Con la espada desenvainada al asumir ayer como ministra de la Corte, Lenia Batres Guadarrama arremetió contra el máximo tribunal del país y puso en perspectiva lo que será el fondo de la reforma judicial que pretende el actual gobierno, pero que choca frontalmente con el estatus quo de la judicatura.
La nueva ministra acusó a la Suprema Corte de extralimitarse y confundir la jerarquía de la Constitución por la jerarquía de la instancia (última e inatacable) y planteó este aserto: “no tenemos una Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Corte, a grado tal que los litigantes preguntan ¿qué dice la Constitución al respecto? y ellos mismos responden: lo que decida la Suprema Corte”.
“La Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables… en los últimos años ha establecido en la práctica una supremacía de la jurisprudencia (esto es, el cómo interpreta las leyes) por sobre la Constitución… es indebido pues la jurisprudencia no goza de las características de generalidad que sí tienen las leyes…”
No parece casual que los destinatarios de tan severo aserto hayan sido descritos en la víspera por el ministro en retiro Arturo Zaldívar como un bloque opositor que responde a los intereses del conservadurismo, la derecha, la oligarquía, las corporaciones y el prianismo, según declaraciones al diario español El País en las que también afirmó que la neutralidad del juez no existe y que todos los ministros interpretan la Constitución partiendo de una ideología.
Ni duda cabe que uno de los temas que dominarán el debate nacional en este trascendental 2024, será el de la reforma del Poder Judicial Federal.
Cada vez más confrontado con la Corte y la Judicatura, AMLO decidió adelantar la presentación de la iniciativa correspondiente y no esperar hasta septiembre como lo tenía previsto en el posible escenario de ganar en junio próximo la mayoría calificada necesaria en el Congreso para concretar esa reforma de carácter constitucional.
De manera que durante los próximos días se conocerá el contenido de la iniciativa de marras que, según lo dicho por el propio López Obrador, propone centralmente la elección vía voto ciudadano de los ministros de la Corte, los magistrados de tribunales y los jueces.
El gobierno de la 4T plantea esto como el remedio a la corrupción que impera en nuestro sistema de justicia, mientras que el estatus quo judicial considera que por el contrario la alienta porque lo involucra en campañas electorales, partidos afines y el rejuego de intereses políticos ajenos al deber que les impone la Constitución a jueces, magistrados y ministros de velar por ella.
El grupo dominante visible dentro del Poder Judicial y la oposición política del actual gobierno ven, por el contrario, en la pretendida reforma de AMLO, la intención de cooptar su autonomía como contrapeso de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Pecarían de ingenuos quienes crean que no hay corrupción en nuestra judicatura y que la separación de poderes es químicamente pura. En política, desde siempre (durante el largo trecho de la hegemonía priista y después en la alternancia panista) uno de los tres poderes de la unión, el Ejecutivo, siempre operó para ganarse el apoyo o de plano imponerse sobre los otros dos, el Legislativo y el Judicial.
La actual gestión morenista no ha sido ajena a esa pulsión. Esa tendencia instintiva la manifestó AMLO sin rodeos desde el inicio de su mandato al invocar el artículo 127 constitucional que establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente, lo que la Corte -con sueldos para sus ministros que hasta triplican el del jefe de Ejecutivo- no acató ni ha acatado por diversas razones jurídicas también argumentadas desde la Constitución.
Hasta la renuncia de Arturo Zaldívar a su magistratura el pasado 7 de noviembre, AMLO propuso a cuatro ministros de la Corte: Juan Luis Gutiérrez Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos-Farjat y Loreta Ortiz.
Záldivar, quien presidía la Corte en el lapso de esas designaciones y que ahora se ha incorporado al equipo de asesores de Claudia Sheinbaum, no niega cercanía a AMLO con quien sostiene una “relación institucional, cordial, de confianza, respeto e incluso de afecto”.
Aun así y quizás como nunca, varias reformas, decretos y decisiones prioritarias del actual gobierno han sido bateadas por la Corte o siguen pendientes de resolución, lo que AMLO interpreta como un boicot a su gobierno.
Incluso dice haberse equivocado con la designación de Gutiérrez Alcántara Carrancá y Ríos-Farjat (quienes optaron por seguir un camino manifiesto de absoluta independencia) y lamenta no haber logrado imponer la inconstitucional medida de que Záldivar alargara hasta 2024 su gestión frente a la Corte cuyo período concluyó el primero de enero del año pasado, propuesta que tan malos réditos dejó al hoy ministro en retiro por no salir al paso de inmediato de un planteamiento que no tenía ninguna posibilidad legal.
