¿Fue un jueves negro, como lo definió el líder de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, o fue un jueves luminoso en el que se aprovechó la oportunidad histórica de hacer valer, por primera vez en la historia del país, el derecho a la consulta popular, como lo razonó el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar? ¿Violentó la Corte el orden constitucional por el que debe velar o dio paso a fortalecer nuestra democracia representativa con la democracia participativa?
El alcance de la decisión de la Corte de avalar por seis votos contra cinco la constitucionalidad de someter a consulta popular el enjuiciar a expresidentes, será objeto durante los próximos días de un debate público entre quienes sostienen ambas posiciones, tan o más intenso, interesante y enriquecedor que el que sostuvieron ayer los ministros del máximo tribunal del país.
Tratemos de comprender desde la posición del ciudadano común el fondo del debate sobre un derecho incorporado al texto constitucional desde el 9 de agosto de 2012 y jamás ejercido hasta la fecha en los términos marcados por la Carta Magna y su ley reglamentaria.
Decíamos aquí en la entrega pasada que, con los argumentos escrupulosamente formalistas del ministro ponente, Luis María Aguilar, la decisión de la Corte se encaminaba a la inconstitucionalidad. Por eso sorprendieron los argumentos esgrimidos por los seis ministros que avalaron la constitucionalidad de la consulta, destacadamente los del ministro presidente Arturo Zaldívar.
¿Se está sometiendo a consulta la aplicación de la ley, como sugería el proyecto del ministro Aguilar a favor de la inconstitucionalidad? No, sus procedimientos y obligatoriedad se respetarán como marca la propia Constitución. El apego a ésta y al marco legal dará cauce a la presunción de inocencia, al debido proceso y al trato igual frente a la ley. Luego entonces, no se restringen derechos humanos y, por el contrario, se protege el de ser consultado en asuntos de trascendencia nacional, en momentos en que muchos mexicanos no se sienten representados por los partidos políticos existentes.
¿Se está dando curso a la existencia de tribunales populares? No, el ciudadano consultado no será quién acuse, ni procese, ni sancione. Serán los fiscales, si hay delitos concretos que perseguir; y los jueces, si encuentran méritos para procesar y sancionar a los presuntos infractores. ¿Para qué entonces la consulta? Para medir el ánimo social, para hacer explícito el sentir ciudadano respecto a un asunto de trascendencia nacional.
¿Lo que resulte de la consulta será vinculante, es decir, de aplicación obligatoria? Solo, si como dice la Constitución, participa en ella 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores (35 millones 968 mil). Pero aún si así fuere, su carácter vinculatorio no aplicaría porque –de acuerdo con el posicionamiento del ministro Zaldívar– no se está consultando la aplicación de la ley y, por lo tanto, “es claro que los efectos de una consulta sobre la política criminal no son vinculantes para las autoridades, en el sentido de obligarlas a actuar o no en función de sus atribuciones”.
Este último argumento aplica también para responder si la autoridad renuncia a su obligación de proceder contra presuntos infractores y reparar el daño a las víctimas, en caso de que la respuesta mayoritaria fuera no proceder contra los expresidentes. No se trata de una amnistía. Si se demuestra que alguno infringió la ley, será procesado.
Sobre la base de estos argumentos fue que ocho de los once ministros de la Corte aprobaron cambiar la pregunta de la consulta en estos términos: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Así, se descargan juicios de valor y pretensiones tendenciosas, al omitir mencionar a los expresidentes, enfatiza el apego al marco constitucional y legal, y precisa que se votará por emprender un proceso de esclarecimiento (una especie de comisión de la verdad) que garantice justicia y la reparación del daño a las posibles víctimas. Es abrir las puertas a la opinión ciudadana, no como lo que, acaso por temor, muchos consideran “un escenario catastrófico de populismo penal”.
Se trata pues de un asunto al que, por supuesto, no se le puede quitar su gran carga política, en el que la mayoría de los ministros de la Corte no sucumbió, como se afirma, a inexistentes intimidaciones presidenciales y en el que AMLO, ni hablar, ganó la partida.
Instantáneas:
1. ¿QUE SIGUE? A más tardar hoy, la Corte deberá notificar al Senado (cámara a través de la cual el Presidente solicitó la consulta popular sobre el juicio a expresidentes) el sentido de su resolución a favor de su constitucionalidad y el cambio de la pregunta. Cada una de las cámaras deberán aprobar por mayoría simple (251 diputados y 64 senadores). Ya no podrán cambiar la pregunta. De aprobarse, deberán notificar al INE para que inicie el proceso de organización, desarrollo y realización el primer domingo de agosto del año próximo.
2. FIDEICOMISOS. Al momento de cerrar esta columna, la Cámara de Diputados iniciaba en el pleno la discusión del proyecto de dictamen que elimina 109 fideicomisos públicos. Al someterse a votación en lo general, los diputados de oposición (PAN, PRI, MC y PRD) decidieron no presentarse, por lo que Morena y aliados no alcanzaron el quórum requerido para avalarla. En lo particular estaban reservados 396 artículos del dictamen aprobado en comisiones. El estimado anoche era que la sesión estaría terminando a las cinco o seis de la mañana de este viernes.
3. RENUNCIA. Pablo Amílcar Sandoval, hermano de la secretaria de la Función Pública, se convirtió ayer en el primer superdelegado que se separa del cargo, para buscar la gubernatura de su estado, en este caso Guerrero. Aunque no ha declarado abiertamente su postulación para esperar que los tiempos legales se lo permitan, Sandoval optó por renunciar al cargo para salvaguardar la transparencia e imparcialidad de los programas sociales y no mezclar así sus aspiraciones políticas con la política social del gobierno federal.
4. ALARMA. Ante la eventual desaparición del Fondo Minero, la alarma en el sector no solo se restringe a los efectos que podrá tener en esa industria, sino que se extiende a la suspensión de apoyos sociales vinculados a esa actividad. La cancelación del Fondo no solo dejará sin recursos a 28 estados y más de 200 municipios del país donde se desarrolla la minería, son también a programas de la SEP como la construcción de escuelas que en estos momentos es financiada por dinero proveniente de esa fuente.
5. RESTAURACIÓN. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se reunió ayer en Palacio Nacional con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, así como con la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, para dar seguimiento al proyecto de restauración de monumentos históricos que lleva a cabo en su entidad.
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