La aventura de Jaime Rodríguez Calderón El Bronco con la candidatura presidencial independiente de 2018, está a nada de costarle la gubernatura de Nuevo León y, lo peor para su causa, es que la situación general de ese estado es de tal deterioro que difícilmente podrá encontrar la fuerza política suficiente para evitar que el Congreso local lo destituya o inhabilite en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En abril de 2018, el propio TEPJF avaló la primera y polémica candidatura presidencial independiente porque se “violó su derecho de audiencia” cuando el INE procesaba contundentes evidencias de que había hecho trampa al recabar las firmas requeridas.

Pasado el tiempo, con demandas en proceso, el máximo tribunal electoral resolvió el primero de junio del año pasado que El Bronco violó la Constitución federal (artículo 134) al utilizar a 572 empleados del gobierno de Nuevo León y mecanismos ilegales de financiamiento para recabar las firmas de marras, por lo que lo multó con 739 mil pesos y ordenó al Congreso de Nuevo León aplicarle las sanciones correspondientes.

Ante el desacato de esta última determinación, la Sala Regional del TEPJF envió el pasado 25 de julio un incidente de incumplimiento de sentencia al “rebelde y contumaz” Legislativo neolonés, en el que le recuerda que está obligado a sancionar al gobernador durante el actual periodo ordinario de sesiones que empezó el pasado primero de septiembre y termina el próximo 20 de diciembre, si sus diputados no quieren incurrir en responsabilidades y ser sancionados.

A esta secuencia de hechos se sumó el pasado 1 de agosto un punto de acuerdo de las fracciones parlamentarias del Senado (promovido por el senador del MC, Samuel García quien, debe decirse, no oculta sus aspiraciones a gobernar Nuevo León), en el que se exhorta al gobierno local a cumplir la sentencia del tribunal electoral y sancionar al mandatario.

Esa sanción puede ser apercibimiento, amonestación, multa, destitución e inhabilitación, lo que deberá resolver el legislativo local con al menos 22 votos de sus 42 integrantes. El MC y sus seis votos ya cuentan con el apoyo de los siete de Morena, los 7 del PRI y uno del PES, que suman 21. Faltaría otro que bien podría ser el del Verde o el del Panal, o bien salir de los cuatro del PT o de los 15 del PAN, cuya dirigencia nacional ya dijo estar a favor de la sanción a Rodríguez Calderón.

Pero El Bronco dice —ya sin sus modos burlescos y desafiantes— que el Congreso local no lo puede sancionar, a lo que el senador García ha respondido que el Legislativo local está obligado por un fallo inapelable, que no es un tema de facultades sino de obligatoriedad y que, a su juicio, el procedimiento concluirá en la destitución del mandatario.

El incidente de incumplimiento del TEPJF ya se discute en el Congreso de Nuevo León y está listado como una prioridad que estiman se resolverá a más tardar en octubre. Pero quienes conocen a El Bronco creen que aún le falta por agotar la vía de la cooptación económica de legisladores o, más aun, la del chantaje.

Dicen los que saben que esa última opción incluye la amenaza de hacer público que su candidatura fue impulsada desde Los Pinos, con recursos federales y el aval de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Aurelio Nuño, para restarle fuerza a la campaña de AMLO. Eso es lo que dicen. ¿Será?

Instantáneas:

1. LEGÍTIMA DEFENSA. Al informar de su intervención en Acajete, Puebla, donde efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional resguardaban una bodega y fueron atacados por 150 supuestos pobladores, la Sedena informó que actuará “en legítima defensa”, con pleno respeto a los protocolos de uso proporcional de la fuerza, cuando sus elementos sean objeto de agresiones o delitos que puedan atentar contra su vida o integridad. A ese pronunciamiento se ha sumado el diputado Benito Medina, general en retiro, quien denunció en San Lázaro que las fuerzas armadas han sufrido en lo que va de este año 126 agresiones en las que once militares han muerto y 40 más han sido heridos.

2. DE PATRIMONIOS. Jorge Alcocer Villanueva aparece en el portal declaraNetplus de la Secretaría de la Función Pública como coordinador de asesores de la Segob. El documento no precisa su nivel de ingresos y contiene las siguientes dos leyendas: “El servidor público no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales” y “No estoy de acuerdo en hacer público mi posible conflicto de interés”. ¿Ocultará algo el expriista que fue subsecretario de Desarrollo Político de Gobierno con Ernesto Zedillo?

3. HOMENAJE Y MEMORIA. En el homenaje que el Senado rindió ayer a Cuauhtémoc Cárdenas por sus contribuciones a la democracia, el excandidato presidencial priista Francisco Labastida Ochoa dijo, con muy poco tino: “Lo único que lamento es que no haya sido presidente de la República”, a lo que el morenista Higinio Martínez Miranda le respondió desde su asiento: “¡Pues no hubieran hecho fraude!”.

4. SOBRE MUJERES. La ministra de la Corte, Yasmín Esquivel Mossa participó en la presentación del libro Mujeres rebeldes y visionarias, de la exdirectora de la Facultad de Derecho de la UNAM María Leoba Castañeda Ríos. Ahí dijo que 60 por ciento de las mexicanas mayores de 15 años han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física o sexual o de discriminación, por lo que urgió a fortalecer las políticas públicas que previenen la discriminación de la mujer.

@RaulRodriguezC

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