El choque entre los poderes Ejecutivo y Judicial y de éste con el Legislativo ha llegado a peligrosos niveles sin precedentes.
Ni un día había pasado de que la iniciativa de reforma al Poder Judicial fuera dictaminada por la Legislatura que ayer concluyó, cuando la jueza quinta de Distrito en el estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña López ordenó suspender la discusión del dictamen prevista para mañana en la recién instalada nueva Legislatura.
La jueza Magaña López dio a la Cámara de Diputados un plazo de 24 horas que venció ayer en la tarde para que informe del cumplimiento de la suspensión provisional otorgada en el juicio de amparo 1251/2024 interpuesto por cuatro jueces (dos hombres y dos mujeres) que se acogieron al derecho de que sus datos personales no sean publicados y queden resguardados, para frenar la discusión y votación de la iniciativa de reformas propuesta por Morena y aliados. (Ver el documento).
Por otra parte, el juez tercero de Distrito con sede en Chiapas, Felipe Consuelo Soto concedió otra suspensión para que en caso de que el Congreso de la Unión apruebe la reforma al Poder Judicial, sus resolutivos no sean enviados para su aprobación a los congresos locales, hasta en tanto resuelva el fondo del asunto.
La Cámara de Diputados confirmó anoche que recibió las resoluciones judiciales y, a través de Ricardo Monreal en su carácter de coordinador del grupo parlamentario de Morena en la nueva Legislatura, respondió que no acatarán tales resoluciones que son violatorias del principio de legalidad e invasión al Poder Legislativo, así como de la Constitución, producto de la “desesperación de algunos sectores que intentan conservar sus privilegios”.
Esto se sumó al paro de labores de trabajadores, jueces y magistrados al que podría sumarse mañana la totalidad de la Suprema Corte, incluidos sus once ministros, a la marcha protesta convocada para este domingo por estudiantes de derecho de universidad públicas y privadas, y al amago del Frente Cívico del perredista Guadalupe Acosta Naranjo de tomar el Congreso para impedir el primero de octubre próximo la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Ya lo advertimos aquí en entregas pasadas: se volvió ríspida, muy áspera, la transmisión de poderes que se vislumbraba tersa tras el apabullante triunfo electoral de Morena y aliados.
Los que acusan destrucción son los que destruyen
Hemos llegado a un punto en el que, por lo visto, la estabilidad del país no le importa más a la oposición.
Con más falsedades que análisis rigurosos, esa oposición partidista y de grupos de poder fáctico culpa a AMLO de destruir al país y lo acusa de aniquilar nuestro régimen democrático y de instaurar una dictadura o incluso una monarquía, cuando en realidad es esa oposición la que radicaliza su estrategia para hundirlo.
Tal es su odio por la derrota electoral que les fue infligida el pasado 2 de junio y su patológica obsesión de evitar a cualquier costo más de los cambios impulsados por el Movimiento de Regeneración Nacional.
No debe desdeñarse, por supuesto, la legítima preocupación de los pocos opositores que no se dejan llevar por la rabia y prevén con razones y análisis que las reformas constitucionales que están por ser aprobadas en el Congreso por la super mayoría de Morena y aliados impactarán, a su juicio negativamente, el actual estado de cosas en lo político, lo económico y lo social.
Sin duda tal preocupación debe estar en la mente del 37.7% de los votantes que no sufragaron por Claudia Sheinbaum, así como en el 59.7% que sí votó por ella, debe estar la certeza de sus beneficios por las transformaciones que propone el movimiento que representa.
Pero ha sido tal la escalada retórica de rabiosos opositores como el historiador Enrique Krauze, quien da por muerta a la república y advierte de la instauración de la monarquía (“ya va a Palacio Claudia Carlota”, ironizó al respecto López Obrador); y el ya de plano enloquecido Pedro Ferriz de Con (quien dice que descubrió el algoritmo del fraude en las elecciones del pasado 2 de junio, que no ha mostrado como dijo que haría), que llegó ya a niveles peligrosos para el país.
Y en esa dinámica, el imaginario fraude de Ferriz se hace extensivo a otro presunto en el reparto de las diputaciones de representación proporcional hecho por el INE y avalado por el TEPJF en estricto cumplimiento de una norma promovida y aprobada por quienes ahora la cuestionan (PRIAN) y cuyo resultado pretenden revertir en la Corte, olvidando que el tribunal electoral tiene la última palabra en la materia.
La estrategia de marras incluye, por supuesto, llamados como el del excanciller foxista Jorge Castañeda Gutman a la “guerra sucia” contra Sheinbaum, pero “sucia en serio, con chismes, con todo y siguiendo el manual del “go negative”, según dijo; además de las injerencistas amenazas de que naufragará el T-MEC con la reforma judicial, hechas por los embajadores Ken Salazar de Estados Unidos y Graeme C. Clark de Canadá; y artículos de opinión en la prensa extranjera, como es el caso del publicado el domingo pasado en el estadounidense Wall Street Journal por la columnista Mary Anastasia O´Grady, donde propone hundir a la economía mexicana mediante una agresiva estrategia financiera de especulación contra el peso, cuya eficacia para quebrar países ha sido probada en otras latitudes.
