La noticia es que el T-MEC fue reabierto a la negociación no obstante que ya es un tratado firmado por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá. La parte negociadora mexicana concedió la reapertura presionada, acaso, por el ya cercano vencimiento del plazo políticamente correcto para su aprobación legislativa en Washington y Ottawa.
El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, trató de endulzar la información. “Sí hay propuestas concretas, todas ya discutidas para adelante y para atrás, para arriba y para abajo, pero hay que analizarlas con cuidado…”, declaró desde Washington luego de reunirse el miércoles con el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer y la ministra canadiense de Exteriores, Chrystia Freeland. Después viajó a Montreal donde hoy continuará la renegociación.
¿Qué no era el T-MEC un acuerdo ya cerrado y firmado, del que solo faltaba la aprobación legislativa de Estados Unidos y Canadá? ¿Qué no había recibido ya el aval del Senado mexicano en una sesión de 17 minutos? ¿Fue informado nuestro Senado de estas nuevas negociaciones y de las propuestas que Seade recibió y dijo que analizará con cuidado?
Son al menos tres los temas reabiertos a la negociación: propiedad intelectual, economía digital y el capítulo laboral, éste último el más sensible de los tres en términos políticos.
Al parecer, los negociadores del gobierno mexicano, con Seade a la cabeza, no le informaron a AMLO de toda la película, y su secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, no hizo la tarea tiempo. Ambos vacíos abrieron la puerta a que los representantes demócratas estadounidenses insistieran que se autorice a inspectores del país vecino para que certifiquen en México el cumplimiento de los cambios laborales contenidos en el tratado. ¿Cuáles específicamente? El de libertad sindical y el de justicia laboral.
En el anexo 23 del T-MEC, México se comprometió a tener listos esos cambios a más tardar el 31 de diciembre de 2018. Incumplió. Las reformas a la Ley Federal del Trabajo se aprobaron hasta mayo de este año. Por falta de recursos en el Poder Judicial, consecuencia de las medidas de austeridad, el gobierno tardó mucho en eliminar las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje para crear el nuevo Tribunal de Justicia Laboral.
Así las cosas, han empezado a transcurrir ocho días cruciales para México. En términos políticos, el reloj marcaba como plazo ayer, día de Acción de Gracias en Estados Unidos, para que la Cámara de Representantes de ese país diera señales de que se encaminaba a la ratificación legislativa del T-MEC. La realidad es que Donald Trump ni siquiera les ha enviado la carta en la que debe solicitarlo. Y en términos jurídicos, el plazo vence el próximo viernes 6 de diciembre cuando concluye la agenda legislativa estadounidense del año. Pensar que algo pueda hacerse en enero de 2020 se antoja demasiado optimista, pues es justo cuando empiezan las elecciones presidenciales primarias.
¿Dónde están en esto el jefe de la Jucopo del Senado Ricardo Monreal o el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos? ¿Dónde la oposición política de Mauricio Kuri, Miguel Ángel Osorio, Dante Delgado o Miguel Ángel Mancera? ¿No la vieron venir cuando el pasado 31 de octubre recibieron la visita de una comisión de representantes estadounidenses que plantearon la reapertura del capítulo laboral?
México le ha apostado a la ratificación del T-MEC como una urgentemente necesaria señal de certidumbre que le dé cauce de éxito a planes como el recién anunciado de infraestructura para detonar inversión y crecimiento.
Por lo visto, nuestras omisiones en el proceso, nos han colocado en una posición de desventaja, agravada ahora por la coyuntural amenaza de Trump de considerar terroristas a los cárteles de la droga para justificar eventuales intervenciones militares quirúrgicas en nuestro territorio.
Con todo esto, ¿volverán a ponernos de rodillas como ocurrió con la amenaza de aplicar aranceles si no frenábamos la migración centroamericana? Lo peor es que al cuarto para la hora se vale de todo, más cuando se juntan el hambre y la necesidad. Muy grave. Y muy triste.
Instantáneas:
1. DIETAS. Por si otro pleito faltara, se ve venir uno entre las cámaras de Diputados y Senadores. Resulta que la primera aprobó en el Presupuesto de Egresos que la dieta de los senadores sería la misma percibida en este año, pero en otra parte del mismo documento, la reduce de 105 mil a 75 mil pesos. El senador Ricardo Monreal le pidió a su homólogo en la Cámara de Diputados, Mario Delgado que suscriba una fe de erratas que corrija la contradicción. Le dijo que los senadores no subirán los montos de dietas y aguinaldos, pero le pidió que tampoco se los bajen.
2. ENOJO. La mayoría de Morena y aliados en San Lázaro aprobaron una nueva integración de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, conectada con los procedimientos de juicio político. Pero dejaron fuera al PAN que, en su anterior conformación, estaba representado por el diputado Raúl García Guzmán. El coordinador de los diputados blanquiazules, Juan Carlos Romero Hicks, recriminó a Morena que abusando de su mayoría aplaste a las minorías y deje fuera de la Sección Instructora al PAN que es la segunda fuerza política nacional.
3. DEBATES. En los debates que se han abierto sobre el nuevo etiquetado frontal, la Federación Mexicana de Diabetes plantea, mediante un análisis científico, que los llamados edulcorantes no calóricos no representan un peligro para las personas. Insiste en que en lugar de satanizar su ingesta, deben utilizarse como herramienta para mantener sabores dulces con una aportación calórica mínima para los más de doce millones de mexicanos de entre 20 y 79 años que viven con diabetes tipo 2.
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