La Junta de Gobierno de la UNAM ya está en la recta final del proceso electivo de la persona que encabezará la máxima casa de estudios en el período 2023-2027.
Mañana lunes 30 de octubre concluirá sus entrevistas con las diez personas (tres mujeres y siete hombres) que aspiran a la Rectoría. Al día siguiente, martes 31 de octubre, iniciará lo que denomina deliberación previa, de la que ya podrían resultar algunos eliminados, sin que esto se haga púbico. Como se atraviesa el puente de muertos, el período para recibir cartas de apoyo para las y los aspirantes, cerrará hasta el viernes 3 de noviembre.
La Junta iniciará al siguiente lunes, 6 de noviembre, la deliberación para elegir entre las personas finalistas, lo que tomará prácticamente toda esa semana pues difícilmente -según algunos decanos de la comunidad universitaria consultados por esta columna- la decisión no se tomará más allá del viernes 10 de noviembre o, cuando muy tarde, el lunes 13 de noviembre, toda vez que cuatro días después, el viernes 17 de noviembre, deberá estar tomando posesión la nueva Rectora o el nuevo Rector de la UNAM.
Los días que vienen aumentarán las presiones a la Junta de Gobierno. Ya vimos el tema de la plaga de chinches (que resultó una falsedad) y la toma violenta de planteles por porros encapuchados, soterrada amenaza de desestabilización de grupos de interés externos e internos, advertida aquí en la entrega del domingo pasado.
Además del CCH Azcapotzalco (ocupado por encapuchados el viernes 21 de octubre a punta de palos y bombas molotov), está semana fueron tomados el CCH Vallejo, la Preparatoria 7, la Escuela de Idiomas y las facultades de Contaduría, la FES Acatlán y la FES Cuautitlán, mientras que la de Aragón está en clases por línea.
Unos datos para poner el asunto en perspectiva: solo Contaduría (la facultad de C.U. con mayor matrícula) y la FES Acatlán, suman poco más de 46 mil alumnos. Con lo otros planteles en paro hablamos de un total cercano a los 50 mil. La matrícula total de la UNAM es de 373 mil estudiantes. Luego entonces están en paro más de diez por ciento de sus estudiantes.
Es difícil prever que seguirá conforme se acerque la fecha para la designación de la persona que encabezará la Rectoría. AMLO no ha dicho una sola palabra al respecto en estos días, algo francamente sorpresivo e inexplicable frente a lo que nos tiene acostumbrados.
¿Hará o dirá algo como hace exactamente dos años (octubre de 2021), cuando declaró que la UNAM “necesita una sacudida”, revertir una “derechización” neoliberal que -a su juicio- inició con el rectorado de Juan Ramón de la Fuente (199-2007) y continuó con José Narro Robles (2007-2015) y con Enrique Graue (2015-2023)?
¿Qué es exactamente la pretendida sacudida? ¿Arrebatar simplemente a los médicos su ya largo período como Rectores o cambiar la legislación universitaria pasando por encima de su autonomía? Porque pese a las diferencias ideológicas expuestas en esas declaraciones, AMLO tiene en De la Fuente (quien fuera hasta hace unos meses su embajador en la ONU) una influyente mano metida en la Universidad, una figura que representa continuidad. Pero tiene otra (más o menos disruptiva) con su “delfina”, no la del Edomex, por cierto, sino con su heredera Claudia Sheinbaum, a quien le entregó el bastón de mando.
La decisión que está por tomar la Junta de Gobierno será crucial para la viabilidad y la estabilidad de la UNAM. Todos sus integrantes (8 mujeres y siete hombres) son académicos de impecables credenciales en la enseñanza y sus campos del saber, pero no todos con experiencia política, cualidad que mucho ayudaría en la actual coyuntura. Solo dos de ellos la tendrían: la ministra en retiro de la Corte, Margarita Luna Ramos y el exdirector del CONACYT y exdirector del CIDE, Enrique Cabero Mendoza. Otros datos: catorce de los quince integrantes fueron nombrados por el Consejo Universitario durante los dos períodos del Rector Graue y solo tres de ellos (una mujer y dos hombres), son menores de 60 años.
Estas mujeres y hombres integrantes de la Junta de Gobierno deberán tejer muy finamente para que la Rectora o Rector a quienes ellos elijan, garantice al menos tres cosas: 1. Que la Universidad no se convierta en campo de proselitismo y/o de batalla electoral en el ya de por sí polarizado proceso de 2024; 2. Tener una relación armónica, estable y respetuosa con el actual gobierno, por lo menos hasta 30 de septiembre del año próximo, que es cuando concluye, pero en el que AMLO aun podría incluir a la legislación universitaria entre sus reformas pendientes si es que, como pretende, mantiene la mayoría en el Congreso; y 3. Sentarse de inmediato con el nuevo gobierno para delinear el futuro de la UNAM durante los siguientes seis años, lo que dependerá de cómo sea la relación con los gobiernos federal y de la CDMX.
