Al menos por el momento y durante un plazo indefinido, el INE no será tocado.
Así lo determinó el ministro de la Corte, Javier Laynez Potisek al conceder el pasado viernes 24 de marzo la suspensión de la entrada en vigor del Plan B, tras admitir la demanda de controversia constitucional interpuesta por el órgano electoral.
Esto quiere decir en términos llanos que los cambios de la reforma de marras, con la que se recortan gastos, estructura orgánica y funciones operativas del INE propuestos por AMLO, aprobados por la mayoría Morena-aliados en el Congreso y ya decretados, no serán aplicables hasta que el pleno de ministros de la Corte resuelva el fondo de la controversia.
Es decir, las cosas se mantendrán en el estado en que hoy se encuentran y regirán las normas vigentes antes de la referida reforma, hasta que el pleno del tribunal constitucional diga la última palabra.
Previsible es, sin embargo, que el pleno de ministros ni siquiera llegué al fondo del asunto ya que, de acuerdo con fuentes de la ponencia del ministro instructor, hay un problema de origen con el que se podría invalidar en definitiva la reforma sin tener que pronunciarse sobre su contenido.
Se trata de algo parecido al tan cantado debido proceso (y espero no estar diciendo una barrabasada), pues resulta que los diputados aprobaron la iniciativa del Ejecutivo el mismo día en que fue presentada y eso fue contrario a diversos precedentes dictados por la propia Corte sobre los requisitos mínimos de un proceso legislativo (amplio análisis, discusión y difusión legislativos) más aún, tratándose de cambios de fondo en materia electoral.
De manera que, si el pleno inicia por ahí el debate del asunto de marras, una eventual invalidación del Plan B podría ocurrir, con al menos ocho de sus once votos, sin que se pronuncie sobre el fondo.
La Corte explicó en un comunicado que la suspensión fue otorgada debido que la reforma del Plan B no sólo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede y argumentó que en
ocasiones anteriores ha resuelto que en controversias constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión, aun tratándose de leyes secundarias, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos, en este caso, la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía.
¿Por qué la suspensión es por tiempo indefinido?
Porque habrá que esperar el tiempo que le tome a la Corte tramitar la controversia para resolver la constitucionalidad de la reforma. Ese lapso incluirá las varias semanas que tomará a los demandados (los poderes Ejecutivo y Legislativo) impugnar la suspensión ante una de las Salas del máximo tribunal, lo que al menos AMLO sí hará, según confirmó ayer la Secretaría de Gobernación.
Y el tiempo también juega con los plazos legales del proceso electoral de 2024, ya que leyes electorales federales o locales deben promulgarse al menos 90 días antes de que inicie uno en el que vayan a aplicarse. Si dicho proceso arranca en septiembre de este año, la eventual validez del Plan B deberá estar resuelta a más tardar en julio próximo.
La invalidez es un escenario que López Obrador no descarta, según el mismo lo ha declarado. Pero ¿se quedará con los brazos cruzados? No, por lo visto en su gobierno. Y eso sugiere que, por primera vez, nos encaminamos hacia un conflicto preelectoral con quién sabe qué consecuencias.
JUECES POR ELECCIÓN POPULAR
Bien que las controversias entre Poderes y el equilibrio con pesos y contrapesos entre ellos que supone nuestro régimen político, se diriman por los conductos jurídico-institucionales. Pero hasta ahora no es visible ese afán de equilibrio, ni por parte del Ejecutivo y su mayoría legislativa, por supuesto; ni por parte del Judicial, ahora abiertamente confrontado desde la llegada de la ministra Norma Lucía Piña a la presidencia de la Corte.
La respuesta de AMLO al freno del Plan B aun no la vislumbramos del todo. Mientras la SEGOB se alista para impugnarlo con el argumento de su titular, Adán Augusto López de que el estado de derecho jamás ha estado en riesgo con la aprobación de esta reforma secundaria y que, por el contrario, garantiza el acceso democrático de la ciudadanía y la transparencia en el uso de recursos públicos, apareció en el horizonte una iniciativa de ley que propone la elección del los integrantes del Poder Judicial por la vía del voto popular.
La iniciativa está firmada por el senador de Morena por Puebla, Alejandro Armenta Mier, actual presidente de la mesa directiva de la cámara alta y propone cambios a la Constitución y a leyes secundarias.
Sugiere adicionar el artículo 94 constitucional con el siguiente texto: “La elección del Poder Judicial será directa y en los términos que disponga la ley electoral”. Tal planteamiento se añade a seis artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a uno de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Abunda en el sentido de que ministros de la Corte, magistrados electorales, de tribunales Colegiados de Circuito y de Apelación serán electos por mayoría relativa y el voto directo de los ciudadanos mexicanos.
Todo este peligroso rejuego ha sido atizado por AMLO en su ofensiva contra los órganos autónomos el Estado, notablemente el INE que, en su defensa o en el interés político de quienes ahora lo encabezan, se ha confrontado rudamente con el Ejecutivo.
De todo se han dicho el presidente de la República y el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova. Y contra éste, a no dudarlo, se intensificarán los ataques en su contra desde el Palacio Nacional, con señalamientos de presuntas ilegalidades, reales o inventados, conforme se acerque el próximo lunes tres de abril, día en que concluye su gestión como consejero presidente del órgano electoral.
