La autonomía universitaria no es negociable ni renunciable. No está en riesgo con AMLO ni lo estará si su partido-movimiento continúa al frente del país. Con el gobierno, colaboración cercana y respeto mutuo. El país está en una etapa de transición, de definiciones y redefiniciones tras el fracaso del modelo neoliberal. La UNAM disfruta de estabilidad y no requiere cambios en su legislación El futuro, la sociedad del conocimiento, la obliga a actualizar planes de estudio, mejorar la calidad docente y apoyar mucho más la investigación.
Estas son algunas ideas y declaraciones del doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de nuestra máxima casa de estudios y aspirante a dirigirla.
En una conversación con este licenciado en economía y doctor en historia por la UNAM de 53 años, se hace notar su personalidad sobria, pero deja ver un perfil empático y una sólida cultura al interactuar con él. Su círculo de trabajo más cercano refiere que es sereno y resiliente ante presiones y crisis.
De los diecisiete aspirantes a la Rectoría, parece ser el que mejor le tiene tomado el pulso a la Universidad, pues durante los últimos ocho años ha sido su secretario general, posición desde la que ha observado cada rincón de la institución y resuelto sus problemas.
De ninguna manera puede regateársele el que la UNAM haya tenido un largo período de estabilidad. El doctor Lomelí lo atribuye a la funcionalidad de sus órganos de gobierno (Consejo Universitario y Junta de Gobierno) que, en su opinión, no ameritan reforma alguna.
Recuerda que en 1990 el exrector Pablo González Casanova consideraba que la Ley Orgánica de la UNAM era muy flexible y se podía aplicar en un sentido más democrático, sin necesidad de ser reformada y sin perder de vista que define una forma de gobierno adecuada para una institución académica, no política. Y matiza: “los universitarios tienen todo el derecho de participar en política, no así la institución como tal, que debe mantenerse al margen de las contiendas políticas.
En ese sentido, una de sus propuestas como aspirante a la Rectoría es la de “explorar más formas de participación de la comunidad en los cuerpos colegiados y fortalecerlos para atender los problemas antes de que exploten y se conviertan en crisis”.
Esto no tocaría, de ninguna manera, el mecanismo de democracia indirecta mediante el cual un Consejo Universitario de 329 integrantes (directamente elegido por la comunidad), designa a los quince integrantes de la Junta de Gobierno.
“La Junta de Gobierno ha sido sin duda una pieza clave para la estabilidad de la Universidad”, afirma el doctor Lomelí y deja ver su vena de historiador al comparar el número de rectores que tuvo la UNAM antes y después de la existencia de la Junta.
Y, en efecto, la Universidad ha tenido 41 rectores desde su inauguración en 1910. Entre 1910 y 1929, etapa anterior a la autonomía, tuvo diez y entre 1929 y 1945 otros diez, sin contar interinos y sustitutos (en suma, más de veinte). Desde 1946 a la fecha, ya con la Junta de Gobierno como electora del Rector, han sido catorce.
Lomelí es un férreo defensor de los valores universitarios. De la autonomía dice: “Es condición necesaria para poder hacer nuestro trabajo… nos permite garantizar la libertad de cátedra y de investigación; sin ella no podríamos garantizar la pluralidad ideológica que es una de las fortalezas de la Universidad”.
- ¿Ve amenazada la autonomía por el actual gobierno a partir de recientes críticas de AMLO?
“A pesar de que el presidente ha sido crítico de algunos aspectos de la gestión universitaria (que se derechizó, que no fue crítica de las políticas conservadores), también ha reiterado ser respetuoso de la autonomía.
- De continuar el proyecto de la 4T al frente del gobierno, ¿cree que será respetuoso de la autonomía universitaria?
“Creo que sí. Ha habido iniciativas aisladas (de la 4T) para modificar la Ley Orgánica, pero rápidamente se han retirado”.
Para el doctor Lomelí la relación de la UNAM con el gobierno debe ser cercana y respetuosa, por conveniencia mutua; y debe transitar por una coyuntura muy compleja.
“El país está en una etapa de transición, venimos de un periodo en el que imperó una lógica basada en la apertura hacia el exterior, cambios que iniciaron en la década de los ochenta que no lograron construir una estrategia de desarrollo sostenida y estable”, añade el secretario general de la UNAM ya más en su vena de economista:
“Se gobernó creyendo que la economía se comporta como dicen los libros de texto y la verdad no es esa”, agrega, sin dejar de puntualizar que en el llamado período neoliberal el país tuvo un crecimiento más bien lento e inestable. De ahí la necesidad de construir una estrategia de desarrollo más incluyente a partir del importante cambio político que ha habido en el gobierno.
