Una de las últimas resoluciones que el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) emitió antes de que quedara inhabilitado para sesionar el pasado miércoles 12 de abril por la falta de dos de sus comisionados -cuya designación por parte del Senado fue vetada un mes antes por el presidente de la República-, tiene qué ver con el millonario desfalco denunciado en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo heredero de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) y creado por el gobierno de AMLO con la fusión Liconsa y Diconsa.
Y es que el INAI ordenó a Segalmex informar sobre el proceso que se sigue para recuperar 950 millones de pesos utilizados en la compra de certificados bursátiles en los años 2020 y 2021, tan solo uno de los latrocinios que presuntamente se han cometido en el organismo y al que se suman otros como la compra irregular de 7.8 toneladas de azúcar, el pago por toneladas de carne de las que solo llegó una parte y diversas irregularidades en el gasto, de las que dio cuenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Es altamente probable que en este asunto salga embarrada la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), presidida por Jesús de la Fuente Rodríguez, quien ya acumula varios señalamientos de omisión en su labor de supervisión del sistema financiero mexicano, sobre todo en cuanto a regulación de nuevas tecnologías (Fintech), o en la tardanza para el nuevo entramado legal del mercado bursátil mexicano, además del desmantelamiento de cuadros técnicos en la institución que preside.
Pero este es sólo uno de muchos casos que están entre los pendientes del INAI y que quedarán congelados hasta que el Senado resuelva una nueva designación de los dos consejeros vetados. Recuérdese que el pleno del INAI está conformado por siete comisionados y que, para poder sesionar, deben estar presentes por lo menos cinco. Sin los dos vetados por AMLO (Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alvizo) y sin la designación de quien sustituirá al comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, que concluyó su encomienda el pasado 31 de marzo, el pleno solo cuenta con cuatro integrantes, con lo que fue llevado a la inoperancia como advertimos aquí desde el inicio de este año.
La solución no se ve en el horizonte inmediato. No se sabe cuándo resolverá la Corte la impugnación del veto presidencial interpuesta por el INAI, ni se ve cercana la designación de quien sustituya a Acuña Llamas, ni hay acuerdo entre los grupos políticos del Senado para reponer la designación de los dos vetados.
Tal escenario fue confirmado con cierta dosis de escándalo al conocerse el pasado miércoles 12 de abril un audio filtrado en el que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reunido con senadores, les dijo que AMLO le comentó que lo más conveniente era un “período de impasse” que, como éste, era estar en “el mundo ideal”, pues “nosotros -dijo- no tenemos ninguna prisa de que se nombren (los comisionados) en este momento”.
Pero la balconeada que Adán Augusto le dio a su jefe, no pasó a mayores. Al contrario, sirvió para que AMLO reconfirmara su posición frente al INAI: “… los nombren o no los nombren (a los comisionados) ¿para qué sirven? No sirven para nada ¿Saben para qué sirve ese Instituto o para qué servía? Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios… Sería mejor que no existiera, así se ahorrarían mil millones de pesos”, argumentó el presidente en la “mañanera” del viernes pasado.
Aprovechó para hacer el repaso de algunos asuntos relevantes: “Cuando lo crearon, lo primero que hicieron fue aceptar la propuesta de Fox de mantener en secreto la lista y los expedientes de todos los que se beneficiaron con condonación de impuestos porque habían ayudado (al panista) en la campaña”.
También recordó el que avalara la decisión del gobierno de clasificar y reservar la información de la Casa Blanca de Peña Nieto y la del caso Odebrecht, a la vez que renegó de que últimamente se haya utilizado al INAI para reclamar información sobre su título profesional y su tesis.
Acaso tenga razón de que puede tratarse de ataques mal intencionados de sus adversarios y/o opositores, en medio del fragor de la lucha política, pero también es cierto que el ciudadano común tiene el derecho de conocer ese y otros temas que, como la salud de sus gobernantes, se vuelven de interés público y como tales deben de ser ventilados.
El argumento de la austeridad, de la necesidad de cerrarle la llave a una estructura burocrática onerosa es sin duda válido. También lo es el de que fuertes intereses dentro del INAI se resisten con todos a ajustar los salarios de sus directivos a cantidades menores a las que devenga el Presidente, según mandata la propia Constitución. Pero ninguno de los dos justifica tirar a la basura lo que el instituto ha hecho durante los últimos años en favor de la transparencia y con ello apuntalado nuestra democracia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció el acceso a la información como un derecho en 1996. Ese simple hecho obligaba al gobierno a garantizarlo desde sus propias estructuras, pero la corrupción y la desconfianza que éstas generaban en el ciudadano común dio lugar, como en otros varios casos, a estructuras administrativas paralelas muy costosas, pero que abonaran en credibilidad.
Fue así, en este caso concreto, que el empuje de activistas y periodistas llevó a la promulgación en 2002 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de la que se desprendió la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) que empezó a operar con el Sistema de Solicitudes de Información (SIS) durante el gobierno de Vicente Fox.
