Esta semana se abrió una grieta en la coalición aliancista opositora “Frente y Corazón por “México” por el reparto del “hueso”.
El PAN fue echado de la alianza en Coahuila al hacer pública su inconformidad porque el PRI no le entregó las posiciones acordadas en un pacto firmado por las dirigencias de esos partidos y que, al conocerse, permitió atisbar la fragilidad de ese ensamble político.
No alcanzan a verse en la coalición opositora ni un proyecto de nación compartido y de largo alcance (lo que es prácticamente imposible entre partidos cuyas declaraciones de principios son como el agua y el aceite), ni una agenda ciudadana clara y cohesionadora.
Lo que se ve son intereses políticos por el reparto del “hueso”, según deja ver el convenio coahuilense en el que el PAN, a cambo de respaldar el año pasado la candidatura del hoy gobernador priista, Manolo Jiménez, tendría derecho a cinco diputaciones, tres secretarías estatales, 20% de las subsecretarías, la nominación de candidaturas en 14 de los 38 municipios (incluido Torreón), el instituto de transparencia (¿qué no es autónomo?), la ratificación de un magistrado (¿qué no es tarea de un poder independiente?) y seis notarías.
Pero el mandatario tricolor no les cumplió con el argumento de que el referido convenio obligaba al blanquiazul a sacar el 20% de la votación estatal y solo logró el 6%, a lo que el líder nacional panista Marko Cortés, en franca maniobra de kamikaze, hizo pública la prueba del botín negociado para contestar que no estaba condicionado al resultado electoral del año pasado.
El convenio coahuilense detalla lo que anteriormente habían acordado PAN, PRI y PRD: que las candidaturas a gobernadores del Estado de México y Coahuila serían para el tricolor y las de la Presidencia y la jefatura de Gobierno de la CDMX para el blanquiazul. Aun así, panistas y priistas hicieron la farsa de preliminares presidenciales en las que todos acabaron por declinar a favor de Xóchitl Gálvez.
Lo ocurrido en Coahuila es botón de muestra de la manera en que el bloque opositor se disgrega conforme a distintos intereses: los de los partidos integrantes de la alianza, por supuesto; el de Claudio X. González que ha decidido bajar su perfil sin que se vea un grupo empresarial fuerte que apoye la candidatura de Xóchitl quien, por su parte, no alcanza a conformar una estructura operativa funcional, y los de otras organizaciones de la sociedad civil que hasta ahora lucen desperdigadas.
Acaso eso explique que en la campaña de la coalición “Frente y Corazón por México” se diga que ya ha entrado a respaldar su relanzamiento el grupo político del expresidente Felipe Calderón quien, como se sabe, remontó desventajas similares a las que según las más recientes encuestas trae hoy Gálvez frente a Claudia Sheinbaum, para ganar la elección de 2012 por una mínima diferencia de votos, de acuerdo con algunos, o por medio de un fraude electoral, de acuerdo con otros.
¿Podría ocurrir este 2024 algo similar a los ocurrido en 2012? No parece posible porque las condiciones del país son otras, no porque no se ve al frente del INE un consejo general faccioso como aquel que encabezó Luis Carlos Ugalde y no porque, de otro modo, al permitirlo o promoverlo, AMLO terminaría por traicionarse a sí mismo.
Instantánea:
1. DENUNCIA CONTRA SHEINBAUM. El proceso electoral en curso —aunque las campañas electorales iniciarán formalmente con el arranque de marzo próximo— ya deja ver el nivel de confrontación con que lo dirimen las fuerzas políticas contendientes. Entre éstas es inocultable el creciente encono y, en su interior, los efectos perniciosos del “fuego amigo”. Ya se comentaba aquí el caso del frente opositor en Coahuila. Pero por el lado de Morena y aliados también hace aire. Su precandidata Claudia Sheinbaum fue denunciada ayer ante el INE por la precandidata de la coalición opositora Xóchitl Gálvez. La acusa del desvío y uso de recursos públicos para financiar sus aspiraciones presidenciales. Se basa en el testimonio recientemente publicado en La Jornada por la exdirectora de la hoy extinta Notimex, Sanjuana Martínez, donde asegura que el director jurídico de la Secretaría del Trabajo, José Luis Sánchez Cuazitl, le pidió “mocharse” con 20% de los 150 millones de pesos estimados aprobados para la liquidación de los trabajadores de la agencia de noticias “para la campaña de Claudia Sheinbaum”. Lo dicho embarra a la exsecretaria del Trabajo y actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a su padre el abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani, asesor legal del sindicato de Notimex, al actual secretario del Trabajo, Marath Bolaños, y, por supuesto, a la precandidata Sheinbaum. AMLO declaró que es falso ese testimonio y Sheinbaum exigió pruebas, a lo que Sanjuana respondió que los sobornos no se firman ante notario. A ese nivel ha llegado el encono personal entre Sanjuana Martínez y la lideresa sindical Adriana Urrea, cuyas secuelas aún están por verse.
2. FRACTURA FOSFO. Al definir en la persona del diputado federal y coordinador de bancada en San Lázaro Jorge Álvarez Máynez, su candidatura presidencial, Movimiento Ciudadano también registró grietas. Su destape fue adelantado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, mediante una foto subida a redes sociales en la que departen, tragos y botana de por medio (una “peda” dirían hoy los jóvenes) junto con la esposa del mandatario estatal y precandidata naranja a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez. Aunque avalada por algunos personajes del grupo Jalisco como Pablo Lemus, precandidato al gobierno de Jalisco, la decisión y el modo de anunciarla no gustó al mandamás de dicho grupo, el actual gobernador Enrique Alfaro. A ver si la fractura no impide que Movimiento Ciudadano alcance el 20% de los votos que se plantea como meta para las próximas elecciones.
3. PROCURADOR PATITO. Acéptese sin concederlo, aunque tiene toda la facha de serlo, que la no ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de la CDMX en el congreso capitalino fue una “vil venganza” —como dijo AMLO— por haberla emprendido contra el cártel inmobiliario panista y el cártel de trata priista. Pero Morena no puede reaccionar con errores tan elementales. Es el caso de la designación como encargado del despacho de quien fuera coordinador de asesores y vocero de Godoy, el sociólogo Ulises Lara, a quien se le agilizó en los primeros días del año la expedición del título de abogado, profesión exigida por la ley para poder encabezar la procuración de justicia. La cédula profesional correspondiente, avalada por la SEP, indica que el título fue expedido por el Centro Universitario Cúspide de México con sede en Iztapalapa. El título al vapor se suma al impedimento legal de tal nombramiento ya que la norma indica que debe recaer en el titular de la Unidad de Investigación Territorial, en este caso Oliver Pilares. De verdad que no aprenden.
@RaulRodriguezC