Solo más polarización e inestabilidad política en medio de una delicada coyuntura electoral, traerá al país la guerra frontal entre poderes de la unión que desde hace meses se pelea soterrada, pero que el jueves pasado emergió estrepitosamente con la filtración de un documento de obligada confidencialidad procesal en el que la ministra presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña Hernández ordena investigar a su antecesor Arturo Záldivar (hoy coordinador jurídico de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum) y a sesentaicinco funcionarios, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, tras recibir y dar entrada a una denuncia anónima que los acusa de violaciones graves a la independencia y autonomía de los juzgadores, de hechos de corrupción y de enriquecimiento ilícito en uno de los casos.
En el documento fechado nueve de abril de 2024 e identificado como Investigación J/108/2024, Herbert Torres Coello, titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) da cuenta a la ministra presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal del contenido de la denuncia anónima, quien ordena a esa instancia iniciar la investigación correspondiente.
Al exministro Zaldívar se le acusa de “vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”.
De él dice el denunciante anónimo -al parecer sin más pruebas que sus dichos- que “ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar (entonces secretario general del Consejo de la Judicatura Federal y hoy titular de la Unidad de Desarrollo Democrático de la SEGOB), con el objetivo de que resolvieran a favor de sus intereses, con la promesa de beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción (e) inicio de procedimientos de responsabilidades administrativas o suspensiones”.
De acuerdo con el documento de marras, “las áreas del Consejo más usadas para presionar a jueces y magistrados fueron la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entonces a cargo de Jaime Santana Turral, la propia UGIRA y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González” (recién nombrada auditora especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación tras el cese de Agustín Caso).
Otros señalados son el extitular de la Defensoría Pública, Netzaí Sandoval (hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y actualmente coordinador de asesores de la ministra Lenia Batres) y jueces y magistrados que han emitido fallos favorables al gobierno de la 4T como son Felipe Delgadillo, Iván Zeferín Hernández, Arián Novelo, Fernando Córdova y Juan Pablo Gómez FIERRO.
A Zaldívar le atribuye la denuncia anónima confabularse para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales con el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Sherer Ibarra, con la intermediación de Alpízar Salazar a quien se investigará por enriquecimiento ilícito.
Cabe destacar que, de acuerdo con el documento filtrado, lo que se investigará son fallos judiciales como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, los permisos para la construcción del AIFA, las autorizaciones para el Tren Maya y la prisión preventiva ordenada contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex.
Tales son en síntesis los señalamientos y la siguiente es la respuesta de ayer de Arturo Zaldívar luego de que la candidata de la alianza opositora Xóchitl Gálvez pidiera que renunciara a la campaña de su contrincante Claudia Sheinbaum:
“No tengo por qué renunciar, no hay una sola prueba en mi contra. Hay una persecución y una infamia por parte de Norma Piña. Yo seguiré apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum a quien hoy agradezco enormemente su respaldo. Mi compromiso es con ella, mi lealtad es con ella y mientras ella piense que puedo seguir siendo útil en la transformación de México, ahí estaré. Ni me rajo ni me doblo, ni me quiebran ni me asustan”.
Para nadie es un secreto que nunca fue buena la relación política entre Zaldívar, como presidente de la Corte, y la ministra Norma Piña. Ninguno de los dos esperaba que ella fuera la sucesora, lo que posibilitaría el cobro de viejos agravios.
Todo ello en el contexto de la andanada de críticas enderezadas por AMLO al Poder Judicial durante casi toda la segunda parte de su gobierno, sus pretensiones de reformarlo radicalmente con la elección de ministros vía el voto popular, los recortes presupuestales de aproximadamente 20 mil millones de pesos que le ha aplicado y, más recientemente, la iniciativa ya aprobada en comisiones del Senado para restringir las suspensiones en materia de amparo, lo que quita poder a jueces y ministros.