Respecto a los ajustes presupuestales que ha hecho el actual gobierno en diversos rubros de la administración, el doctor Lomelí reconoce que la 4T ha cumplido con su oferta de financiamiento: “se han asignado los mismos recursos presupuestales más la inflación, pero la inflación esperada, no la que al final de cuentas se observa, por lo que hay un pequeño retroceso”.
Explica que lo que más ha golpeado a la UNAM en cuanto a proyectos de investigación y becas de posgrado, es la drástica reducción de recursos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
En este aspecto la propuesta del doctor Lomelí es profundizar en los mecanismos de financiamiento de gobierno estatales, explorar los internacionales y aumentar la vinculación con el sector privado.
De un eventual aumentos de cuotas ni hablar. “Es un tema saldado que no debemos considerar no remotamente. Mejor esta en consonancia con la reforma constitucional que establece claramente la gratuidad de la educación que imparte el Estado en todos los niveles”.
A propósito de la gobernabilidad en la UNAM se le preguntó cuándo y cómo se va a recuperar el auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, tomado por grupos ajenos a la Universidad desde hace 22 años.
El doctor Lomelí respondió: “No sé cuándo, pero sí el cómo: con mucho diálogo y mucha información, con el apoyo de toda la comunidad. De ser electo rector, me comprometo a hacerlo en el próximo período”
En próximas entregas, otros perfiles de las y los aspirantes a la rectoría de la UNAM.
Instantáneas:
1. EL CHOQUE CORTE-SENADO por el INAI escala. Como se sabe, la cámara alta aprobó en los primeros días de marzo pasado aprobó la designación de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alvizo como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pero dos semanas después AMLO determinó vetarlos porque, según informó, no destacaron en el proceso de elección. Vino después la conclusión de mandato de otro comisionado y al quedar solo cuatro integrantes de su pleno el INAI se vio impedido por ley de sesionar hasta que el 23 de agosto pasado, casi cinco meses después del veto de López Obrador, la Segunda Sala de la Corte determinó que el organismo de transparencia podía sesionar hasta que se completara su pleno. Así las cosas, el pleno de la Corte declaró el pasado lunes 2 de octubre que el Senado fue omiso en su obligación de nombrar a los comisionados del INAI faltantes y le ordenó nombrar a los tres comisionados que faltan. Ciertamente, la cámara alta tiene la obligación de cumplir con las atribuciones que la Constitución le confiere, pero el cumplimiento de tales deberes es complejo y no depende de la voluntad de una sola persona ni de una sola fuerza política, dijo ayer la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera. La senadora considero que por estar en período electoral va a ser más duro alcanzar acuerdos, lo que complica el nombramiento pendiente de los consejeros del INAI. Y no dejó pasar la oportunidad de decir que si bien es respetuosa de la división de poderes, no pierde e vista que el Judicial, desgraciadamente, es el que escoge los temas que resuelve y otros los deja de lado, además de recordarles que ministros y magistrados no han aplicado la ley de austeridad y siguen manteniendo sueldos y privilegios muy por encima del resto de la población.
2. OTRA EXPRESIÓN DEL choque de poderes la veremos pronto en la Cámara de Diputados donde Morena se aprestan a aprobar la iniciativa del líder de esa fracción parlamentaria, Ignacio Mier de disponer de los 15 mil 450 millones de pesos que actualmente se encuentran en 13 de los catorce fideicomisos del Poder Judicial. Se prevé que el próximo martes la Comisión de Presupuesto avale la propuesta y que el miércoles suba al pleno para su eventual aprobación.
3. ¿LES ALCANZARÁN LOS VOTOS? Para la extinción de esos fideicomisos se requiere una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los votos, es decir, 251. Morena tiene 252 que sumados a los de sus aliados PT (44) y Verde (11) completan 307. El problema es ahora el de los llamados diputados de Morena, PT y Verde identificados como “marcelistas”. Dicen los que saben que hasta ahora suman 40, lo que reduciría sus votos a 267, pero siempre con la posibilidad de que se sumen otros 17 (entre ellos los afines a Ricardo Monreal), lo que rompería la mayoría absoluta del oficialismo. Por lo pronto, los legisladores “marcelistas” van a presionar para que se discuta el paquete económico del año entrante y proponer aumentar en 50 mil millones de pesos para invertir en agua, carreteras y salud.
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