El sistema de impartición de justicia del país huele a podrido. De esa verdad que nadie ignora hizo eco el domingo el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas. Con esa y otras frases lapidarias respondió al juez primero de Distrito, Samuel Ventura Ramos, quien en la víspera —sabadazo de puente—, liberó a otros 24 detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Las excarcelaciones son secuela del auto de libertad que el juzgador otorgó el 31 de agosto pasado a Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, presunto capo del cártel criminal “Guerreros Unidos”, capturado el 16 de septiembre de 2014, casi un año después de la desaparición forzada de los normalistas.
De ella se le consideró uno de los principales perpetradores, pero el juez Ventura concluyó que sus confesiones, al igual que las de otros implicados, les fueron arrancadas mediante tortura por la entonces PGR. Y por eso su liberación y la de ya 76 presuntos involucrados de un total de 142 detenidos.
Fuentes cercanas al juez explican que nada favorable arrojaría continuar con un proceso sustentado en maniobras ilegales que la hoy FGR no reparó y repuso. Pero esta última informa que hay grabaciones entregadas por autoridades estadounidenses que implican a “El Gil” en la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa en represalia a los normalistas por haber secuestrado autobuses foráneos usados por “Guerreros Unidos” para el trasiego de heroína a Chicago, que el juzgador no tomó en cuenta como elementos de prueba.
El caso es que la liberación de “El Gil” y de otros presuntos implicados fue una de las razones que tensó y calentó el arranque de la reunión que sostuvo AMLO con los padres de los normalistas el pasado jueves 11 de septiembre en el Palacio Nacional. Ni el presidente ni su secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, ni el subsecretario de Derechos Humanos eran capaces de revertir el agravio que para los padres era saber de la liberación de “El Gil”.
Los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa recelaban también de que si bien el Ejército se había abierto a aportar más información sobre su participación en los hechos ocurridos en Iguala la noche de 26 y madrugada del 27 de septiembre de hace cinco años, ésta les resultaba aun insuficiente. Además, denunciaban lentitud en el proceder de la FGR, según confirmó a esta columna Vidulfo Rosales, representante legal de los padres agraviados, presente en el encuentro.
El ánimo y los términos del encuentro fueron mejorando cuando el Presidente prometió pedir a las fuerzas armadas (tanto Ejército como Marina) que abran toda la información en su poder y el subsecretario Encinas señaló que había sólida evidencia de que los 43 de Ayotzinapa (vivos o muertos) siguen en Guerrero. Pero acaso el compromiso que mejor recibieron, en respuesta a una petición expresa, fue el de investigar a quienes encabezaron inicialmente la investigación, el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Este último ha respondido que nada tiene que ocultar y que la eventual investigación —en marcha según confirmó ayer la FGR— avalará las evidencias por él recabadas.
Sobre estos puntos es sobre los que AMLO, el fiscal Alejandro Gertz Manero y los padres de Ayotzinapa profundizarán en un segundo encuentro que sostendrán hoy en Palacio Nacional.
Instantáneas:
1. INSEGURIDAD. Si bien el secretario de Seguridad Pública capitalino Jesús Orta es el que está pagando los platos rotos por la inseguridad que afecta a la CDMX, hay responsabilidades de otros funcionarios por inexperiencia. Es el caso de José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, quien ha provocado una crisis de percepción en el tema. Resulta que convenció a la jefa de gobierno Claudia Scheinbaum, en aras de la transparencia, abrir los expedientes judiciales, lo que ha generado un desastre organizativo. Merino, dicen algunos de sus subordinados, es ejemplo de que un académico en el gobierno (él viene del ITAM y del CIDE) no es siempre una buena idea.
2. CACIQUES. Se dice que en el tema de las negociaciones en la comunidad de Mazapil, donde se ubica la minera de Peñasquito, en Zacatecas, hay mano negra para que el conflicto no tome buen cauce. Felipe Pinedo Hernández, asesor del senador petista José Narro Céspedes y líder local del Frente Popular de Lucha de ese estado y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, fue quien movilizó a integrantes de la empresa transportista Cava para reanudar el bloqueo de 20 accesos del área perimetral de Peñasquito. Narro Céspedes parece ser la mano negra, como se dice lo fue durante los bloqueos campesinos de agosto pasado que colapsaron a la CDMX. Algunos correligionarios de Céspedes consideran que el senador se está acercando demasiado al PRI, partido en el que estuvo por años.
3. AVISO. Quien esto escribe se sujeta hoy a un procedimiento médico por lo que no habrá Gran Angular este viernes. Nos vemos por aquí hasta el próximo miércoles.
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