Campañas como esas en nada ayudan a la política disciplinadamente seguida por el gobierno de la 4T de mantener los equilibrios macro, que han sido el principal argumento de que es posible la estabilidad económica aun con un mayor gasto social. De hecho, ya inciden en indicadores como la paridad del peso con el dólar, la inflación, la deuda y el déficit fiscal. Es malicioso repetir hasta la saciedad la idea de que la reacción de los mercados nos llevará a la catástrofe.
La estrategia desestabilizadora por la que parece haber optado la oposición está dirigida especialmente al inversionista, de manera que el gobierno que propone las transformaciones (elección de jueces por el voto popular y extinción de la mayoría de los organismos autónomos del Estado, entre otras), está obligado a explicar claramente su contenido y dejar como último recurso las posiciones irreductibles que sin problema puede respaldar con su super mayoría en el Congreso.
No hacerlo sería irresponsable, tanto o más como auspiciar el hundimiento del país para evitarlas, como hace ahora la oposición.
¿Mérito o nepotismo?
Me cuento entre quienes no ven como la mejor opción posible la elección popular de los jueces, no por temer al voto de la gente ni por creer que ésta no tenga la inteligencia para discernir por quién sufragar. Más bien es porque se ve venir un proceso laborioso, complejo que podría torcerse en medio de la engorrosa burocracia.
Elegir vía el voto popular a jueces, magistrados y ministros acaso no sea la panacea de la corrupción judicial, pero tampoco llevaría a que el Ejecutivo controlara al Poder Judicial, a su colonización, según le llaman o a la aniquilación de un contrapeso del poder. No nos llevaría, por supuesto, ni a la dictadura ni, menos aún, a la monarquía. Esas son patrañas.
Además de que no creo que con su voto lo permitiría ese 40% que no sufragó por Sheinbaum ni que sea posible con una tercera parte de los candidatos provenientes del Poder Judicial mismo y de la oposición.
Así que, siendo realistas, no se ve dictadura ni monarquía a la vista. Cuando mucho -y no es por cierto lo deseable- un régimen más centralista y con ninguno o muy pocos organismos autónomos. Si la mayoría de ellos fueron creados en 2013 y antes no existían ¿éramos entonces una dictadura?
Sin elección popular de jueces, magistrados y ministros, la presidenta de la república sería la que, como hasta la fecha, propondría al Senado las ternas de las que serían designados nuevos ministros de la Corte y se mantendría un sistema en el que ciertamente se privilegia la carrera judicial por medio de concursos que de tan cerrados (en términos de opacidad) han dado lugar al grave y no resuelto problema del nepotismo en el Poder Judicial de la Federación (PJF).
Estudios y análisis del propio Consejo de la Judicatura dan algunos datos al respecto: hasta 65 miembros de una misma familia trabajan en el PJF, poco más de una quinta parte de sus empleados tiene ahí más de cuatro parientes y casi la mitad tiene dos; y 455 jueces y magistrados contrataron a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras.
Ahí le dejo estos datos para la reflexión.
Instantáneas:
1. CRISIS EN CHALCO PARA DESESTABILIZAR. En política siempre hay quienes hacen leña del árbol caído. Eso ocurre en el Estado de México, donde grupos de interés aprovechan la crisis generada en Chalco por las inundaciones para desestabilizar el gobierno de Delfina Gómez. Ya activan otros conflictos en distintas partes de la entidad líderes transportistas y sindicales adversarios del actual gobierno, como Edwar Espíndola Uribe y José Neri Uribe, quienes tienen la etiqueta entre las autoridades de ser generadores de violencia, al grado que uno de ellos, Espíndola, ya estuvo en prisión. Estos personajes, a través de grupos de WhatsApp y redes sociales están convocando a protestar contra el gobierno estatal en Toluca y otras localidades mexiquenses a partir del mañana lunes 2 de septiembre.
2. DISPUTA EN MC POR EL EDOMEX. Ya viene la elección en Movimiento Ciudadano de quien dirigirá al partido en el estado de México. Dos perfiles buscan el liderazgo: Rodrigo Samperio Chaparro, un joven comprometido con la renovación generacional pata tomar las riendas del partido naranja, quien además suma experiencia pese a su juventud; y el exroquero Juan Zepeda, quien ya fuera candidato a gobernador, pero por el PRD, y quiere continuar con el control estatal de MC. Zepeda tiene con su proyecto lastres imposibles de ocultar, señalamientos de malos manejos durante su dirigencia, nula atención a militantes y comités y lo más increíble, ni se presentó ni permitió que alguien del partido naranja se postulara como candidato a la gubernatura del estado.
3. SOS EN TAXCO. El gobierno de Guerrero que encabeza Evelyn Salgado asumió el control de la seguridad pública de Taxco. Y es que como resultado de la detención de elementos de la policía municipal que están bajo investigación por su posible participación en actos delictivos, la llamada Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz notificó al presidente municipal, Mario Figueroa Mundo, el decreto por el que el Ejecutivo de Guerrero asume el control de la seguridad en el municipio. Precisamente la ausencia del gobierno municipal llevó a que los índices de inseguridad en Taxco aumentarán. Apoyarán esta decisión la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
@RaulRodriguezC