Instantáneas
1. CONSEJEROS. Para la conclusión de término de Córdova y otros tres consejeros electorales faltan exactamente ocho días. Ese es el tiempo en que deberá definirse la elección de sus sustitutos. El Comité Técnico Evaluador de quienes aspiran a ocupar esos cargos dio a conocer el viernes pasado la lista de veinte finalistas, la mayoría cercanos a Morena y otros con desempeño y carreras en el ámbito electoral. Con esa lista se conformarán cuatro quintetas (dos de hombres, una de mujeres y la de presidente del Consejo General del INE que deberá ser de puras mujeres. Esas quintetas deberán entregarse a más tardar hoy domingo a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Como le hemos informado aquí, los aspirantes más conocidos cercanos a Morena son Netzaí Sandoval (hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y Berta Alcalde Lujan (hija de Berta Luján, expresidenta del Consejo Político de Morena y hermana de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo). Berta Alcalde Luján es el prospecto de Morena para encabezar el INE. Mañana lunes 27 de marzo las quintetas serán remitidas a la mesa directiva de la cámara
baja y al día siguiente, martes 28 de marzo, se someterán a la votación del pleno. Se trata de una elección por votación calificada, es decir, por las dos terceras partes de los integrantes del pleno, para lo cual Morena y aliados no completan los 334 votos requeridos. La oposición, de hecho, ya vetó la candidatura de Berta Alcalde Luján. Por ser ella y los otros aspirantes cercanos a Morena, es difícil que la oposición permitan que pasen. La ley prevé que, de ser ese el caso, la designación será por insaculación (tómbola) de la Cámara de Diputados el próximo jueves 30 de marzo. Si esos resultados son impugnados, las listas se remitirán a la Suprema Corte para que a más tardar el tres de abril (día en que deberán estar designados los consejeros), lleve a cabo la insaculación.
2. LAS OTRAS CONTROVERSIAS. Respecto a las impugnaciones del Plan B electoral, no debe olvidarse que el pasado 19 de marzo se informó que el ministro Alberto Pérez Dayán admitió 81 contra la primera parte de la reforma de marras. Esa primera parte incluye cambios en la Ley General de Comunicación Social y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y ha generado controversia entre partidos políticos, gobiernos estatales y municipios de oposición. Dichas impugnaciones incluyen seis acciones de inconstitucionalidad y 74 controversias constitucionales.
3. COLOSIO Y PROYECTOS DE NACIÓN. El pasado jueves 23 de marzo se cumplieron 29 años del asesinato de Luis Donlado Colosio. A casi tres décadas del proditorio crimen el caso sigue abierto no obstante la implacable narrativa oficial del asesino solitario. Sí, Mario Aburto está en prisión sin que nadie acepte hasta ahora que detrás de él hubo autores materiales. A propósito del tema, el periodista Carlos Ramírez recuperó en su columna Indicador Político declaraciones de quien en aquellos tiempos oscuros y difíciles veía tambalear el prestigio de su Presidencia. Carlos Salinas de Gortari explicaba: “Nada de lo que ha sucedido este año en México es ajeno a la lucha tremenda por el poder. Lo que se está dirimiendo es qué proyecto de nación prevalecerá. Es necesario ahora recordar que, en marzo de 1994, a las pocas horas de la muerte de mi entrañable amigo Luis Donaldo Colosio, en medio de la tragedia y la incertidumbre económica que se gestaba, se desató una tremenda lucha por la sucesión de su candidatura”. Coincidencia o no, el 19 de marzo pasado, durante la conmemoración de la expropiación petrolera, AMLO hizo una revisión histórica que también nos remitió a los planteamientos de Salinas: tremenda lucha por el poder en tiempos de sucesión presidencial y choque de dos proyectos de nación. López Obrador recordó que en 1940, el general Cárdenas optó para sucederlo por Manuel Ávila Camacho, en lugar de que lo hiciera por quien todos creían que lo haría, su entrañable amigo Francisco J. Mújica, ideólogo del cardenismo más radical. Ávila Camacho moderó las reformas cardenistas, sino es que las frenó, pero con él se atajó la llegada al poder de quien representaba todo lo contrario del proyecto cardenista, el opositor Juan Andrew Almazán. Este episodio histórico lo utilizó don Daniel Cosío Villegas para explicar su teoría del péndulo en la sucesión presidencial de los regímenes posrevolucionarios del PRI: un péndulo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda caracterizando cada período sexenal. López Obrador dijo el sábado antepasado en el Zócalo que no cometería ese error, a contrapelo de lo que ha asegurado de que no meterá la mano en su sucesión. Vino después la interpretación a partir de la pregunta ¿quién es el o la radical por la que optará? Todo indica que Claudia Sheinbaum. Y ¿quién es el moderado que disputa esa designación, vamos, el Ávila Camacho de nuestro tiempo? Parece ser que Marcelo Ebrard o Adán Augusto López, pues aun no se ve claramente a nadie por el lado opositor. Colosio, en su momento, rompió con el proyecto neoliberal de Salinas y se sabe que unos días antes de su asesinato ya había pactado la secretaría de Gobernación con Manuel Camacho, quien le había regateado el reconocimiento a su candidatura presidencial pero que, tras ese acuerdo, encabezaría una reforma política. Entonces y ahora se dirimían y se dirimen dos proyectos de nación. Ojalá no nos alcancen ahora los peligros de la violencia política que nos sacudió en 1994.
(rrodriguezangular@hotmail.com , @RaulRodriguezC , raulrodriguezcortes.com.mx)