“La autonomía es a la UNAM lo que el agua a los peces”
Todas las y los aspirantes a la Rectoría con los que ha conversado esta columna de cara al proceso sucesorio universitario, coinciden que la autonomía es un principio innegociable e irrenunciable.
Nuestra más reciente entrevista fue con la coordinadora de Humanidades, la doctora Guadalupe Valencia García quien gusta de recurrir a metáforas muy explicativas para fijar sus posiciones: “la autonomía es a la UNAM lo que el agua a los peces”.
- Yo creo que la autonomía no está ni ha estado en riesgo porque es algo que entre los universitarios está hasta el tuétano- suelta después de una breve pausa reflexiva, mientras observa un pequeño reloj de arena que cubre un lapso de cinco minutos y que tiene sobre su escritorio no como mera figura decorativa sino como señal -según nos cuenta- de su pasión por la sociología del tiempo o, dicho de otra forma, el tiempo social, los usos y discursos temporales y su relación con las identidades sociales.
Sobre las críticas de “derechización” de la UNAM hechas por AMLO ataja firme: “Me parece que no hay argumento ni sustento informado o documentado de que la Universidad se haya derechizado”, aserto éste que la lleva a reconocer que “somos una Universidad cuya riqueza radica en el ejercicio de la pluralidad, pues esa es la libertad de cátedra y de investigación, siempre y cuando sea una pluralidad que se sostenga en argumentos y en ideas e información, no en meras opiniones sin fundamento”.
No obstante, considera que la relación Universidad-gobierno “debe ser cordial, una donde nos pongamos de acuerdo y no creo que cueste mucho lograrlo cuando tenemos un objetivo común: la sociedad mexicana, a la que nos debemos gobiernos y UNAM”.
Si algo parece caracterizar a esta doctora en Sociología de 65 años es que tiene los pies muy bien puestos sobre la tierra: “ningún Rector que tome posesión este mes de noviembre va a inventar a la UNAM, la puedes reinventar en muchos sentidos, pero nada más”.
La doctora Valencia tiene muy claro su plan de trabajo: “La docencia es nuestra principal labor, tenemos que renovar formas de enseñanza, ir hacia una mayor interdisciplinariedad, porque así nos lo están exigiendo los problemas que estamos enfrentando”.
Enfoca esfuerzos también hacia mejorar la situación laboral de los profesores de asignatura y en debatir la pertinencia de nuevas formas de organización universitaria (incluida una ampliación a veinte de los integrantes de la Junta de Gobierno), pero no en este momento de cambio en la Rectoría.
Ve en ese despacho a una mujer, pero no por cuota de género sino por capacidad y eficacia, y recuerda con orgullo al último sociólogo que estuvo en la Rectoría de la UNAM, don Pablo González Casanova (1970-1972), quien fue su maestro y jefe, y de quien evoca una frase que resume su aspiración para el país: “paz con justicia y dignidad”.
Infierno en el paraíso
En eso se convirtió Acapulco tras el devastador embate del huracán “Otis” (categoría 5) durante los primeros minutos del pasado miércoles 25 de octubre. Entró por la costa de Guerrero, entre Tecpán de Galeana y Acapulco, con vientos de 270 kilómetros por hora y rachas de 330 kilómetros por hora, arrasando a su paso con todo. Destruyó carreteras, hoteles, negocios, el aeropuerto, torres de electricidad y sistemas de telefonía del icónico balneario turístico mexicano, además de cobrar la vida hasta ahora de 39 personas aún no identificadas, según datos oficiales de la Fiscalía de Guerrero.
Las imágenes y los testimonios de damnificados y turistas que sobrevivieron a ese monstruo de la naturaleza nos han dejado ver el tamaño de la catástrofe. Da grima ver a familias que perdieron todo y a quienes saquean las tiendas, “por si escasea la comida”, como si el refrigerador, el televisor o la motocicleta hurtados les pudieran resolver el hambre. Pero a esa rapiña se suma otra más ruin, la de quienes buscan sacar raja política de la tragedia, igual del gobierno (el jeep de AMLO en el lodo, por ejemplo) que de sus adversarios políticos (el “… chinguen a su madre quienes nos gobiernan…” mentado en Twitter por el inefable alto vacío Vicente Fox.
El tamaño de la desgracia, cierto, es monumental. Los “odiadores” de López Obrador reconocen -¡nada más faltaba que no!- que no es de él la culpa el fenómeno natural, pero le achacan los muertos y los daños porque no avisó a tiempo a la población.
