Sobre un eventual enjuiciamiento a expresidentes de la República por delitos cometidos durante sus gobiernos, la encuesta publicada ayer por EL UNIVERSAL arroja que nueve de cada diez mexicanos están a favor, mientras que solo cinco de cada diez manifiestan su acuerdo en que la decisión se someta a una consulta popular.
Es contundente la mayoría que desea llevarlos a juicio si se les acusa de delitos específicos que se prueben ante tribunales, mientras que la opinión se divide sobre someter a plebiscito la decisión de procesarlos o no, sin que hasta el momento de la consulta hubiera cargos concretos contra ellos.
Visto desde esa clara diferenciación popular, son muchas las posibilidades de fracaso de lo que sería un primer ejercicio de democracia directa sujeto a las disposiciones legales vigentes (pues no lo fueron otros como el del NAIM). Pero la estigmatización que tan solo la intención de hacerlo traería a los personajes y a los partidos políticos de que son parte, obraría inevitablemente a favor de AMLO y Morena en las elecciones federales del año próximo.
El artículo 32 de la Constitución, en su fracción octava, considera un derecho ciudadano votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Éstas deben ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: 1. El Presidente; 2. El equivalente a 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras, es decir, 164 de los 500 diputados o 43 de los 128 senadores; y 3. El dos por ciento de los 89 millones 920 mil ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, es decir, un millón 798 mil ciudadanos. Si la petición es presidencial o legislativa, ésta deberá ser aprobada por la mayoría de cada una de las cámaras, es decir, 251 diputados y 64 senadores; pero si es ciudadana, no requerirá de la aprobación del Congreso.
Antes de que éste convoque, la Corte debe resolver sobre la constitucionalidad del tema a consultar. El artículo 35 constitucional y su ley reglamentaria (Ley Federal de Consulta Popular) puntualizan que no pueden ser sometidos a consulta la restricción de derechos humanos, nuestro carácter de República representativa, democrática, laica y federal, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la Fuerza Armada permanente.
Tocaría al INE verificar los requisitos de la consulta, así como su organización, difusión, desarrollo, cómputo e informe de resultados. Se realizaría el primer domingo de agosto, fecha establecida por el artículo 35 constitucional y que prevalece sobre la que fija la ley reglamentaria que es el día de la jornada federal electoral. Ésta establece que una petición de consulta debe hacerse a partir del segundo año de ejercicio de cada legislatura y formularse entre el primero y el 15 de septiembre del año previo a su realización.
Los resultados serían de aplicación obligatoria si participan en ella al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, es decir, 35 millones 968 mil.
AMLO ha declarado que preferiría que la petición de consulta fuera ciudadana, lo que se ve complicado ya que solo quedan 18 días para juntar el millón 798 mil firmas requeridas. Es más viable que sea por la vía legislativa, en la que Morena y aliados cuentan con el suficiente número de diputados o senadores para solicitarla. Para la aprobación del Congreso de ésta vía, así como de la presidencial, el partido en el gobierno también dispone de las mayorías necesarias.
Donde se ve claramente un obstáculo, es en el aval de la Corte sobre la constitucionalidad del tema del plebiscito. Juristas consultados por esta columna recuerdan que uno de los asuntos no consultables es el de la restricción de derechos humanos. En este caso se estaría restringiendo el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, y vulnerando el carácter autónomo de la Fiscalía General de la República previsto en el artículo 102 de la Constitución.
Otro asunto motivo de polémica es el del fuero presidencial aún vigente. Es claro que aplica para el presidente, pero ¿prevalece en un expresidente? Si es que no, como algunos consideran, ¿los ampara el fuero si los delitos por los que se les acuse se cometieron durante su mandato? Cierto es que Morena y aliados buscan sacar adelante con el arranque en septiembre del periodo ordinario de sesiones, la reforma al 108 constitucional que elimina el fuero presidencial y añade al de traición a la Patria el delito de corrupción para someter a juicio a un jefe del Ejecutivo. Pero la ley no es, como se sabe, de aplicación retroactiva.
Uno infiere, por lo expuesto, que el enjuiciamiento a expresidentes tiene hasta ahora más resortes electorales que de justicia.
Instantáneas:
1. NOROÑA. Barruntos de tormenta en la cámara de Diputados. Todo apunta a que hoy se informe de la incorporación de seis legisladores a la bancada del PT para que ajusten los números requeridos para que ese partido se constituya en tercera fuerza política y su vicecoordinador, Gerardo Fernández Noroña, asuma la presidencia de la mesa directiva durante el tercer año de la actual Legislatura. Con eso desplazarían al PRI y sus aspiraciones de presidirla con Dulce María Sauri. El PT tiene hasta ahora 43 diputados contra 46 del PRI, pero según se supo en San Lázaro hoy se sumarán a la fracción del Partido del Trabajo dos diputados del Verde, dos del Partido Encuentro Social y los independientes Héctor Serrano, exsecretario general del gobierno de la CDMX, y Mauricio Toledo, exdelegado en Coyoacán. Con ello conformarían una bancada de 49 diputados, tres más que el PRI. El tricolor exige que se honre el acuerdo inicial de que presidiría la mesa directiva durante el tercer año de la Legislatura y rechaza prestarse a ese tipo de maniobras. El morenista Mario Delgado, presidente de la Jucopo ha propuesto que el PT encabece la mesa directiva medio año y el PRI otro medio año, para salir adelante del embrollo que se le avecina.
2. TRANSPARENCIA. En el Senado, mientras tanto, se promueve para pasado mañana domingo un ejercicio inédito en la elección de quien será el próximo presidente de la Mesa Directiva. La mayoría de Morena y su aliado Encuentro Social elegirán al sustituto de Mónica Fernández entre los senadores Salomón Jara, de Oaxaca; Alejandro Armenta, de Puebla; Ovidio Peralta, de Tabasco, y Eduardo Ramírez, de Chiapas. Los 65 participantes tendrán un plazo de tres horas para votar, será válida la votación electrónica a distancia para aquellos que no puedan estar presencialmente y el proceso se transmitirá por el Canal del Congreso.
3. GOBIERNO PLURAL. Muy cerrada y hasta conflictiva se percibe la elección de gobernador de Nuevo León el año próximo. Las preferencias están cerradísimas entre MC, PAN, PRI y Morena y la lucha por las candidaturas de cada uno de esos partidos se torna ruda. En medio de esto surgió una idea que, si no novedosa, suena oportuna en la actual coyuntura. Es de Cristina Díaz, alcaldesa de Guadalupe, en el sentido de que el nuevo gobierno del estado se integre de manera plural. Convencida de que es la mejor manera de enfrentar los graves retos por venir, la también exsecretaria general del PRI ya ha obtenido respaldos importantes a esa propuesta de gobierno de coalición. Entre otros el de directivos y académicos de la Universidad de Nuevo León, así como de uno de los líderes del PAN en el estado y alcalde de San Nicolás, Zeferino Salgado.
4. APROBACIÓN. Todo es según lo quiera ver. La encuesta publicada ayer por Enkoll revela que AMLO llega a su segundo informe de gobierno con una aprobación de 58 por ciento ya que durante agosto logró un aumento de doce puntos, pero comparado con su aprobación del año pasado, que fue de 73 por ciento, llega con quince puntos menos. Nada es absoluto, todo es relativo.
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