llegado al poder por la vía electoral -luego de la debacle que provocó en el estamento militar su derrota frente a Gran Bretaña en la guerra de Las Malvinas- el abogado y comprometido defensor de los derechos humanos Raúl Alfonsín, con lo que se puso fin a las Juntas Militares que en el transcurso de siete años encabezaron Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignione.
Resabios de la dictadura militar aún manejaban aquel año los hilos del poder dentro del gobierno democráticamente electo de Alfonsín, razón por la cual el fiscal Strassera tuvo que recurrir para fundar su acusación a jóvenes abogados y estudiantes de derecho, porque la mayoría de los funcionarios de Justicia no creían en el juicio o no querían participar en él por desidia o por miedo.
El ambiente lóbrego, de franco terror, flotaba denso en la Argentina de aquellos años y quien esto escribe lo pudo constatar en 1978 en una visita a Buenos Aires invitado a la inauguración de un vuelo comercial directo con la Ciudad de México, pretexto que permitió la realización de algunos reportajes que describieron aquel sombrío estado de cosas bajo la sanguinaria mano de Videla, quien fue llevado a prisión por ser autor de 469 crímenes de lesa humanidad, luego exonerado por el neoliberal Carlos Saúl Menem y después regresado a una celda en la que fue encontrado muerto el 17 de mayo de 2013 por un accidente cardiovascular.
Las Juntas Militares argentinas y con ellas una parte de la sociedad del país sudamericano justificaron su actuación como una defensa contra la subversión comunista de la que siempre responsabilizaron a una organización político-militar con orígenes en el Partido Justicialista del dictador populista Juan Domingo Perón, los llamados “Montoneros”, a uno de cuyos líderes, Mario Alberto Firmenich, entrevisté en la clandestinidad el año de 1980. Aquella larga conversación pretendió, por parte del guerrillero (término que detestaba), justificar la violencia política armada como único camino para alcanzar la justicia, con desplantes que transitaban indistintamente entre una sólida convicción y la soberbia de quien se siente dueño de la verdad absoluta.
Los extremos ideológicos (Videla-Firmenich) llegaban a tocarse, como casi todos los extremos, al desembocar ambos en proyectos políticos igualmente totalitarios. Tan es así que Firmenich es hoy un asesor a sueldo de quien fuera líder de la Revolución Sandinista, ahora dictador en Nicaragua, Daniel Ortega.
¿Y México qué?
Dice el refrán: “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar”.
Por supuesto que el actual gobierno de México, electo con una histórica votación democrática, nada tiene que ver con el régimen de terrorismo de Estado ejercido por las Juntas Militares argentinas.
Pero tan cierto como tal aserto es el hecho de la creciente y ya dominante participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en casi todos los rubros de la vida nacional, aún en contra de lo prometido por AMLO como candidato y a contrapelo de principios que normalmente sostienen los gobiernos ubicados en el ala izquierda del espectro político.
La evidencia de los hechos muestra que el estamento militar de nuestro país está empoderado como nunca, acaso tanto como el argentino del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que depuso, por cierto, a un gobierno populista (eso sí, democráticamente electo) heredado por Juan Domingo Perón a su segunda esposa María Estela Martínez.
Con las fuerzas armadas mexicanas erigidas en factótum , resulta doblemente peligros y preocupante la persistencia de patrones de conducta violatorios de derechos humanos que hemos visto en la Policía Federal, el Ejército y la Marina durante los gobiernos de Fox (la represión del levantamiento social en Oaxaca), Calderón (la guerra contra el narco y el caso de la ejecución de dos estudiantes del Tec de Monterrey), Peña Nieto (Atenco, Tlatlaya y Chalchihuapan) y aún ahora el de AMLO (matanza de jóvenes en Nuevo Laredo), aunque el discurso oficial los da por concluidos.
Fue una ejecución
Respecto a lo ocurrido en Nuevo Laredo el pasado domingo 26 de febrero con la muerte de cinco jóvenes baleados por una patrulla del Ejército, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas reconoció con toda claridad que se trató de una ejecución extrajudicial.