Como se sabe, el pleno de la Corte designó como su presidente a la ministra Norma Lucía Piña Hernández con quien creció una confrontación que escaló a su punto más álgido con la decisión de la 4T de extinguir fideicomisos del Poder Judicial por un valor superior a los catorce mil millones de pesos.
Fue en ese contexto que tras el rechazo del Senado de dos ternas de aspirantes a ocupar el lugar que se abrió con la renuncia de Arturo Zaldívar, AMLO designó directamente y en el ámbito de sus atribuciones legales, a Lenia Batres Guadarrama como ministra de la Corte.
Instantáneas:
1. ALITO, A SALTO DE MATA EN OAXACA. El famoso dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”, estuvo en Oaxaca el miércoles y el jueves pasados. Sin embargo, y para sorpresa del priismo oaxaqueño, solamente cuatro personas se enteraron de su llegada y, posteriormente, tuvieron conocimiento de ello unas cincuenta personas que fueron convocadas vía WhatsApp a la sede del PRI-Oaxaca para una “reunión urgente”. Los invitados aguardaban sentados la llegada de la líder priista oaxaqueña, Carmen Ricardez Vela y se fueron de espaldas al ver llegar a Moreno Cárdenas. No esperaron para ver de qué se trataba el evento y abandonaron el recinto, donde a los pocos asistentes que quedaron les tomaron la protesta como delegados regionales. Las ausencias notorias y notables fueron la de la mayoría de los expresidentes del PRI oaxaqueño, quienes repudian el maridaje que “Alito” sostiene con Marko Cortés, el líder nacional panista. Moreno Cárdenas aprovechó sus estancia por tierras oaxaqueñas y apareció en el evento que encabezó ayer de Xóchitl Gálvez en un lugar llamado “El Pañuelito”, ubicado a un costado de la iglesia de Santo Domingo, donde según los conocedores de esa capital no le caben más de mil personas. La pregunta es ¿por qué no se realizó en La Plaza de la Danza con cupo de 4 mil personas o en el auditorio Guelaguetza donde caben 12 mil? En esta gira de la precandidata de la alianza opositora, Jaime Larrazábal, ex tránsfuga priista, hoy vuelto al redil por obvias razones, le pidió a uno de los cercanos a la señora Gálvez que fuera tomado en cuenta como candidato de esa coalición para la presidencia municipal de la ciudad de Oaxaca. Vale recordar que Jaime Larrazábal es hermano del panista Fernando Larrazábal, quien fuera alcalde de Monterrey y se hizo famoso por la “venta” de quesos oaxaqueños a empresarios de casinos, por la suma de casi 500 mil pesos, además de que, como responsable de la construcción de la mega biblioteca José Vasconcelos de la CDMX, nunca dijo y nadie se enteró dónde quedaron varios miles de millones de pesos. La cereza del pastel en este asunto de biblioteca fue cuando debido a un torrencial aguacero en la capital del país, el recién inaugurado inmueble se inundó. Tampoco hay que olvidar que Larrazábal, el aspirante a “gobernar” el municipio de la capital oaxaqueña, fue uno de los operadores financieros de Héctor Pablo Ramírez-Puga Leyva quien, como director de Liconsa, lo mandaba a cobrar cuotas bastante irregulares a los estados proveedores de leche a esta institución. Como dice Xóchitl Gálvez, si no quiere huevones o rateros, se va a equivocar con Jaime Larrazábal quien, por cierto, le organizará mañana sábado a Consuelo Sáizar un evento cultural sin representantes de la cultura en el hotel La Casa Azul de la Verde Antequera.
2. ASESINATO EN CUAUTLA. Ya le contaba aquí el pasado 22 de diciembre de las conexiones oscuras de la narcopolítica morelense. En el contexto de violencia e inseguridad que provoca fue asesinado ayer en Cuautla el secretario general del PAN en Morelos, Giovanni Lezama Barrera. El joven político morelense recibió entre cuatro y cinco disparos de una pistola calibre 45 de un hombre que irrumpió en el gimnasio donde hacía ejercicio. Lezama Barrera también fungía como regidor en Cuautla y estaba perfilado para contender por una diputación federal.
3. LOS INVITADOS. Resulta obvio que la ministra de la Corte Lenia Batres, exdiputada federal y exconsejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, es repelente a la mayoría de sus ahora pares. Acaso esa sea la razón por la que decidió mostrar con los invitados a su investidura, la convocatoria que tiene dentro de la 4T y Morena, partido del que fue fundadora. Entre otros, su hermano el jefe de gobierno interino de la CDMX, Martí Batres; la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro; el secretario de Desarrollo Agrario, Román Meyer; el secretario de Energía, Miguel Ángel Maciel; el subsecretario de Gobernación, César Yáñez; la consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos; y la fiscal general de la CDMX, Ernestina Godoy.
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