Son muchas las acusaciones y señalamientos contra el empresario hidalguense Juan Carlos Tapia Vargas por las presuntas transas cometidas para obtener millonarios contratos del gobierno federal con una compañía que fundó hace apenas tres años sin que, hasta la fecha, haya sanciones por su sospechoso auge y enriquecimiento.
Tapia Vargas creó en 2020 la empresa Manufactura Especial y Proyectos Industriales (MEPI) para cubrir irregularidades cometidas con contratos gubernamentales del sector energético y pese a su inexperiencia por tan reciente fundación, tiene contratos en todos los proyectos de soberanía energética del gobierno de AMLO, como la reconfiguración de las refinerías de Tula, Hidalgo y Salina Cruz, Oaxaca, además de ser uno de los constructores de la refinería Olmeca en Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.
Fuentes de la industria y del gremio petrolero aseguran que Tapia Varga goza de impunidad prodigada desde el más alto nivel y que MEPI ha crecido al amparo de contratos entregados por asignación directa.
Pero la historia del empresario hidalguense trae una larga cola, ya que diversas declaraciones lo involucraron directamente en el escándalo de los sobornos de la brasileña Odebrecht y ¡vaya ironía!, mientras el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, se encuentra preso y sujeto a proceso judicial, Juan Carlos Tapia Vargas goza de libertad y de favores gubernamentales.
Su cercanía con Lozoya -nos dicen los informantes- se sustenta en el hecho de que entre 2012 y 2015, período en el que el hoy procesado dirigió Pemex, otra empresa del hidalguense, CITAPIA, obtuvo de la petrolera por asignación directa, contratos por 517 millones de pesos y 72 millones de dólares.
Pero la caída en desgracia de Lozoya no fue impedimento para que las empresas de Tapia Vargas obtuvieran nuevos contratos millonarios para la rehabilitación de las refinerías de Tula y Salina Cruz, y aun cuando la secretaría de la Función Pública lo sancionó en 2019 con una multa de 207 millones de pesos y la inhabilitación de CITAPIA por 30 meses para participar en licitaciones públicas con información falsa, MEPI obtuvo contrato ( el PTI-ID-S-007/2019 para el paquete 6 por 78.4 millones de dólares), en la construcción de la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, una de las obras públicas insignia del gobierno de AMLO.
Por las declaraciones ministeriales de exdirectivos de Odebrecht en la Corte Federal de Nueva York, se sabe que Pemex, además de los sobornos que le entregó la empresa brasileña, puso como condición contratar a CITAPIA en el reacondicionamiento de las refinerías de Tula, Hidalgo y Salamanca, Guanajuato, para adjudicarles tres contratos por un monto total de cuatro mil 670 millones de dólares.
A su vez, Emilio Lozoya reconoció ante las autoridades mexicanas que Fabiola Vargas, la fallecida hermana de Juan Carlos Tapia Vargas, fue la encargada de “poner los recursos en efectivo relacionados con las transferencias de Odebrecht”. Es decir, participó directamente en la trama de los sobornos entregados a legisladores para que el Congreso de la Unión aprobara la reforma energética propuesta por Enrique Peña Nieto.
CITAPIA fue investigada en 2017 por la entonces PGR por el hallazgo dentro de sus instalaciones de una toma clandestina para la ordeña de combustible del poliducto de Pemex Tula-Salamanca, acusación que libró con el argumento de que no sabía de la existencia de esa toma en un terreno baldío que rentó como pensión para vehículos pesados y de la que dos años después Pemex Transformación Industrial (PTI) se desistió ante un juez federal.
Todo lo anterior solo es explicable por la impunidad ofrecida por contactos del más alto nivel, a grado tal de que Tapia Vargas, ni siquiera oculte que sus empresas fachadas están ligadas entre sí, con la participación como socios de familiares y amigos.
Instantáneas:
1. LA PISTA VERDE DEL INCENDIO. Confirme se intensifican las investigaciones sobre el incendio que mató a cuarenta personas en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, las autoridades no sueltan la pista de las relaciones de los dueños del Partido Verde (cuyas iniciales son González Torres) con Vicente Salazar Gasca y George Mc Phail Trouyet, representantes de la empresa CAMSA Seguridad contratada por el Instituto Nacional de Migración. El hilo de la indagatoria podría llevarnos a una sorpresa y en una de esas resulta que el hoy imputado titular del INM, Francisco Garduño no es el único relacionado con este asunto que podría escalar hacia el mundo de la política si resulta efectiva la relación de CAMSA con los verdecitos del partido de los González Torres.
2. ARITMÉTICA ELECTORAL. Tras la invalidación de la Corte de la primera parte del Plan B electoral y que marca el mismo camino para la segunda parte, AMLO anunció su Plan C que, en términos prácticos, es hacer todo lo que esté a su alcance para que en las elecciones de 2024 su movimiento no solamente retenga la Presidencia de la República, sino que también gane en el Congreso la mayoría calificada para aprobar, sin problema, reformas a la Constitución. La electoral, por supuesto, y la del Poder Judicial de la Federación cuyas iniciativas enviaría al Poder Legislativo en septiembre de 2024, un mes antes de que concluya su mandato. A propósito de este tema, encontré en la cuenta de Twitter de Arturo Erdély (@ArturoEederly) un ejercicio aritmético interesante que lo lleva a concluir que el Plan C de AMLO se antoja prácticamente imposible. Refiere las encuestas de Massive Caller de intención del voto para el Senado, según las cuales Morena y sus aliados tendrían los votos para ganar 25 de los 32 estados del país. Si son dos por estado los que llegan por mayoría relativa, entonces tendrían 50. Si en los siete estados que no ganan es factible que logren un asiento por primera minoría, obtendrían siete escaños más, lo que les sumaría 57 senadores. Para alcanzar la mayoría calificada se necesitan 86 del total de 128 senadores, lo que quiere decir que les estarían faltando 29 que, en el mejor de los casos, tendrían que obtener por representación proporcional el 90.6% de la votación nacional (100 x 29/32), lo cual es incompatible que la preferencia nacional que le marcan las encuestas y que ronda 52%.
3. BODA “EMECISTA”. La ciudad de Guadalajara congregó ayer a funcionarios y líderes de Movimiento Ciudadano de Nuevo León y Jalisco, invitados a la boda de Agustín Basave Alanís, secretario de Ayuntamiento de la ciudad de Monterrey. El joven político, brazo derecho del alcalde regiomontano Luis Donaldo Colosio Riojas, se casó por la iglesia con Jessica Paulina Delgadillo Siordia, en una hacienda ubicada en el poblado de El Carmen, municipio de Ahualulco de Mercado, a 60 kilómetros del área metropolitana de Guadalajara. En la boda del hijo del politólogo y expresidente del PRD, Agustín Basave Benítez, estuvo la plana mayor del MC, encabezada por su coordinador nacional Dante Delgado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez; el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, y el senador Clemente Castañeda. El gran ausente fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien pretextó problemas de agenda pero que los malosos atribuyen a las pugnas internas “emecistas” de cara a la eventual candidatura presidencial.
@RaulRodriguezC