La 4T responde que por supuesto se alertó de un huracán que resultó inusual, atípico, probable consecuencia del cambio climático y que en doce horas pasó de tormenta tropical a ciclón 5: A las 9 horas del martes 24 de octubre era depresión tropical, a las 12 horas huracán 1, a la una de la tarde 2, a las 15 horas categoría 3, a las seis de la tarde 4, y a las nueve de la noche categoría cinco. Impactó a las 00:25 horas del miércoles 25 de octubre.
La Comisión Nacional del Agua informó de Otis, por primera vez, tes días antes del embate, el pasado domingo 22 de octubre; y el martes 24 de octubre a las 9 horas, cuando todavía era tormenta tropical, Protección Civil publicó en X (Twitter) y difundió en radio y TV sus primeros boletines sobre la ubicación de 631 refugios temporales (puede constatarse en su cuenta).
Quienes argumentan lo contrario han pretendido echar por tierra esa versión apelando a información de instancias meteorológicas internacionales que -según dicen- advirtieron 24 horas antes del impacto que el huracán alcanzaría la categoría 5 y que era potencialmente catastrófico. En la página del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos se puede corroborar que la advertencia la hizo, para un huracán categoría 4, potencialmente peligroso, a las tres de la tarde del martes, esto es, nueve horas antes del embate.
Otra crítica (sobre todo de personajes como la senadora panista Lily Téllez) es que la catástrofe se debió a la extinción del Fondo Nacional de Desastres ordenada por AMLO. Mal y mañosamente planteado. El tamaño de la desgracia es consecuencia del huracán mismo y, en todo caso, la falta del Fonden limitaría la atención del problema.
Para nadie es un secreto que el famoso fondo era un foco de corrupción y que los recursos para la atención de las consecuencias de esos fenómenos naturales están adscritos en cantidades similares, si no es que mayores, en otras partidas presupuestales. “Hay dinero porque ya no se lo roban esos buitres ni sus jefes”, dijo ayer López Obrador.
El caso es que la situación de Acapulco y otras localidades de la costa chica guerrerense es muy grave. Eso es lo verdaderamente preocupante. El tamaño de la devastación amerita el manejo rápido y eficiente de una crisis que podría derivar en estallido social. Hablamos de una localidad con más de un millón de habitantes que la han pasado estos días sin techo, ni alimento, ni luz, ni teléfono; y con cientos de turistas varados que son evacuados a cuentagotas.
La coordinación de la emergencia fue montada en Acapulco. Desde ahí está operando la gobernadora Evelyn Salgado y todo el gabinete federal de Seguridad. Todos quisiéramos mayor celeridad, principalmente los que están directamente afectados, y mayor claridad de los gobiernos respecto al tamaño de la desgracia. Pero se avanza, según los más recientes reportes.
La autopista del Sol que quedó bloqueada en ambos sentidos fue abierta 24 horas después del embate. El aeropuerto internacional reanudó parcialmente operaciones a las 36 horas y permitía que ayer ya hubiera un fluido puente aéreo para la evacuación de turistas y el envió de maquinaria y ayuda, mientras que la base aérea militar de Pie de la Cuesta opera con toda normalidad.
También ayer quedó reestablecida la energía eléctrica para 55% del total de usuarios pues ya se levantaron 15 de las 35 torres de alta tensión que el viento derribó. Dos mil trabajadores de la CFE continúan su tarea. Y la telefonía se restablece muy lentamente.
Hasta ahora -y esta es una tarea que debe acelerarse- se han distribuido 16 mil litros de agua y ocho mil 170 despensas a las que se sumaron 20 mil que llegaron ayer. El Ejército desmintió que en Chilpancingo se detenga la ayuda de los centros de acopio para que la “monopolicen los militares”. Lo que hacemos -explicó el general secretario Luis Cresencio Sandoval- es indicar que se lleve a Mundo Imperial de Acapulco para que desde ahí se organice la distribución. “Estamos haciendo las cosas de manera organizada para evitar que haya robo”, dijeron López Obrador y la gobernadora Salgado quienes están en permanente comunicación.
Y en las colonias populares Renacimiento y Zapata quedaron instalados dos comedores militares con alimentos calientes.
Una gran preocupación sigue siendo la de los saqueos que continuaron por cuarto día. El viernes se definió la estrategia de seguridad para la emergencia y ayer arribaron al puerto 14 mil efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional que se sumarán específicamente a esa tarea.
Asimismo, este fin de semana deberá quedar listo un plan urgente de reconstrucción de Acapulco. “No los vamos a dejar desamparados”, aseguró AMLO ayer vía X (Twitter) luego de informar que las secretarías de Hacienda y Economía, así como el SAT, sostienen reuniones con banqueros privados y funcionarios de la banca de desarrollo para entregar créditos baratos, y que se habló también con las aseguradoras que ofrecieron entregar 40% del monto asegurado sin trámite y lo más pronto posible, para iniciar la reconstrucción de Acapulco.
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