La transmisión estable y suave del poder que AMLO cree tener garantizada, sobre todo con el holgado y aplastante triunfo de su partido-movimiento en las elecciones del pasado 2 de junio, entró ayer en una zona de turbulencia cuando el gobierno de Estados Unidos tronó ya sin ambages contra la inminente aprobación en México de una reforma judicial.

Washington, a través de su embajador Ken Salazar, encendió todas las alarmas al considerar que la elección directa de jueces “representa un riesgo mayor para la democracia en México” y “amenaza la histórica relación comercial” que los dos países han construido.

En una declaración de dos hojas, el representante aquí del gobierno de Joe Biden dijo que “cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política”.

Y señaló que si se llagaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027 se vulneraría la confianza de los inversionistas en el marco legal mexicano y se facilitaría que “los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas”.

En suma, para el gobierno estadounidense la elección directa de jueces no resolverá la corrupción judicial, como argumenta y les asegura el gobierno mexicano, sino que debilitará los esfuerzos de integración económica de América del Norte al crear turbulencia.

Por supuesto que se trata de una intromisión que violenta nuestra soberanía, pero también de un posicionamiento que apela a una inevitable, creciente y conveniente relación comercial, sustentada en reglas pactadas de común acuerdo y legalmente avaladas en el T-MEC. A partir de ese criterio es que entidades financieras como Bank of America y Morgan Stanley en Estados Unidos, así como CitiBanamex aquí en México, han fundamentado también su rechazo a la reforma judicial mexicana.

Los argumentos estadounidenses respaldan los reclamos de autonomía e independencia del Poder Judicial que sostienen en su paro indefinido sus trabajadores, jueces y magistrados, y los del empresariado mexicano que demandó a las autoridades electorales que no oficialicen hoy la mayoría calificada que Morena y aliados requieren para aprobar la judicial y otras reformas constitucionales de gran calado, lo que el gobierno de la 4T ha asumido como un mandato del voto popular.

No se ve venir, por lo tanto, una buena relación con el vecino del norte, ni siquiera con la demócrata Kamala Harris en la Casa Blanca, menos aún si el ganador de las elecciones de noviembre próximo resulta ser Donald Trump.

En esa medida, AMLO podría comenzar a ser disfuncional para el desempeño del complicado gobierno que le está dejando a Sheinbaum y acaso sea ese el factor de una ruptura entre ambos que estabilice, entendida esta no como deslinde de proyectos sino como el legítimo reclamo de la presidenta electa de que se le deje operar sin intromisiones puesto que será ella, y nadie más, la que asuma la responsabilidad de la conducción del país en un escenario francamente complicado.

Estados Unidos le aprieta las tuercas a López Obrador y lo seguirá haciendo en el poco más de un mes que le queda de mandato. No se pierda de vista, entre otros varios, el asunto del secuestro del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. Ese lo seguirá golpeando.

Instantáneas:

1. ¿Y LA AUSTERIDAD? En un gobierno que ha hecho de la austeridad su bandera, el caso de José Samuel Sánchez Reyes, director general de Normatividad en Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (SENER), es una contradicción que no puede pasar desapercibida. Con un ingreso mensual de 352 mil 512 pesos brutos, Sánchez Reyes supera en más de 62% el salario del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo puede ser si la austeridad y la reducción del gasto público fueron promesas centrales de la 4T? La situación se agrava al revisar las condiciones de la jubilación de Sánchez Reyes en Pemex, donde su pensión mensual de 195 mil 889 pesos brutos parece estar rodeada de irregularidades. Documentos oficiales revelan que esta pensión no cumple con los requisitos mínimos establecidos por la empresa, como la edad laboral, además de que se le otorgó a pesar de cuestionamientos éticos sobre su gestión en la petrolera. Así que mientras se predica la austeridad, casos como el de Sánchez Reyes alimentan la percepción de que los privilegios y favoritismos siguen vigentes. En el último tramo de esta administración, resulta fundamental que el gobierno manifieste su compromiso con la transparencia y la equidad, si no quiere que la 4T quede en la memoria colectiva como una promesa incumplida.

2. OTROS DATOS. En relación con la lectura que hizo AMLO ayer en la conferencia mañanera de una tarjeta informativa en la que aludió a una demanda contra el gobierno federal por el reclamo de una indemnización en la que se mencionó a la empresa Ferrosur, Grupo México Transportes precisó que no tiene conocimiento de demanda alguna presentada por la persona de nombre Raúl Bringas, a la cual se refirió el presidente como promotora de dicho litigio y con quien tampoco sostiene ninguna relación. Ni Ferrosur ni Grupo México Transportes han promovido ninguna demanda para reclamar pago o indemnización por una expropiación, como erróneamente se ha interpretado el comentario presidencial.

3. GRILLAS DEPORTIVAS. Nelson Vargas, acaso por los años, pareciera haber perdido la memoria y ahora se lanza a criticar los conflictos entre los dos organismos más importantes del deporte en nuestro país: el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Conade. El primero, una organización no gubernamental, que opera como la representación del Comité Olímpico Internacional en nuestro país, mientras que el segundo es el organismo gubernamental del deporte, que por cierto navega en los peores tiempos desde que ese organismo se formó. Vargas critica airadamente las irremediables diferencias generadas por la impresentable gestión en la Conade, que ha sido un desastre, a lo que con firmeza el COM ha respondido ante las soberbias y desatinadas decisiones, situación que ha generado un conflicto, pues no se puede transigir con la soberbia y el despotismo con el que opera la señora que se unta toneladas de tiranía y cinismo. Quizás olvide Nelson Vargas que, durante su gestión, en tiempos del presidente Vicente Fox, se dedicó como cabeza de la Conade a abrir frentes y conflictos sin recato ni medida, el poder lo cegó y sencillamente, por sus pantalones, así como ahora dice su sucesora, porque la da “su chingada gana”, se hizo de una y mil reyertas con casi todos los organismos del deporte mexicano, generando un notable retroceso.

4. SEGURIDAD DEPORTIVA. Recientemente, la Asociación Mexicana de Pasto Sintético e Infraestructura Deportiva (AMPSID), que preside Guillermo Reyes Hernández, llevó a cabo dos importantes congresos en las ciudades de Mérida y Houston. El tema: la seguridad en instalaciones deportivas como los estadios de futbol soccer. Es en este sentido, que Guillermo Reyes Hernández junto con un equipo de expertos en materia deportiva, trabajan en una iniciativa que se presentará próximamente en el Senado de la República a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología que preside Jorge Carlos Ramírez Marín, que busca establecer directrices y normas para que los espacios deportivos cuenten con seguridad suficiente, tanto para los espectadores como para los deportistas. El proyecto resulta fundamental con miras a la realización del mundial de futbol 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, en donde se reacondicionarán algunos de los estadios. Se espera que el mundial de futbol 2026 genere una derrama económica para cada una de las ciudades sedes que oscilará entre 150 y 700 millones de dólares. Además, se calcula que en el caso de México la inversión sea de alrededor de 150 millones de dólares, que incluye la remodelación de estadios como el Azteca en la CDMX, Akron en Guadalajara y el BBVA en Monterrey.

5. EL MAGISTERIO EN GUERRERO. El impulso a la educación pasa por la mejoría en la formación de los futuros maestros. En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado entregó más de 59 millones de pesos del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa para mejorar la infraestructura y respaldar proyectos académicos en las nueve Escuelas Normales de la entidad y los Centros de Actualización del Magisterio de Acapulco, Iguala y Chilpancingo. En años ha entregado más de 140 millones de pesos para fortalecer la educación normal en la entidad.

@RaulRodriguezC

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