“Estaban desarmados, no hubo enfrentamiento” dijo Encinas con lo que puso en duda la coartada de la Defensa Nacional de que los disparos de los militares fueron una reacción al estruendo que provocó el choque con otro vehículo de la camioneta en la que transitaban las víctimas a toda velocidad (huyendo, según los militares), argumento a partir del cual detuvo y trasladó al Campo Militar número 1 de la Ciudad de México a cuatro soldados responsabilizados de desobediencia, pero no así al capitán al mando.
La investigación dio un giro al conocerse -vía una rigurosa nota informativa del reportero Pablo Ferri de El País- con las declaraciones del único joven que sobrevivió al ataque y quien confirmó que salieron de una discoteca y que iban desarmados.
Encinas prometió dar todos los detalles de los hechos una vez que concluya la investigación de oficio emprendida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La pregunta es si su titular, Rosario Piedra Ibarra, cercana a la 4T, informará de los hechos con imparcialidad.
Instantáneas
1. ENJUAGUE. No recuerdo, en 40 años de ejercicio periodístico, a algún presidente que ejerciera su facultad constitucional de veto, acaso porque muchas decisiones del poder eran tomadas en la más absoluta opacidad. AMLO la ejerció el pasado miércoles 15 de marzo. Vetó la designación que hizo el Senado de dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Ambos puestos estaban vacantes desde mediados del año pasado y la Corte fijó un plazo perentorio a la cámara alta para que cumpliera con esa obligación constitucional. El pasado primero de marzo eligió en votación calificada a Yadira Alarcón y a Rafael Luna Alviso, este último, por cierto, uno de los peores calificados entre la lista de aspirantes, pero cercano a Ricardo Monreal; y ella, muy identificada con los intereses del PAN. AMLO vetó porque dijo que no iba a permitir enjuagues (en este caso de Morena y el PAN), declaración ésta que separa aun más de sus afectos al líder senatorial de la JUCOPO. El pleno del INAI venía sesionando con el quórum mínimo de cinco comisionados de un total de siete. Ahora, con esas dos vacantes sin resolver y la conclusión en el cargo a finales de este mes del comisionado Francisco Javier Acuña, el pleno del Instituto podría no estar en condiciones de instalarse en abril próximo, al contar con solo cuatro comisionados, es decir, sin quórum. El camino más expedito, aunque ya muy apresurado, sería que el Senado volviera a someter a votación otros dos nombres de la lista de aspirantes ya evaluada, pero que podría no alcanzar el consenso para la votación calificada. Si este procedimiento no resultara, tocaría al Senado nombrar pero con el voto de las tres quintas partes de los presentes, eventual consenso que se ve aún más lejano. ¿Paralizar al INAI será la estrategia de la 4T en su abierta oposición a los órganos autónomos del Estado?
2. CONSEJEROS ELECTORALES. ¿Pretenderá AMLO una estrategia similar de parálisis con el Instituto Nacional Electoral? La pregunta es pertinente a la luz de lo ocurrido en el INAI. Por lo pronto avanza el proceso para la designación de cuatro consejeros electorales, incluido su presidente. Para este último cargo -sin el consenso por supuesto de la oposición y por ello con el último recurso legal de la elección vía insaculación (tómbola)- suenan desde Morena, cada vez más fuerte, los nombres de Bertha Alcalde Luján (hija Bertha Luján Uranga, una de las duras de Morena, y hermana de Luisa María Alcalde Luján, actual secretaria del Trabajo); y de Netzaí Sandoval, hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y hasta hace unos meses director de la Defensoría Pública del Poder Judicial Federal.
3. ¿RUPTURA? Una primera lectura de la renuncia de Lázaro Cárdenas Batel como coordinador de asesores de AMLO es en el sentido de que, finalmente, se consumó la ruptura de la 4T con el cardenismo. La separación de AMLO y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano ya venía de tiempo atrás. Llegó a un punto álgido fue la participación del hijo del general Lázaro Cárdenas y padre de Lázaro Cárdenas Batel en los debates que dieron lugar al Colectivo por México el 30 de enero pasado. El ingeniero Cárdenas se deslindó de la organización opositora que nació a partir su libro “Por una democracia progresista”, mientas que AMLO consideró adversario a quien junto con él había caminado por años en el sendero de la transición democrática. Cárdenas Batel se va a desempeñar un cargo internacional en la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) y asegura que su relación con el presidente es buena. Dígase lo que se diga parece una ruptura y en política, lo que parece es.
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@RaulRodriguezC
raulrodriguezcortes.com.mx
