En la percepción de la mayoría de sus habitantes, la de México es una ciudad insegura y sin ley.
A la creciente e incontenible incidencia delictiva (evidenciada todos los días en asaltos al transporte público, robos a mano armada a automovilistas y transeúntes, venta a granel de droga en bares y clubes, homicidios relacionados con el narcomenudeo y la guerra por el control de ese mercado entre los cárteles de Jalisco, la Unión y la Anti Unión, principal generador de violencia), se sumaron, apenas el lunes pasado, los bloqueos de taxistas que estrangularon la circulación vehicular y, hace una semana, los amagos y destrozos cometidos en negocios, edificios públicos y monumentos emblemáticos por grupos de encapuchados que se hacen llamar anarquistas durante la marcha conmemorativa de la matanza de Tlatelolco, en seguimiento de conductas similares mostradas previamente en las marchas contra la violencia de género y de apoyo a familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
De sus perniciosos efectos en nuestra seguridad y movilidad, los capitalinos estamos hartos. Claudia Sheinbaum está obligada a garantizarnos ambos derechos sin que, al hacerlo, desatienda o inhiba las demandas legítimas expresadas mediante la protesta social. ¿Habrá para el gobierno de la CDMX un punto intermedio entre la total permisividad de los actos de inconformes que afectan a la ciudadanía en general y una tunda a palos a quienes protestan? O, planteado de otra manera, ¿reprimir o no reprimir es la cuestión?
Sin temor a equivocarnos, ese dilema está en la cabeza de la jefa de Gobierno quien, por convicción, a no dudarlo, se opone al uso de la fuerza contra quienes expresan públicamente su inconformidad porque como líder estudiantil y activista social avanzó políticamente por los caminos de la protesta. Pero por lo mismo no ignora que las manifestaciones suelen ser infiltradas por provocadores (para reventarlas y/o justificar su aplastamiento) y que éstos, a su vez, son financiados y promovidos por grupos de interés político.
Diferenciar entre la provocación y la verdadera protesta está en la obligación de las autoridades para discernir correctamente sobre el uso legítimo de la fuerza. De manera que es esa misma razón, vista desde el ejercicio del poder, la que la obliga a utilizarla para disuadir y/o contener las afectaciones a terceros.
Los taxistas tienen razón en exigir piso parejo frente al servicio de transporte por aplicación, pero desquiciar la vida de la mayoría de los capitalinos es un proceder que no tiene justificación. Menos aún si es secreto a voces que su irritación es atizada por quienes, con la digitalización y transparencia en permisos y revista que pretende el gobierno de la ciudad, verán severamente afectado ese corrupto y millonario negocio. No se olvide que una parte muy importante de los taxistas que protestaban son piratas (ilegales) pero también masiva y protegida clientela de organizaciones vinculadas a grupos político-partidistas.
No se extrañe si en los próximos días se llega a saber que detrás del estrangulamiento vial provocado el lunes pasado, estén exfuncionarios de gobiernos capitalinos anteriores o haya hasta fuego amigo de la actual administración, pues recuérdese que Sheinbaum es una aventajada enemiga a vencer entre los aspirantes a la sucesión presidencial de 2024.
Por otra parte, cabe preguntarse ¿quiénes son y a qué intereses responden los encapuchados que se infiltran en las manifestaciones para amagar a los que protestan, desafiar a las autoridades y destrozar la propiedad ajena? Por supuesto que tienen identidad y filiación. Pero de eso le contaré en la próxima entrega.
Instantáneas:
1. OPERATIVOS. Si los planes no cambian, este mismo mes estaremos viendo operativos de fuerte impacto en zonas de la CDMX marcadas con alerta roja por sus niveles de inseguridad y la recuperación de áreas controladas por el narcomenudeo. En ello trabaja a marchas forzadas el recién nombrado secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch quien se ha propuesto dar resultados inmediatos y contundentes.
2. REVOCACIÓN. Hoy debatirá el Senado dos importantes reformas: la revocación de mandato y la consulta popular. A la minuta sobre revocación le ha hecho enmiendas: la organizará el INE, no se llevará a cabo el día de las elecciones federales y no la solicitará el Presidente. Tales concesiones a la oposición pretenden construir la necesaria mayoría calificada que hasta anoche no estaba planchada.
3. LA RENUNCIA de Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte fue avalada en el Senado con 111 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones. En contra votaron tres senadores de Nuevo León: los emecistas Samuel García Sepúlveda e Indira Kempis Martínez y el panista Víctor Fuentes Solís. Se abstuvieron: el senador sin grupo parlamentario Emilio Álvarez Icaza, los emecistas Verónica Delgadillo y Clemente Castañeda Hoeflich, la priista Claudia Anaya Mota y el panista Julen Rementería. No se hizo pública la “causa grave” por la que dimitió Medina Mora. Ni modo que saliera a decir que por investigaciones de presunto lavado de dinero.
4. MEDALLA. Todo apunta a que la medalla Belisario Domínguez de este año le será entregada a Rosario Ibarra de Piedra. Su incasable lucha por los desaparecidos políticos y los derechos humanos ameritan, sin duda, ese reconocimiento del Senado. Pero después del sainete del ahora exdirector del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución, Pedro Salmerón Sanginés, al llamar “valientes” a los guerrilleros de la Liga 23 de Septiembre que asesinaron al icónico empresario regiomontano Eugenio Garza Sada al intentar secuestrarlo, nada bien caerá a los hombres del dinero la señal que se envía con tal reconocimiento. No se olvide que el desaparecido hijo de doña Rosario formaba parte de la L23S. Mejor veámoslo de este modo: así como no hay ideal político que justifique el secuestro y asesinato de una persona, tampoco hay sanción a un delito que justifique la desaparición forzada y extrajudicial de alguien.
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@RaulRodriguezC