Especialistas de la UNAM en derecho constitucional consultados por esta columna, ven con suspicacia la denuncia, su filtración, la manera en que ha sido gestionada y su verdadero objetivo.
Un punto es la filtración misma de un documento que, en atención a la presunción de inocencia de los señalados, debe ser confidencial. Ello sugiere que vino de adentro de la judicatura. ¿Acaso de la UGIRA? Difícilmente, pues no se manda sola. ¿De la oficina de la ministra presidenta? Lo cierto es que la UGIRA depende directamente de ella.
Otro punto es que la denuncia fue recibida el pasado 8 de abril y para el día siguiente ya estaba armado el expediente según la fecha del documento filtrado. Todo en menos de 24 horas. Muy corto lapso.
La denuncia, como se ha dicho, fue presentada de manera anónima y, aparentemente, sin evidencia alguna. Esto último se deduce del hecho de que el referido documento ordena “el inicio de una investigación” y “otorga a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas las más amplias facultades a efecto de que se recaben medios probatorios”.
El exconsejero de la Judicatura, Manuel Barquín ve en todo esto al menos un par ángulos inusuales:
1. Es la primera vez en la historia que la Corte abre una investigación por denuncia anónima, esto es, sin nombre ni firma ni evidencia. Aún así, la ministra presidenta ordenó que se involucrara a la UGIRA, oficina que depende directamente de ella. En resoluciones pasadas (Queja:2181/2023-IV y su acumulada Queja: 3785/2023-IX) la Corte ha señalado que “… ante la carencia de elementos de prueba con eficacia demostrativa… debe desecharse la presente queja, pues esta autoridad no cuenta con elementos para iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad correspondiente”.
2. La propia legislación que regula al Poder Judicial de la federación estipula, entre otras cosas que “las quejas y denuncias, incluyendo las anónimas, deberán acompañarse de elementos probatorios suficientes para determinar la existencia de la falta administrativa…” y que “…la falta de pruebas para establecer la existencia de la falta” es causa de improcedencia.
Los puntos referidos hacen pensar en la violación al debido proceso lo que, de entrada, ya sería una noción de derrota de quienes emprendieron la acusación contra Zaldívar y otros 65 juzgadores y propician que el asunto brinque a lo político.
¿Venganza y persecución de Piña contra su adversario político e ideológico? ¿Cacería de brujas como ha planteado el propio expresidente de la Corte y ha respaldado la candidata de Morena y aliados Claudia Sheinbaum? ¿Maniobra de la campaña de Xóchitl Gálvez para socavar a la de su contrincante?
En el fondo puede apreciarse también que los ministros de la Corte han emprendido una lucha para sobrevivir frente a un segundo período de la 4T, pero apuntando sus baterías contra Zaldívar quien, dentro del equipo de Sheinbaum, es el menos radical en la pretensión de reformar al Poder Judicial que, de acuerdo con la iniciativa presidencial correspondiente, removería a todos los jueces para su posterior elección por la vía de las urnas.
Y eso, a no dudarlo, llevará a la 4T a dar mayor prioridad a las referidas reformas judiciales.
El caso es que nada bueno puede traer la escalada de esta guerra declarada del Poder Judicial de la Federación contra los poderes Ejecutivo y Legislativo cuando solo falta un mes y medio para las elecciones presidenciales.
Instantáneas:
1. EL PAN SE ALEJA DE LUCY MEZA. Crece el descontento y el distanciamiento del PAN Morelos con Lucy Meza. Con lo competida que está la elección en la ciudad de Cuernavaca y lo holgada que se ve la elección por la gubernatura de Morelos a favor de Morena y su candidata Margarita González Saravia, el PAN da señales de tomar distancia de Lucy Meza, la candidata aliancista a la gubernatura impuesta por el PRI. Viendo lo reñido que va a estar la elección en Cuernavaca -donde en varias encuestas se marca un empate técnico- el PAN ha optado por defender esa su última plaza en el estado y concentra su operación política y presupuesto en José Luis Urióstegui, actual alcalde de la capital morelense que busca reelegirse. Entre las razones que citan los liderazgos panistas de la falta de competitividad de la candidata Meza, está su cercanía a personajes repudiados, como su principal promotor, el exgobernador Graco Ramírez, su hijastro Rodrigo Gayosso y el fiscal que la destapó, Uriel Carmona, éste último señalado de estar involucrado en el caso del feminicidio de Ariadna Fernández.