En 2011, ya bajó el gobierno de Felipe Calderón, el IFAI adquirió autonomía constitucional, lo que posibilitó -sin duda un gran avance- solicitar a los funcionarios públicos información clave sobre su participación en la vida política del país (rendición de cuentas).
Y en 2015, en la administración de Enrique Peña Nieto, reformas constitucionales dieron lugar a la Ley General de Transparencia que transforma al IFAI en INAI y permite solicitudes de información pública a través de internet.
Es claro que, en este como en muchos otros asuntos que le atañen al país en estos tiempos de aguda confrontación política, debe buscarse el centro y evitar los extremos.
LA MUERTE DE NOTIMEX
¿Notimex? “No es algo que nos sirva, tenemos la ´mañanera´”. Es en serio, lo dijo AMLO el pasado viernes 14 de abril, un aserto que por lo menos acusa desconocimiento si no es que franca o intencional ignorancia.
Al confirmar la próxima desaparición de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) -información adelantada el pasado miércoles 12 de abril por el líder de la fracción de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal-, el presidente López Obrador explicó que se está buscando un acuerdo con sus trabajadores, en huelga desde hace tres años, pero que “la verdad ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno, eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa, ya no hay eso”, además de que “ya tenemos la ´mañanera´”.
Ergo, la conferencia de prensa de todas las mañanas hace lo que hacía Notimex en la época de los boletines y la prensa oficial y la oficiosa. Pues ¿no que era el espacio para intercambiar información pura y dura en un ejercicio circular?
Y en su interpretación del asunto, AMLO menciona el pecado original de Notimex: ser una agencia informativa del gobierno en turno. Como tal nació el 20 de agosto de 1968, hace 55 años y, de arranque, ofreció textos con la cobertura de los Juegos Olímpicos que ese año se llevaron a cabo en la ciudad de México.
Durante los gobiernos de Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo amplió sus formatos y coberturas internacionales con corresponsales en diversas partes del mundo, apoyada presupuestal y políticamente por el propio gobierno. Sus suscriptores asumían su contenido como la versión oficial del gobierno mexicano.
En junio de 2006, ya en la parte final del gobierno de Vicente Fox, el Congreso hizo una reforma para convertirla en Agencia de Noticias del Estado Mexicano y dotarla de autonomía para manejar sus propios recursos (que en su mayor parte siguieron siendo producto de asignaciones presupuestales) y patrimonio.
Se incidió así en el pecado original de Notimex. Ya no sería más una agencia del gobierno en turno, sino una agencia del Estado mexicano. Incluso se inspiró en el modelo de la española EFE para mantener, a toda costa, independencia informativa y editorial.
A este reportero le tocó ser a título gratuito y como encargo honorario, presidente del Consejo Editorial de la naciente Agencia de Noticias del Estado Mexicano y le consta el enorme esfuerzo que realizaron trabajadores y directivos con las otras y otros colegas del Consejo, para elaborar y echar a caminar los documentos básicos de la nueva Notimex: Código de Ética, Manual Editorial y Defensoría de la audiencia.
El paso inicial se dio bajo la dirección de Sergio Uzeta, ya en el gobierno de Felipe Calderón; su desempeño tropezó con una mala gestión de las relaciones con el sindicato. Vino después la directiva encabezada por Héctor Villarreal, acaso la que más hizo para convertir a Notimex en una verdadera agencia del Estado y, después, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la encabezada por Alejandro Ramos que volvió a acercarse a los intereses del gobierno en turno.
Con el gobierno de AMLO llegó en 2018 a la dirección de Notimex, San Juana Martínez. Entonces declaraba que convertiría a la agencia en algo similar a la BBC de Londres, pero a a finales de febrero de 2020 el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex le estalló una huelga por supuestos despidos injustificados, de más de doscientos empleados y violaciones al contrato colectivo, acusaciones éstas que la directiva de Notimex rechazó en todo momento.
El caso es que este conflicto laboral está llevando a la extinción a Notimex. Mañana la 4T planteará a los trabajadores en huelga propuestas de liquidación, lo que deberá incluir un detallado informe de en qué se gastaron los recursos presupuestales asignados durante estos tres años de huelga, incluido el salario de la directora estimado en 87 mil pesos netos al mes.
La “mañanera” nada tiene en común con la agencia de noticias del Estado mexicano que se pretendía consolidar. Acaso lo tenga con la Notimex que estuvo al servicio de los gobiernos en turno. En ella, como en la “mañanera” se dio y se da a conocer la información del gobierno, que no es, por cierto, la verdad absoluta. La “mañanera” tampoco es ajena a la transmisión de propagando e incluso a la manipulación de la que acusa a otros medios.
Contra todos esos vicios, de unos y de otros, era que pretendía vacunarse la nueva Notimex nacida en 2006 y hoy en confirmado proceso de extinción.
@RaulRodriguezC