El incendio que prendió con la detención en Estados Unidos de Genaro García Luna por presuntos vínculos con el narcotráfico, se ha extendido de tal manera durante los últimos días que sus llamas ya no solo queman a Felipe Calderón y a poderosos personajes de su gobierno, sino que ya alcanzan a Enrique Peña Nieto e influyentes políticos del suyo.
Apenas el miércoles pasado, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto informó que investigaba transferencias irregulares de la SEGOB por dos mil millones de pesos mediante triangulaciones en las que habría al menos una empresa relacionada con el poderoso exsecretario de Seguridad Pública en tiempos de Calderón.
En la investigación de esas transferencias irregulares se ampara el congelamiento que hizo la UIF de once cuentas, entre las que destacan las de Cristina Pereyra Gálvez, esposa de García Luna; Esperanza García, su hermana; y GLAC Security Consulting, una de sus empresas.
Las transferencias, explicó Nieto, se habrían realizado entre 2009 y 2012, periodo en el que estuvieron al frente de Gobernación los panistas Fernando Gómez Mont, Francisco Blake Mora (trágicamente muerto en un accidente de helicóptero) y Alejandro Poiré.
Pero en la conferencia matutina de ayer, AMLO afirmó que la empresa de García Luna también ofreció servicios de asesoría al gobierno de Peña Nieto, lo que imputa responsabilidad a quien fuera su secretario de Gobernación, el hoy senador Miguel Ángel Osorio Chong quien, como se sabe, concentró en la dependencia a su cargo todas las tareas de seguridad tras desaparecer la supersecretaría que antes encabezó el hoy procesado en Estados Unidos y que ayer se declaró no culpable.
Esto lo corrobora el hecho de que, según se pudo confirmar, las transferencias de esos dos mil millones de pesos de la Segob, se hicieron de manera diferida al final del sexenio de Calderón (2009 y 2011) y a principios del de Peña Nieto (2013 y 2017).
Ya se llegarán a saber las motivaciones de dichas transferencias al poderoso policía del calderonismo, desde las que tendrían que ver con el negocio de proteger y/o perseguir a la delincuencia, hasta las que habrían sellado acuerdos políticos (¿el Pacto por México?) entre quienes conformaron lo que el actual gobierno denominó en su momento el “prianismo”.
Y es que la UIF tiene indicios de que las referidas triangulaciones de dinero a intereses vinculados con García Luna, no solamente se fraguaron desde la Segob sino desde distintas dependencias del gobierno de Peña Nieto.
En el círculo cercano de Osorio Chong hay preocupación ante la andanada que esperan sobre presuntas irregularidades atribuibles a él y a su hermano quien fuera, dicen los que saben, el que se ocupara de ese tipo de operaciones.
¿Cuál será su estrategia? ¿Intercambiar impunidad por votos priistas en las batallas legislativas que vienen en el Senado? Pronto lo sabremos.
Instantáneas:
1. SAT. Pues no llegó al SAT, como aquí lo sugerimos, la amiga de AMLO, Rosalinda López Hernández. Fuentes cercanas al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, esposo de la todavía administradora general de Auditoría Fiscal del propio SAT, refieren que el mandatario local pidió personalmente al Presidente que evitara el nombramiento, ya que requiere a su cónyuge cerca de él como parte de su proyecto político personal (¿la candidatura presidencial?). Dicen los que saben que esa fue la razón por la que López Obrador finalmente optó para el SAT por quien hasta ayer fuera la poderosa oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro. La llegada a esa posición de Thalía Lagunas, quien hasta ayer era coordinadora técnica del grupo de asesores presidenciales y fuera directora administrativa del Sistema de Aguas durante el gobierno de AMLO en la CDMX, sugiere que continuará la política implementada con Buenrostro de concentrar todas las compras del gobierno. La decisión incomoda, por decir lo menos, al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y al jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, quienes atribuyen a esa política concentradora de compras el fuerte subejercicio del gasto público que se registró este año.
2. EXONERACIÓN. Con el argumento leguleyo de que lo que no fue en tu año no fue en tu daño, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, exoneró al director de la CFE, Manuel Bartlett, de las denuncias enderezadas en su contra por conflicto de intereses. Al polémico exgobernador de Puebla se le acusa de no haber presentado en su declaración de bienes propiedades a nombre de su pareja e hijos. La SFP concluyó que solo tiene competencia para sancionar conductas reprochables desde que Bartlett ocupa la titularidad de la CFE y que las empresas señaladas en las denuncias pertenecen a sus hijos y a la persona con la que tiene una relación sentimental. A ver si esta exoneración no le causa a Sandoval el desprestigio que en su momento causó a Virgilio Andrade la exoneración a Peña Nieto por la Casa Blanca de Las Lomas.
3. T-MEC. Por donde se le vea es una gran noticia que la Cámara de Representantes de Estados Unidos haya ratificado el nuevo tratado comercial con México y Canadá. El gobierno de AMLO logró el objetivo que se planteó: que la ratificación legislativa estuviera lista antes de que terminara el año. Falta el aval del Senado estadounidense que se da por descontado dada su mayoría republicana. Por lo pronto México envía a los inversionistas una fuerte señal de certidumbre.
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