2. ¿PREVÉN EN MORENA DERROTA EN LA CUAUHTÉMOC? Parece que en los últimos años el apellido Monreal ha sido sinónimo de fracaso. Ricardo, el jefe del clan, con su derrota en la encuesta por la candidatura de Morena a la presidencia y, en Zacatecas, con el mal desempeño en materia de seguridad de sus hermanos, el gobernador David Monreal y el presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal. Ahora el foco está puesto en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX que quieren seguir controlando a través de Catalina Monreal. En Morena no ven buenos ojos los números que reflejan las encuestas, ni tampoco sienten como aliado al senador Monreal, padre de la candidata, a quien atribuyen el carácter de “traidor”, ya que los puros del movimiento no toleran que a quien consideran un advenedizo llegado del PRI, los hiciera perder en la elección 2021 al operar a favor de Sandra Cuevas.
3. “CHEMA” Y LOS BARRIOS VIVOS. La semana que concluye, José María “Chema” Martínez, el candidato de Morena y la mega alianza local a la alcaldía de Guadalajara, presentó sus ejes de gobierno que incluyen convertir a la capital tapatía en el primer gobierno que construirá mil viviendas para rentar a la gente que lo necesite a un precio accesible, principalmente jóvenes y mujeres. Bajo el concepto de tener Barrios Vivos en la ciudad, el municipio puede rentar hasta 70 por ciento más barato las viviendas, porque no gastará en tierra, ya que se harán en predios municipales, tendrá ahorro en el costo de materiales y no cobrará utilidades, lo que abarata notablemente el alquiler. Eso permitiría, según los planes de” Chema”, que la gente solo pague la tercera parte de lo que pagaría a una inmobiliaria. Este programa de vivienda social ya existe en ciudades europeas y es muy apreciado porque su función es definitivamente ayudar a quienes no pueden con altas rentas, y en Guadalajara va a servir para frenar un tanto al cártel inmobiliario.
4. QUEJA Y ACUSE. Quien esto escribe recibió el viernes pasado en su domicilio particular el emplazamiento del Instituto Electoral del Estado de México para comparecer ante esa autoridad por la denuncia de presuntos actos de violencia política contra las mujeres por razón de género en agravio de la presidenta municipal de Valle de Bravo, Michelle Núñez, por lo escrito en la columna Gran Angular del pasado 10 de marzo titulada “Morena al rojo vivo en el Edomex”. La denunciante pidió, como medida cautelar, que se editaran de la columna en redes sociales los párrafos en los que se cometió lo que a su juicio es un agravio. No repito aquí lo dicho en esa columna ya que me lo impide la medida cautelar acatada por EL UNIVERSAL en tiempo y forma. No considero, sin embargo, haber incurrido en la conducta atribuida por la alcaldesa Núñez, pues lo relatado se ajusta a la libertad de expresar y manifestar ideas, así como a la prerrogativa de que gozan los periodistas y los medios de comunicación, ya que se trata de opiniones, críticas o juicios de valor que surgen a raíz de contextos políticos y de interés público que forman parte de la vida democrática. Lo ahí comentado no se dirige a una mujer por ser mujer, no hay un impacto diferenciado ni afecta desproporcionadamente a las mujeres. Así que el fondo tiene que ver con la libertad de expresión, tema en el que por denuncias similares, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación siempre ha fallado a favor de su absoluta defensa.
@RaulRodriguezC
