Novecientas setenta y seis mujeres fueron asesinadas en el país por razones de género durante 2019, el año con más feminicidios del último lustro: 415 en 2015, 601 en 2016, 741 en 2017 y 891 en 2018, según el secretariado ejecutivo de Seguridad Pública.
Los feminicidios más que duplicados en esos cinco años. Así, mientras en 2015 fue asesinada una mujer cada día por razones de género, en 2019 fueron casi tres diarias. Y la tendencia para este año no pinta nada bien. Hasta el pasado 14 de febrero, es decir en tres quincenas, se habían cometido 250 feminicidios, es decir, 128 más que en el mismo período del año pasado.
Es un hecho, pues, que el feminicidio crece en el país. Es la expresión extrema de la desigualdad y violencia de género cuya contención y erradicación exigen millones de mexicanas hartas de los abusos de los que cotidianamente son víctimas. Es también el doloroso resultado de conductas culturalmente arraigadas a lo largo del tiempo en una sociedad rota por la violencia en general, y que sigue siendo ostensiblemente machista.
El movimiento contra la violencia de género que desde hace tres meses encabezan alumnas de la UNAM y al que se han sumado otros colectivos como “Las Brujas del Mar” que han convocado a un día sin mujeres el próximo 9 de marzo, reivindica, por lo tanto, una causa legítima. No es, de origen, una escalada para atacar o descalificar al gobierno de AMLO, aunque cierto es que, en el transcurrir de la protesta, se han infiltrado grupos violentos de embozados que, movidos y financiados por intereses diversos, tienen el objetivo de reventarla y provocar la represión de un gobierno que tiene entre sus principalísimas banderas no recurrir a ella.
A la legítima ola de inconformidad femenina que hoy observamos, se ha montado también la oposición política al gobierno. Desdibujada como está, ve en ella la causa que no ha podido articular para confrontar la avasalladora presencia de la 4T.
En este contexto, la lectura que AMLO ha dado al movimiento de las mujeres ha sido equivocada o, por lo menos, insuficiente. No ha mostrado empatía hacia él porque no lo visualiza, o no quiere visualizarlo, desde su origen legítimo, sino a partir de una de sus consecuencias: intereses políticos contrarios a su gobierno montados en una reivindicación justa.
Por las reacciones de la 4T, el movimiento fue creado para criticar y atacar a su gobierno, no para exigir las respuestas que atajen la violencia de género, soluciones que, por cierto, están en el ámbito de su responsabilidad.
El propio gobierno, instituciones públicas diversas y algunas empresas privadas han hecho público su respaldo a la convocatoria del día sin mujeres y garantizado que no habrá descuentos ni represalias laborales para quienes decidan participar en el paro del 9 de marzo.
El planteamiento, aunque políticamente correcto, suena muy machista. Es algo así como te doy permiso para que protestes, para que no vengas a trabajar. Esa actitud, a querer o no, encubre la poca o nula empatía de instituciones y empresas con el movimiento femenino. A un paro, para que cumpla su objetivo reivindicador, se va con permiso o sin permiso.
Lo positivo de todo esto es que el gravísimo problema de la violencia de género se ha visibilizado a grado tal que hoy está en el centro de nuestro debate público.
Instantáneas:
1. ACOMODOS. Un cambio que se vislumbra inminente es en la dirección general de Nafin y el Bancomext. Eugenio Nájera Solórzano estaría dejando el cargo en los próximos días para incorporarse directamente al equipo de su amigo y protector Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia. Habrá que esperar a que sesionen los consejos de administración de ambas instituciones de la banca de desarrollo, pero ya perfilan para sustituirlo a Carlos Noriega Romero, personaje que durante la transición del gobierno se incrustó al equipo de Romo pero que tiene algunos antecedentes opacos en el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y la cancelada terminal aérea de Texcoco, de los que ya le contaré.
2. MINEROS. El INEGI informó que el PIB de la minería registró en 2019 un desplome de 5.1%, solo superado por el de la industria petrolera que fue de 6.7%. Entre sus causas están los problemas sindicales y los paros y bloqueos a yacimientos, provocados por los enfrentamientos políticos entre líderes sindicales. Mineros denunciaron ante AMLO el choque entre las huestes de Napoleón Gómez Urrutia y liderazgos de la CTM en la mina San Rafael de Cosalá, Sinaloa. Pero hay otras disputas que afectan una actividad económica que genera 2.6 millones de empleos entre directos e indirectos.
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